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¿Podremos o no podremos?

09/03/2015 07:33 CET | Actualizado 08/05/2015 11:12 CEST

Cuando nos preguntamos por qué razones la obtención de un empleo seguro se ha convertido en una reliquia del pasado, solemos buscar culpables y causas específicas que no abarcan la totalidad del fenómeno que ha contribuido a generar esta situación. Otras explicaciones son aún más peligrosas, pues consideran la situación actual como irreversible y hasta natural e incluso lógica. Por ello, las reflexiones que pretendan explicar el estado actual de las cosas no pueden pretender encontrar culpables concretos y respuestas contundentes, sino proporcionar una visión global en la que los causantes son sustituidos por un conjunto complejo de causas.

Se debe comenzar necesariamente partiendo de que nuestras sociedades nunca se asemejaron precisamente a La Aldea del Arce, por poner un ejemplo infantil: la democracia ha consistido hasta ahora en la sucesión de constantes ejercicios de dominación institucional, legal y, en el mejor de los casos, reglada a partir del acuerdo de las partes. Como afirmó Gaetano Mosca, las minorías elitistas que forman las "clases políticas" han controlado casi siempre a la población, gracias a que son muy inferiores en número, están por tanto bien organizadas y, sobre todo, han conseguido que sus creencias acaben siendo las dominantes en la sociedad regida. La clave para la dominación reside, además, en la constante adaptación de los gobernantes a los cambios sociales ocurridos con el paso del tiempo.

¿Una Historia circular?

Si reflexionamos sobre lo anterior, concluiremos con que la Historia de la Humanidad ha contado con distintos tipos de clases políticas, pero siempre con una minoría dominante como abstracción necesaria: guerreros, reyes, nobles, sacerdotes, burgueses demócratas, tecnócratas ilustrados... Cada sociedad ha proporcionado una determinada relación de fuerzas de carácter dialéctico, como afirma Marx; dicha dialéctica se ha mantenido constante, variando con el tiempo el tipo de acuerdo existente entre los representantes de los grupos dominantes y dominados. Cuando dicho acuerdo se producía a través de reglas explícitas y, además, con unas elecciones de por medio, al régimen se le denominó constitucional y democrático. Pero las cosas nunca cambiaron radicalmente, salvo durante breves intervalos temporales, los revolucionarios, tras los cuales quedaba establecido un nuevo consenso entre las dos partes. La predicción de Marx --la llegada de un período igualitario y liberador postrevolucionario-- ha demostrado hasta el momento menor aplicabilidad que la concepción circular de Pareto, para el que la Historia constituía "un cementerio de aristocracias".

Inédita, hasta hoy, la revolución, el avance social ha consistido, sobre todo, en conseguir el mejor acuerdo posible con la clase dominante. El penúltimo pacto data de mitades de siglo pasado y de este se derivan los denominados "estados del bienestar". Después de la Segunda Guerra Mundial, la victoria soviética, la producción industrial en Occidente y la necesidad de las políticas keynesianas para que la gente consumiese urgieron un acuerdo que suponía para las sociedades europeas una serie de servicios y transferencias que muchos asumieron como conquistas sociales. El pleno empleo como objetivo (un dos o un tres por ciento de paro, no más) y los servicios públicos, más que una victoria socialdemócrata, constituían las condiciones necesarias para que la sociedad se mantuviera estable. Tener un trabajo no solo estaba bien, sino que era necesario. Para todos. La democracia seguía siendo un ejercicio de dominación legitimada, pero dicha dominación exigía, en definitiva, la entrega de una superior capacidad de compra para los ciudadanos.

