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#NoalpetróleoenCanarias

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La columnista Maruja Torres se quejaba en un artículo publicado este fin de semana en El País Semanal del "silencio peninsular que se cierne sobre la lucha que estamentos de todo tipo están llevando a cabo en Canarias contra las desastrosas consecuencias que tendría para las islas de Lanzarote y Fuerteventura -y para el archipiélago en general- el inicio de extracciones petroleras en una franja situada entre 9 y 60 kilómetros de sus costas".

Una queja que comparto con ella ya que, pese a la firme oposición de la sociedad canaria y a las manifestaciones multitudinarias celebradas principalmente en Arrecife y Puerto del Rosario, la repercusión que ha tenido en la prensa nacional ha sido mínima. Un tratamiento casi ínfimo que contrasta con la amplia cobertura de las protestas realizadas en Valencia y Baleares por unas prospecciones que, curiosamente, el Gobierno del Partido Popular sí ha paralizado.

El debate se ha intensificado en las Islas tras conocerse la pasada semana que el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), Janez Potocnik, ha confirmado que la Comisión ha abierto una investigación con vistas a recabar información de las autoridades españolas sobre cómo aplican a las actividades de prospección en las islas Canarias el Derecho de la UE en materia de medio ambiente y las normas que regulan la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora de la zona. Una investigación que, curiosamente, ha sido desmentida este fin de semana por el ministro de Industria pese a que figura en una respuesta escrita a un eurodiputado español.

Diez años después de que se autorizase por primera vez a la compañía Repsol a realizar prospecciones petrolíferas en nueve zonas delimitadas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno del Estado ha retomado, otra vez de la mano del Partido Popular, un proyecto que en su momento se truncó por la ausencia de los informes de impacto ambiental y por la falta de consenso institucional.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha reactivado las mismas pese a la contundente contestación de los ciudadanos de su propia tierra. No deja de ser paradójico que Soria haya escuchado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, perteneciente a su mismo partido, y a sus compañeros de Baleares, y no haya hecho lo propio en unas prospecciones que serían tan perjudiciales para la costa valenciana como para el litoral canario y balear.

El PP se niega a escuchar al Gobierno de Canarias, a los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura y a los colectivos sociales y ecologistas. Los nacionalistas canarios lo hemos intentado con la misma suerte en el Congreso y el Senado, pero todas nuestras iniciativas han sido derrotadas por la implacable mayoría absoluta del Partido Popular.

Muchos opinan que la prisa con la que actúa el Gobierno del Estado obedece a que la nueva legislación comunitaria que entrará en vigor el próximo mes de enero será mucho más restrictiva e impediría que estas autorizaciones prosperasen una vez que comience a aplicarse la misma.

Los canarios reclamamos que haya consenso social y político con las instituciones canarias y que antes de cualquier activación del expediente se faciliten los informes medioambientales y de riesgo. No queremos que el Gobierno exponga a nuestro Archipiélago, con una fuerte dependencia del sector turístico y con un ecosistema tan sensible, a una situación de riesgo que pueda derivar en una catástrofe similar a la vivida recientemente en el Golfo de México, con el vertido de BP.

El PP y Repsol han intentado disuadir a los canarios afirmando que las prospecciones podrían generar 5.000 empleos. Una cifra que dista mucho del ratio de trabajadores que contrata la petrolera en función de la producción en los 31 países en los que opera, en los que suma 36.323 empleados. Fuera de España, solo Argentina supera los 10.000 trabajadores y en ninguno de los 4 países restantes, se llega ni de lejos a la cifra de 5.000 empleados que Repsol promete contratar en Canarias.

No nos dicen, en cambio, qué pasaría con los 300.000 canarios que viven del principal motor de la economía, el turismo, en el caso de que hubiese una catástrofe similar a la del Golfo de México, ni qué alternativas tendríamos en el caso de que se aniquilase una marca que nos ha costado consolidar gracias a más de cuarenta años de trabajo. En definitiva, los canarios asumiríamos todos los riesgos, pero no obtendríamos ningún beneficio.

Mientras el Gobierno impulsa este asunto, multinacionales de distintos países realizan prospecciones similares en las aguas territoriales marroquíes e, incluso, saharauis (en contra del derecho internacional) con el beneplácito del Reino de Marruecos. Y en este caso, más preocupante si cabe, tampoco sabemos si el Gobierno de España ha solicitado a Rabat información sobre si las mismas cumplen los requisitos medioambientales o si ha denunciado ante Naciones Unidas la manifiesta ilegalidad cometida por Marruecos en la concesión de permisos en aguas saharauis que no le pertenecen.

La sinrazón con la que está actuando el Gobierno y la ausencia de transparencia ha motivado la presentación de numerosos recursos ante el Tribunal Supremo y quejas ante las autoridades comunitarias para que la Justicia o la Unión Europea frenen unas prospecciones que cuentan con la oposición de los canarios y sobre las que, lamentablemente, apenas se habla en los medios peninsulares.