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La odisea de la dependencia en la Comunidad de Madrid

16/01/2017 07:21 CET | Actualizado 16/01/2017 07:21 CET

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Foto: Rafa3R

Sra. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, Sr. Carlos Izquierdo Torres, consejero de Políticas Sociales y Familia, y Sr. Carlos González Pereira, director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, voy a contarles una historia.

El 28 de octubre de 2015, mi suegra, cuyo nombre familiar es Cari, sufrió un ictus que casi la mata. Pero, por suerte, sobrevivió. El diagnóstico inicial fue devastador: lado derecho del cuerpo paralizado, y afasia completa, lo que parecía condenarla a pasar el resto de su vida sin moverse, sin comer, sin hablar y aparentemente sin entender.

Pasados los primeros momentos críticos en el Ramón y Cajal, y después en la Princesa, fue trasladada al Hospital de Guadarrama, un centro público de media estancia, especializado en la atención y cuidados de personas con necesidad de rehabilitación. La enorme profesionalidad y cariño que allí nos encontramos dieron sus frutos, y gracias al esfuerzo de Carlos, el logopeda, Helena, la terapeuta ocupacional, Rocío, la fisioterapeuta, su enfermera Nuria y el resto del equipo, Cari recuperó las ganas de seguir, comenzó a comer por sí misma y volvió a conectarse con la realidad.

Pero la etapa de Guadarrama tocó a su fin porque, a pesar de que la evolución era buena, no resultaba todo lo rápida que el sistema estaba dispuesto a asumir. En marzo de 2016, tras su alta forzosa, Cari ingresó en un centro privado con un programa de rehabilitación intensivo, cuyo coste prácticamente duplica su pensión.

Por suerte, Cari cobra la pensión máxima, tiene unos pequeños ahorros y una familia que puede respaldarla. Gracias a eso, al buen hacer de tantos profesionales y a su fuerza de voluntad, el día de Reyes, por ejemplo, pudo comer roscón en mi casa y reírse con las ocurrencias de sus nietas. Porque sí, hoy Cari va en silla de ruedas y no habla, pero ha desarrollado una sorprendente capacidad mímica para hacerse entender. Como ven, no hay que desdeñar las posibilidades de un buen programa rehabilitador.

Los centros públicos de rehabilitación son denominados "de media estancia", es decir, para mejorar lo que sea posible en apenas tres meses y luego o te pagas un centro privado o te quedas como estás.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo y Sr. González, quisiera hacerles una pregunta: ¿Qué hubiera pasado, después de su estancia en Guadarrama, si Cari no hubiese podido costearse la rehabilitación a la que todo madrileño debería tener derecho? Oh, sí, ya intuyo su respuesta: el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Bien, permítanme que continúe la historia.

La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia de Cari se presentó en enero de 2016, y ha tardado exactamente un año en empezar a cobrar la prestación a la que, por ley, tenía derecho desde el mes de julio. Prestación que podrá contribuir mínimamente a aliviar la pesada carga económica que supone un centro de rehabilitación privado, a pesar de la reducción de un 15% de las cuantías operada a través del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, aprobado por el gobierno del Partido Popular. Centro privado donde está, recordemos, porque los centros públicos de rehabilitación son denominados "de media estancia", es decir, para mejorar lo que sea posible en apenas tres meses y luego o te pagas un centro privado o te quedas como estás.

Según la modificación efectuada en la Ley de Dependencia, el plazo para comenzar a percibir la prestación para cuidados en el entorno familiar está sujeto a un período de suspensión de hasta dos años.

También está la posibilidad de optar por la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, es decir, Cari y su grado III de dependencia reconocido vuelven a casa, y uno de nosotros, su hija o yo, deja de trabajar para atenderla. En este caso la cosa se complica aún más, ya que, según la modificación efectuada en la Ley de Dependencia por el citado Real Decreto Ley 20/2012, el plazo para comenzar a percibir dicha prestación está sujeto a un período de suspensión de hasta dos años. Es decir, que optando por esta segunda vía, Cari podría comenzar a cobrar en julio de 2018.

Y esto que les estoy contando no es, ni mucho menos, un caso aislado. Durante 2016 no se ha pagado a prácticamente ningún nuevo dependiente. Sra. Cifuentes, a usted, como máxima responsable de la gestión del Sistema de Dependencia en la Comunidad de Madrid, ¿no se le cae la cara de vergüenza?

Tal vez me conteste diciendo que son situaciones heredadas, aunque sea de su propio partido. Y mire, eso es verdad. La gestión en anteriores legislaturas ha sido también nefasta. Una farragosa normativa cada vez más restrictiva para los derechos del ciudadano, atrasos inasumibles en la tramitación de los expedientes y en el cobro de las prestaciones, actuaciones jurídicamente inaceptables donde se ofrecían telefónicamente plazas en residencias muy alejadas de los domicilios familiares, a sabiendas de que su rechazo supondría importantes pérdidas económicas para los interesados, enormes listas de espera para acceder a cualquier plaza o servicio de carácter público, y un largo etcétera.

En muchos casos son los herederos de la persona dependiente quienes reciben las cantidades correspondientes con la amarga sensación de que ya es demasiado tarde.

Pero, entonces, ¿con qué herramientas cuentan los madrileños para hacer valer los derechos que la Ley de Dependencia les reconoce? Fundamentalmente con la paciencia parece ser. Paciencia para esperar que cuando llegue la ansiada prestación, con meses o años de retraso, uno siga vivo, y no haya empeñado hasta su última posesión para hacer frente a los enormes costes que supone la atención a una persona dependiente. Algunos ciudadanos interponen recursos administrativos o reclamaciones de responsabilidad patrimonial y, los más informados, presentan quejas ante el Defensor del Pueblo, cuyas recomendaciones servirán de tirón de orejas al órgano competente y, como mucho, acelerarán la resolución de algún recurso interpuesto. Porque a día de hoy, esos recursos y reclamaciones, esos derechos al pataleo que es de lo poco que nos queda, llevan tanto retraso como el abono de las prestaciones, resolviéndose en 2016 los interpuestos en 2011. Ello supone que en muchos casos, de ser estimatorios, sean los herederos de la persona dependiente quienes reciban las cantidades correspondientes, por supuesto sin intereses, con la amarga sensación de que ya es demasiado tarde.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo, Sr. González, no hay derecho. Esta que les he contado es, al fin y al cabo, una historia afortunada. Por la suerte que tuvo Cari de disfrutar de 74 años de vida autónoma y feliz, por la suerte de contar con más recursos que muchos de los afectados por esta situación, por la suerte de tener familia, por la suerte, por tanto, de tener esperanza. Pero hay historias realmente terribles, de niños con necesidades de atención constante cuyos padres lo dejan todo para darles esa esperanza, y que a su vez son abandonados a su suerte por una administración irresponsable. Hay historias de familias que se asfixian económicamente para poder darle a su madre, padre o pareja, la posibilidad de una mínima recuperación que cambie drásticamente su calidad de vida. En la Comunidad de Madrid hay miles de historias de personas y familias que llevan mucho más que un tiempo prudencial esperando a que se les abone una ayuda que la ley les reconoce.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo, Sr. González, la vida cambia en un segundo, como le cambió a Cari ese 28 de octubre. De los avatares del destino ustedes no son responsables. Pero de que no se gestionen adecuadamente los recursos públicos para garantizar la dignidad, la subsistencia y el bienestar de tantas y tantas personas dependientes, sí que lo son.