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De la socialización de las pérdidas y de la estafa de la solar fotovoltaica (y 2)

28/08/2014 07:36 CEST | Actualizado 27/10/2014 10:12 CET

La semana pasada prometí explicar en este blog la deuda que se está gestando con quienes invirtieron en energía solar fotovoltaica amparados por el BOE, y que previsiblemente será socializada cuando haya de ser pagada. Este año, el Tribunal Supremo falló en contra del recurso interpuesto por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) contra el primer recorte impuesto por el exministro Miguel Sebastián, pero la UNEF ya ha adelantado que seguirán dando batalla en el Constitucional y en el Tribunal de Luxemburgo, y no ya por este recorte, sino también por los posteriores.

Aunque yo ya no trabajo en el sector, personas cercanas a mí que siguen ligadas al mismo me confirman que el proceso puede durar muchos años, pero que al final a la UNEF le darán la razón. En primer lugar, porque la tiene, y en segundo lugar, porque la UE puede ser insensible al paro de millones de jóvenes en este país y en los que nos rodean, pero jamás lo será respecto a la falta de cumplimiento de los sacrosantos contratos. Hace casi diez años estuve brevemente ligado al sector, poco tiempo antes de la burbuja que vivió la energía solar fotovoltaica en España en 2008. Si bien entonces intuí que el marco legal era propicio a los inversores, por suerte mi bisoñez y la dificultad de visualizar lo que una prima al kWh suponía evitaron por poco que le recomendara a mi abuela que sustituyera sus olivos por paneles solares.

Pido por ello licencia al lector para dar un símil de lo ocurrido en este país hablando de algo que parece que todos entendemos muy bien: el turismo. En vez de hablar de canon pro diversificación de las fuentes de energía, hablaré de ecotasa que, por cierto, en este momento en el que tanto denostamos al turismo de borrachera, sería muy interesante reintroducir.

Imaginemos pues que para fomentar la diversificación del turismo y el desarrollo del turismo rural el Gobierno, mediante un Real Decreto, hubiera introducido una ecotasa de un euro por turista y día en los grandes centros urbanos de España. El montante captado por la ecotasa se usaría en su totalidad para pagar una prima del mismo orden a todos los nuevos centros de turismo rural que se desarrollaran durante un periodo establecido en el mismo Real Decreto.

Al amparo de la nueva legislación, imaginemos que mucha gente se anima a invertir en turismo rural, y entre los inversores se encuentran señoras como mi abuela, que convierten su propiedad en un bed and breakfast para redondear su pensión, y también fondos de inversión americanos que, al amparo de la legislación, deciden abrir resorts en nuestros pueblos. El negocio florece y los hoteleros tradicionales, molestos por la nueva competencia, pasillean hasta conseguir que el ministro del ramo revierta la situación. El ministro hace gala de tanto celo que no solo se carga el marco legislativo que ha posibilitado el desarrollo del turismo rural, sino que se saca de la manga un nuevo impuesto al turismo rural, por lo que la inversión realizada por mi abuela resulta ruinosa.

Todos los afectados se constituyen en parte civil y demandan al Gobierno. Los fondos de inversión pueden esperar muchos años a que se resuelva el conflicto, tienen los recursos y el músculo financiero para resistir. En cuanto a los ciudadanos estafados, como pudiera haberlo sido mi abuela, su suerte es más penosa y ven sus pensiones casi desaparecer, y muchos incluso habrán muerto cuando el conflicto se haya acabado.

Si donde dije casas rurales decimos paneles, y donde dije hoteleros decimos compañías eléctricas, tendremos una idea muy aproximada de lo que ha ocurrido en España, en la que un Gobierno decide apostar por las renovables y el siguiente culpar al Régimen Especial del déficit de tarifa, haciéndose el vocero de las compañías eléctricas y sin cuestionar si los costes de generación de las nucleares y las hidroeléctricas (cuyas instalaciones están prácticamente amortizadas) se corresponde con la realidad.

Y por cierto, si como vaticino, el Tribunal de Luxemburgo acaba dando la razón a la UNEF y el Gobierno ha de pagar (con sus intereses) el devengo de los ingresos no realizados, me atrevo a aventurar que el ministro de turno hablará entonces de fondos buitre o de alguna otra barbaridad por el estilo.