Otra vuelta de tuerca

El equilibrio descrito terminó por quebrarse, pues el modelo económico sobre el que se basaba comenzó en los años setenta a amenazar la tasa de beneficios de las grandes empresas; el capital empresarial, con una influencia crucial en los partidos de la clase política, organizó múltiples estrategias de carácter corporativo -con las huelgas de inversiones como medida estrella, provocando una recesión y numerosos despidos-, como han documentado para Estados Unidos e Inglaterra autores como Useem (1984), Harvey (2005), Glynn (2007) y Mizruchi (2012). La voluntad empresarial para cambiar las cosas se unió a un conjunto complejo de cambios estructurales en el mundo, como las deslocalizaciones empresariales, la terciarización de la economía, las crisis fiscales estatales y los cambios provocados por la revolución tecnológica. El resultado final fue el del debilitamiento del mundo del trabajo y la consiguiente crisis del empleo en Occidente. Las bajadas de salarios (Thatcher, por ejemplo, subcontrató a trabajadores japoneses para los astilleros británicos, hundiendo a los sindicatos), la retirada de determinados servicios públicos (con la llamada a la "responsabilidad individual") y el estancamiento de la clase media debilitaron el consumo y la demanda agregada, que constituían la forma de participación ciudadana por antonomasia. Para evitar las consecuencias de tal amenaza, la tarjeta de crédito (que aumentó artificialmente el poder adquisitivo), la especulación financiera y la creación de zonas de fuerte producción en Oriente permitieron aplazar el problema potencial hasta que en el año 2007 las hipotecas concedidas a los NINJA (No Income No Job or Assets) demostraron ser papel mojado y llevaron a un estallido del monstruo financiero engendrado.

¿Qué nos espera ahora?

El resultado de todo lo anterior es un nuevo pacto aún en gestación en el que la población apenas es ya necesaria para unas empresas que son capaces de producir en entornos industriales donde no existen grandes demandas de beneficios sociales. Encontrar un empleo se considera casi un privilegio ("¿Con la que está cayendo, ahora te vas a quejar?"): en vez de hablar de "empleo", hablamos de "empleos", casi mercancías que el trabajador adquiere como medio de cambio para la adquisición de productos de consumo (el móvil, el alquiler, ese viaje o esa camisa). Los gobernantes legislan teniendo en cuenta las posibles fugas de inversiones y la omnipresente prima de riesgo. Las relaciones sociales del pasado se consideran anticuadas y propias de un mundo industrial que forma parte de la Historia que se leerá (o no) en las escuelas.

Esta "privatización de la realidad" ha invertido incluso los términos básicos de las ideologías de los siglos anteriores: las políticas socializadoras son ahora reaccionarias, los sindicatos están atrasados y, lo peor de todo, los trabajadores son los mayores enemigos del empleo de calidad puesto que, hambrientos y asustados, están dispuestos a trabajar a cambio de salarios absolutamente irrisorios. Las rebeliones más efectivas han pasado a un plano posmaterialista: protestas por los animales, abolición de la tauromaquia, luchas de género, multiculturalidad, autoexpresión, libertad sexual... Estas últimas son reflejo de una población más sensible y civilizada que, sin embargo, ha reconocido implícitamente desde hace mucho tiempo que los cambios económicos a favor de la mayoría son cosa del pasado*.

Todas las razones y hechos anteriores nos llevan a ser cautos y poco optimistas con el futuro. No por una voluntad de obstaculizar el cambio, sino para alertar contra esa ingenuidad que, camuflada de ilusión, provoca después decepciones y un desánimo que puede acabar resultando enormemente tóxico. La deserción hoy día es intelectual, educativa y aspira a compartir conocimientos y experiencias sin esperar con ello grandes cambios. Probablemente porque quiere contribuir a la creación de un tejido social y cultural del que surjan las nuevas formas de resistencia. Reconocer nuestras limitaciones y las difíciles circunstancias que estamos experimentando nos permitirá evitar la distracción de la política-espectáculo y contribuir a impedir que el próximo "cambio" consista en la instauración del nuevo rostro humano de la clase política dominante.

* Por supuesto, existen minorías plenamente conscientes de lo que sucede; estas se encuentran activas y proponen cambios radicales. Pero es necesaria una implicación mayor de la población a favor de cambios estructurales.

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