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La crisis y las rupturas matrimoniales

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El pasado jueves 13 de septiembre se publicó la estadística del año 2011 respecto a las rupturas matrimoniales. En el año 2010 las separaciones se cifraron en 7.248 bajando en el 2011 a 6.915. Los divorcios fueron 102.933 en el 2010 frente a los 103.604 que se cuantificaron en 2011. La suma de separaciones y divorcios es prácticamente la misma entre un año y otro. Estas cifras indican que no existe un descenso de las rupturas matrimoniales pero sí una diferencia entre el número de separaciones, a la baja, y el número de divorcios, al alza.

Esta diferenciación entre separaciones y divorcios tiene, claramente, una parte de su explicación en la entrada en vigor de la nueva ley que hace innecesaria la previa separación antes de solicitar el divorcio; por tanto cada vez son más los que instan directamente el divorcio sin contabilizarse antes como separación.

Sin embargo, el estancamiento en el crecimiento estadístico no aporta datos relevantes para apoyar una afirmación que, sin embargo, creo real: "La crisis ha provocado que un número menor de parejas decidan dejar de compartir la vivienda". Esta afirmación es solo una hipótesis pero, sin embargo, la experiencia de los profesionales ocupados en estos procedimientos y el sentido común permiten pensar que, efectivamente, los problemas económicos dificultan la formalización de las rupturas matrimoniales.

Porque, seamos realistas, para romper un matrimonio se necesita de cierta holgura económica o ser ayudado por familiares que acojan al cónyuge que se ve sin posibilidad de vivir independiente. En mi opinión existe en la actualidad un número considerable de parejas que, de forma civilizada y consensuada, deciden interrumpir su relación afectiva pero continúan compartiendo vivienda y los gastos relacionados con ella. Estos gastos, hipoteca o alquiler, comunidad, agua, gas, luz, teléfono... cuando entran dos sueldos en casa son llevaderos, pero cuando los dos sueldos se reducen a uno o a ninguno como consecuencia de los efectos en el empleo de la crisis en la que vivimos, hace impensable la posibilidad de duplicarlos, consecuencia lógica de toda separación.

Y ello conlleva también dificultades añadidas a las emocionales de toda ruptura pues se precisa incrementar el temple y disminuir los caracteres irascibles para soportar lo que es ya una convivencia deteriorada.

Según la estadística analizada la edad media en que los hombres y mujeres se separaron fue de 42 años ella y 44 él. Estas cifras siguen la misma línea de la estadística del año anterior. Si a ello añadimos el dato de la duración media de los matrimonios, 15 años, deducimos que el hombre contrae matrimonio alrededor de los 30 años y la mujer de los 28. Estos datos son coherentes con la edad de emancipación que se sitúa alrededor de los 30 y que también traduce efectos evidentes de la crisis, en especial en el desempleo de los jóvenes por debajo de la treintena.

Además del retraso en la emancipación de los jóvenes, factores sociológicos adicionales permiten deducir que el no incremento de las rupturas matrimoniales es también consecuencia de la falta de formalización legal de las parejas como matrimonio, o bien su formalización a edades más avanzadas, lo que conlleva una mayor madurez y en consecuencia un incremento de estabilidad.

Un dato optimista es que las "rupturas consensuadas" aumentaron ligeramente, llegando al 70% de las mismas y ello es una satisfacción porque hay un dato trágico que acompaña a algunas rupturas no consensuadas: en todas las muertes de hijos causadas por su padre este se encontraba en un proceso de separación contencioso y violento (estuviese o no en el juzgado). No conozco ni un solo caso de muerte de un hijo en manos de su padre en que los progenitores no se encontraran en pleno proceso de separación y este no fuera conflictivo. Por ese motivo los "mutuos acuerdos" deben ser celebrados y bienvenidos siempre.

Son muchos los intereses en juego en una separación: casa, niños, patrimonio, pensiones... Esta última consecuencia es una de las que más conflictos acarrea, ya sea alimenticia o compensatoria, elevándose a un 12% las rupturas que conllevaron al abono de una pensión compensatoria, abonada 9 de cada 10 casos por el esposo siendo la esposa la beneficiaria de dicha pensión, lo que también permite pensar en los efectos de la crisis en el retraso (o renuncia obligada) de la incorporación al trabajo de la mujer o la más numerosa proporción de esta en los procesos de desempleo.

Como dato curioso en cuanto a la estadística referida a las comunidades autónomas observamos que Canarias es la que ostenta la tasa más alta y Extremadura la más baja; todas ellas oscilan entre un 1,70 a 2,86 disoluciones por cada mil habitantes. Si se analizan estas cifras en abstracto obtenemos el dato objetivo de una tasa casi doble de rupturas entre la más baja y la más alta. ¿A qué podemos achacar que un extremeño tenga el doble de posibilidades de mantener su matrimonio que un canario? Complicada respuesta en la que habría que analizar factores sociales y culturales que nos exigiría, cuanto menos, otro artículo completo.

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