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Puertas giratorias

21/01/2013 08:39 CET | Actualizado 22/03/2013 10:12 CET

Los sucesivos casos de corrupción que están saliendo a la luz en los últimos días son de tal gravedad que van a condicionar de forma irreversible el futuro de la política en España. Las cosas no deben seguir igual porque, ahora más que nunca, los corruptos están poniendo en peligro la misma democracia. La estrategia de Rajoy de esconderse y esperar a que escampe no es ya una opción. Queremos respuestas, y queremos cambios concretos y urgentes en la legislación para que, al menos, haya herramientas legales que promuevan cambios profundos.

La corrupción no se limita a llevarse el dinero a Suiza, por más que este sea un hecho gravísimo. Hay otras formas más sutiles, pero no menos dañinas. Uno de los aspectos más oscuros es el de las llamadas "puertas giratorias", que se refiere a la circulación fluida de altos cargos de la política a la empresa privada y viceversa. En España muchos de los casos se dan, además, en empresas públicas que han sido privatizadas.

Los casos más recientes que han saltado a los medios han sido los de Rato en Telefónica, y el caso de Güemes en Unilabs, pero hay muchos más. El problema de las "puertas giratorias" va todavía más allá del enriquecimiento personal: también tiene implicaciones con las decisiones políticas que se adoptan en los campos de actuación de esas empresas. En España un caso bien conocido es el de las grandes empresas elećtricas que tienen en nómina a un importante número de expolíticos, entre ellos los notorios Felipe González (Gas Natural) y Aznar (Endesa), cuya respectiva influencia todavía hoy en PSOE y PP es indiscutible.

Esta realidad es inaceptable, y arroja muchas dudas sobre las decisiones políticas que se tomen en algunas de estas áreas. Y debe ser corregida cuanto antes, mucho más cuando afecta incluso a expresidentes de Gobierno. Desde mi punto de vista la primera medida que debe tomarse es la de la incompatibilidad de un salario público como ex alto cargo, y el recibir un sueldo de una empresa privada. O una cosa, o la otra.

Pero la separación diáfana entre intereses privados e interés público solo puede garantizarse con medidas de transparencia radicales y el endurecimiento del régimen de incompatiblidades. Sólo así los ciudadanos podremos estar seguros de que las políticas que realizan los gobiernos obedecen al cumplimiento de un programa electoral, y a ningún otro interés particular.

Ya no valen medias tintas, ni seguir echando balones fuera. El despestigio de la política es una realidad que crece día a día entre la ciudadanía, y que nos afecta a todos. Ya no valen declaraciones ni medidas cosméticas. Es el momento de actuar.