España: la imposible gran coalición

El parlamentarismo democrático es la culminación de las formas de gobierno de los pueblos, el logro final y definitivo del largo proceso especulativo sobre la organización del Estado moderno.

Las primeras instituciones representativas aparecieron en la Europa medieval, cuando los reyes empezaron a formar asambleas de nobles cortesanos, clérigos y, más tarde, representantes urbanos para establecer y recaudar impuestos o aconsejar al monarca. Son precedentes importantes las Cortes de los reinos hispánicos, especialmente las de León de 1188, consideradas como uno de los primeros parlamentos europeos; el Parlamento de Inglaterra, surgido en el siglo XIII tras diversos conflictos entre la nobleza y la Corona, y los Estados Generales franceses y otras asambleas semejantes en otros países. Pero el parlamentarismo moderno nació realmente en el Reino Unido, a través de un proceso que concluyó en la aprobación del Bill of Rights de 1689, fundamental para el constitucionalismo moderno.

Aquel modelo británico se exportó a los Estados Unidos y se plasmó en la constitución de 1787. En 1789 estallaba en Europa, con la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, que duraría hasta 1799, cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado que puso fin a la revolución y abrió el camino al Imperio napoleónico que se extendió por Europa y por el resto del mundo. Aquel modelo difundió ideas de libertad, igualdad y soberanía nacional, y tuvo una enorme influencia en Europa y América. Y el nuevo sistema parlamentario se consagró como la gran norma occidental después de la segunda guerra mundial, cuando se consolidaron las pautas constituyentes que todavía rigen.

En el periodo posterior a 1945, el parlamentarismo funcionó cabalmente tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas, y se desarrolló de dos formas determinadas por el sistema electoral. Según la conocida ley de Maurice Duverger, los sistemas electorales proporcionales dan lugar a modelos pluripartidistas, en que los gobiernos han de formarse mediante coaliciones; y los sistemas mayoritarios o proporcionales a doble vuelta originan sistemas bipartidistas, en que el gobierno corresponde a la mayoría. Italia y el Reino Unido, respectivamente, son los modelos clásicos de ambas opciones alternativas.

Pero el parlamentarismo, para ser funcional, requiere una serie de requisitos, en su mayor parte obvios, uno de los cuales resulta decisivo: el sistema solo funciona si una muy significativa mayoría electoral acata los elementos esenciales/institucionales del sistema constitucional, que sería el pacto básico del rousseauniano Contrato Social; es decir, los asistentes a un sistema democrático han de ponerse previamente de acuerdo sobre las reglas de juego. Los actores principales de estos modelos serán, pues, partidos moderados, establecidos en el abanico tradicional de opciones conservadores y progresistas.

Tras la derrota del Eje y la condena del nazismo en Nuremberg, la primera heterodoxia con relación a este planteamiento surgió en Francia con el nacimiento en 1972 del Front National (FN) de Jean-Marie Le Pen, primero como organización ultraderechista muy excéntrica pero que fue moderándose pragmáticamente; la importancia creciente de aquella opción que salió de la marginalidad pudo constatarse en 2002, cuando Le Pen entró en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Jacques Chirac. Chirac llegó a la presidencia pero la crisis había sido abierta.

Francia consiguió orillar aquella incursión creciente de la extrema derecha mediante un pacto entre los partidos convencionales para establecer un cordón sanitario que excluyese al FN de las instituciones representativas —estatales, regionales, municipales—. Sin embargo, este mecanismo solo funciona cuando Rassemblement National (el nuevo nombre de FM) no es la primera fuerza ni obtiene mayorías absolutas; en caso contrario, la resistencia es democráticamente imposible. Y se teme que la victoria del candidato de RN en las próximas elecciones presidenciales francesas de 2027 sea irremediable.

En mayo, dos encuestas dibujaban en Francia un porvenir oscuro. Una de ellas, realizada por Odoxa-Mascaret, situaba al presidente de RN, Jordan Bardella, como claro favorito en la primera vuelta, con un 32% de intención de voto, mientras la batalla por la segunda plaza se estrechaba entre el ex primer ministro centrista Édouard Philippe y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, con ventaja para este. Mélenchon cuenta con un amplio respaldo de las comunidades obreras e inmigrantes, y sus críticos lo han condenado por antisemita y por una supuesta brutalización de la política, y si bien llegar a la segunda vuelta en 2027 sería un gran logro para él, sus posibilidades de vencer a la ultraderecha en unas presidenciales son prácticamente nulas. ¿Qué pasará entonces en el país vecino? ¿Accederán los demócratas a normalizar a la ultraderecha, heredera de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, condenados por genocidio?

El Alemania, también surgieron opciones radicales en la mencionada etapa de posguerra: Die Linke, de extrema izquierda, y AfD, de extrema derecha. Los germanos han orillado este problema formando cinco veces grandes coaliciones entre socialdemócratas (SPD) y socialcristianos (CDU/CSU) que han dejado a los radicales en el ostracismo. Pero la fórmula, a la que se recurrió por última vez tras las elecciones de 2025, parece hoy francamente agotada y diversas prospecciones anuncian que la AfD ingresará fatalmente en el gobierno de algún Lander antes de que acabe el año..

En España, los partidos democráticos no han encontrado fórmula alguna para aislar a VOX, un partido político español fundado en diciembre de 2013 por antiguos militantes del Partido Popular, y que surgió como reacción a lo que sus fundadores consideraban una deriva excesivamente moderada del PP, sobre todo en cuestiones de unidad nacional, terrorismo y política autonómica. Tras la fractura del espacio político de estribor, el PP difícilmente podría alcanzar el gobierno sin aliarse con VOX en los ámbitos autonómico y municipal (las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía así lo ponen de manifiesto), y tampoco en las elecciones generales, donde, por razones obvias, los partidos nacionalistas se alinean con el PSOE, más comprensivo con la descentralización política del Estado autonómico. En definitiva, aquí no rige el "cordón sanitario", aunque muchos formemos un sector de opinión que considera inaceptable cualquier relación con el neofascismo que se muestra misógino, xenófobo, racista, centralista y dudosamente democrático. Es decir, situado extramuros del marco constitucional.

En España, sería evidentemente de aplicación teórica la fórmula alemana de la "gran coalición". Sin embargo, las respectivas historias recientes de ambos países, opuestas entre sí, marcan caminos divergentes. En Alemania, los dos grandes partidos de centro-derecha (CDU/CSU) y centro-izquierda (SPD) fueron estrechos aliados frente a Hitler y se consideran ambos herederos de la legitimidad democrática que se impuso en 1945. En España, en cambio, los dos grandes partidos se hallan todavía sentimentalmente situados en trincheras opuestas. El PSOE representa de algún modo la legitimidad republicana, violada en 1936, en tanto el PP es en cierto modo heredero del franquismo que ganó la guerra y controló el silencio y el orden (no propiamente la paz) hasta 1975.

Por esta razón, mucho más incisiva de lo que parece en su enunciado, es estéril perder el tiempo sugiriendo en España la «gran coalición». Pero los dos grandes partidos españoles que han tomado a su cargo durante casi medio siglo la construcción del Estado deben saber que, con su negativa, violentan el espíritu de la Constitución de 1978 y prestan un flaco favor a una ciudadanía a la que deberían sacar, aunque fuera gritando y pataleando, de los goyescos y sanguinarios tópicos de la confrontación permanente.

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