Nuevamente, en plena explosión de la crisis, la prima, el rescate, el hundimiento de la bolsa, y andanada de recortes sociales, el ministro de Justicia nos entretiene con declaraciones que hablan de su posición ideológica sobre la legislación del aborto, incluyendo su particular versión sobre la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.

Declaraciones que nos conduce a un debate moral sobre el derecho a la vida y la desprotección del nasciturus, sólo respaldado por los grupos sociales y las personas que buscan la prohibición total del aborto en España, tal y como hemos podido comprobar en el revuelo de declaraciones en medios y redes sociales que se ha producido estos días, al abrigo de la opinión expresada por el ministro Gallardón, que sin duda debe compartir ese mismo objetivo.

La nueva idea del señor Gallardón es la de eliminar el supuesto de malformación fetal de su propuesta legislativa de despenalización. Es sin duda una barbaridad, y además cabe preguntarse si detrás de este supuesto irá también el de la violación, o el riesgo para la salud y la vida de la gestante ya que en ambos casos es válido argumentar la protección del nasciturus contra los derechos y los deseos de la mujer. ¿Por qué permitir un aborto de un feto que puede estar perfectamente sano sólo porque a la mujer le moleste que la hayan violado? ¿Por qué hacerlo si su vida corre peligro? ¿No merece mayor protección el que no puede expresarse por sí mismo? Me pregunto cuál habría sido la respuesta del ministro si el periodista se hubiera adentrado por estos derroteros. Resulta evidente que este tipo de declaraciones sólo pretenden continuar sembrando dudas no sólo sobre la actual legislación, sino sobre la anterior. Un camino en cuyo destino sólo cabe la prohibición del aborto y la criminalización de las mujeres.

Estos argumentos pretenden ocultar que negar la libre elección de las mujeres ante un embarazo no deseado, no buscado, no querido, es en primer lugar, desconfiar de su criterio para valorar si en sus circunstancias pueden o debe seguir adelante con él. Pero además supone, de facto, establecer un estado de excepción sobre los derechos a la libertad, la autonomía, la integridad física y psicológica o la libertad de conciencia de las mujeres gestantes. Lo que pretenden declaraciones de estas características es que este atropello a los derechos constitucionales de las mujeres embarazadas, no nos espante, pretendiendo que se protege un interés superior, el del más débil, que queda completamente desprotegido con la actual legislación. Una bonita pendiente deslizante que sin embargo, no es verdad.

Los derechos de las mujeres ante un embarazo no deseado y la obligación del estado de proteger la futura vida del nasciturus, constituye un conflicto de intereses que aparece claramente reconocido por la sentencia del tribunal constitucional del año 1985, y bien debe saberlo nuestro actual ministro de Justicia. En la resolución de este conflicto, el estado ha de conciliar ambos intereses, con criterios de proporcionalidad, que sin duda debe querer decir que hay que tener en cuenta a ambas partes, en ese frío lenguaje que se suele utilizar en el ámbito jurídico. La actual regulación de plazos es un modelo que perfectamente puede ser reconocido como este procedimiento conciliador. De hecho es el que se ha elegido como modelo preferente en los países de nuestro entorno político y social con una tradición constitucional muy parecida a la nuestra.

Lamentablemente, las posiciones ultraconservadoras, defienden desde hace décadas que la única manera de proteger el derecho a la vida pasa por una negación de cualquier derecho de las mujeres a disponer sobre su propia maternidad, en cualquier circunstancia por dura que sea. Opiniones que llevadas al extremo, llegan a negar la posibilidad de poder optar por la anti-concepción, que son bien conocidas. Son a estas opiniones a las que se está sumando el actual Gobierno con la línea argumentativa que está poniendo encima de la mesa. Primero negando el conflicto con la consabida expresión de la violencia estructural, y ahora con argumentos de la total desprotección del derecho a la vida.

Con este debate se consigue además ocultar que el número de abortos no sólo no ha crecido con la aplicación de la actual Ley de Salud sexual y reproductiva, sino que, en sus primeros seis meses de aplicación, ha conseguido frenar el ritmo de crecimiento de los últimos años. Tampoco debe importar que los abortos por este supuesto apenas lleguen al 3% del total. Si nada lo remedia nos aproximamos a una legislación similar a la de Malta, Irlanda o el Vaticano, con las consiguientes consecuencias sobre las cifras de salud sexual y reproductiva, ya que la inseguridad sanitaria y jurídica sobre el aborto es una de las causas significativas de mortalidad materno-infantil en los estados con regulaciones restrictivas, según las principales estadísticas internacionales. También habrá consecuencias sociales que afectarán a las mujeres más pobres, aquellas que no tengan dinero para irse a Lisboa, Roma, París o Londres, ya que el tiempo ha aumentado los destinos de este penoso viaje, para nuestra propia vergüenza.

La legislación que el estado debe procurar en relación con el aborto seguro, tiene que pasar necesariamente por confiar en el criterio de las mujeres a la hora de decidir si deben o pueden seguir adelante con un embarazo. Primero porque ese es uno de los mejores elementos para proteger la vida futura como lo sigue demostrando la cifra de embarazos llevados a término en España. Ni siquiera en los casos con malformaciones fetales los abortos que se realizan son mayoría sobre el número de embarazos de estas características y son más las mujeres que deciden seguir adelante que las que los interrumpen, sin duda, con fundadas razones que no le deben parecer suficientes al ministro para evitar su criminalización. A las mujeres españolas nos ha costado más de 30 años llegar a conseguir este reconocimiento, pero parece que apenas nos va a durar un par de ellos.

Si lo tienen decidido, hagan su propuesta legislativa ya. Queremos leer hasta qué punto piensan vulnerar las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud, y dejen de lanzar globos sonda, alimentando un debate que sólo pretende desacreditar la libre maternidad y a las mujeres.

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