La Policía Nacional ha desmantelado en Elche (Alicante) una organización criminal dedicada a la venta de productos etiquetados como CBD, que en realidad contenían niveles ilegales de THC, el compuesto psicoactivo del cannabis. Según informan fuentes policiales, algunos de estos productos multiplicaban por siete el límite permitido por la legislación española.

La operación, coordinada a nivel nacional, se llevó a cabo de forma simultánea en varias localidades de la provincia de Alicante —incluidas Elche, Elda, Santa Pola y Almoradí— y se extendió también a Valencia, Albacete, Logroño y Tudela del Duero. Como resultado, fueron detenidas cinco personas, acusadas de un delito contra la salud pública y de pertenecer a un grupo criminal organizado.

La investigación se remonta a noviembre de 2024, cuando agentes detectaron un repunte inusual de positivos por THC entre conductores en controles rutinarios de tráfico en Elche. Llamativamente, muchos de los conductores aseguraban no haber consumido marihuana ni otras drogas, sino productos con CBD adquiridos legalmente.

El CBD (cannabidiol) es un componente no psicoactivo del cannabis cuya venta está permitida en España, siempre que los productos contengan un porcentaje de THC inferior al 0,2%. No obstante, las pruebas toxicológicas y los análisis de laboratorio encargados por la Policía demostraron que los artículos que vendía la red criminal superaban con creces ese umbral, llegando incluso a contener concentraciones de THC con efectos similares al consumo tradicional de cannabis.

Los productos eran distribuidos a través de estancos y tiendas especializadas de toda España bajo apariencia de legalidad. Según los investigadores, la organización operaba con un alto grado de sofisticación, manipulando los etiquetados y documentación para hacer pasar por legales productos que claramente no lo eran. El objetivo: aprovechar el auge del mercado del CBD y la confusión generalizada entre consumidores sobre los efectos reales y los límites legales del THC.

La Policía continúa con las diligencias para determinar la magnitud del entramado y no descarta nuevas detenciones. Además, se ha iniciado la retirada de los productos intervenidos y su análisis toxicológico detallado, con el objetivo de evaluar su impacto en la salud pública.