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Cinco décadas de ocupación israelí y un mismo dilema

05/06/2017 07:24 CEST | Actualizado 05/06/2017 07:25 CEST

EFE
Soldados detienen a un palestino en Surora, al sur de Hebrón (Palestina). Palestinos y activistas reconstruyen la ciudad después de que se derribara en 1998.

Cinco décadas de ocupación israelí, parece ser tiempo más que suficiente para advertir algunas de sus principales pautas de comportamiento e intentar predecir el rumbo que mantendrá a corto y medio plazo. A lo largo de este prolongado periodo, cabe destacar un dilema constante en la dominación ejercida por la potencia ocupante sobre los territorios palestinos que ocupa y su población autóctona.

Al concluir la guerra de junio de 1967, Israel no sólo pasó a dominar los territorios de la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, además de la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios, sino también a la población nativa de esos nuevos territorios adquiridos por la fuerza. Así, desde el primer día de la ocupación, se enfrentó al dilema de querer apropiarse de los beneficios de su expansión (nuevas fronteras, territorios, agua, recursos naturales y enclaves estratégicos), pero sin la voluntad equivalente de asumir los costes derivados de administrar directamente su población (otorgándole derechos de ciudadanía).

Este comportamiento fue ensayado por primera vez en Jerusalén Este, con su anexión a finales de ese mismo mes de junio, sin conceder a sus habitantes palestinos (unos 66.000 en 1967) la ciudadanía israelí y, por tanto, los derechos que implicaba. Similar modelo se extendió paulatinamente a Cisjordania y Gaza, donde aplicó una política, de hecho, igualmente anexionista, que vinculó los territorios a Israel mediante una reestructuración de la red de carreteras, transportes y otras infraestructuras; la expropiación de grandes extensiones de tierras palestinas; y el establecimiento de numerosos asentamientos con una clara función colonial.

Pese al medio siglo transcurrido, y a toda la imparable sucesión de cambios en la política local, regional e internacional, la ocupación militar israelí permanece inalterable desde entonces, también sus objetivos coloniales. Lo único que ha variado es el repertorio de argumentos empleado para justificar y perpetuar la ocupación. Si bien durante la primera década (1967-77), los gobiernos laboristas mantuvieron una deliberada ambigüedad sobre el estatus de los territorios como presunta moneda de cambio en futuras negociaciones, no menos cierto es que fueron los responsables de inaugurar esta dinámica colonizadora, que se incrementó a partir de la segunda década (1977) con el ascenso al gobierno del bloque ultraderechista Likud.

Difícilmente se comprende este régimen de opresión y desposesión sin advertir los fundamentos coloniales en los que se asienta el Estado israelí.

Paradójicamente, esta escalada colonizadora no se ralentizó ni cesó con el Proceso de Paz iniciado en Madrid (1991), ni con la firma de la Declaración de Principios en Washington (1993), más genéricamente conocida por la denominación de Acuerdos de Oslo. Por el contrario, ha mantenido un ascenso beligerante: confiscación de tierras, demolición de casas, asentamientos de colonos judíos, multiplicación de puestos militares y de control (checkpoint), construcción del muro, red de carreteras y de circunvalación que, en su conjunto, ha fragmentado la continuidad del territorio palestino y condenado sus enclaves semiautónomos (ciudades y aldeas) a transformarse en guetos y bantustanes, cuando no al bloqueo, como ha sucedido con Gaza tras la desconexión (no equivalente a retirada ni fin de la ocupación).

Incluso el entonces presidente Obama, en su discurso en El Cairo (2009), consideró inadmisible la política de asentamientos israelíes. La parte palestina no podía mostrarse más condescendiente que Washington y vinculó su regreso a las congeladas negociaciones a que Israel cesara su actividad colonizadora. No tenía sentido alguno seguir negociando el futuro de los territorios ocupados con la misma potencia ocupante que los seguía engullendo vorazmente. A su vez, la estrategia dilatoria israelí concebía las negociaciones como un fin en sí mismo, prolongándolas indefinidamente, en lugar de un medio en la consecución de un fin. Desde esta lógica, transformó el proceso de paz en una cortina de humo de su expansión colonial, en suma, en un camino hacia ninguna parte.

Ante este callejón sin salida, numerosas voces de expertos y responsables políticos, incluidos algunos ex altos cargos israelíes, advertían que esa dinámica colonizadora acabaría con la solución de los dos Estados. Entre las más afamadas y de mayor eco mundial se encontraba la del entonces secretario de Estado John Kerry. Al imposibilitar la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados en 1967, Israel se enfrentaba al siguiente dilema: vertebrarse como un Estado de apartheid, de supremacía racial judía; o bien como un Estado democrático y binacional, de todos sus ciudadanos, aboliendo esa supremacía y segregación racial. Pero ambas cosas a la vez, judío y democrático, es imposible, por cuanto domina los territorios donde el grueso de la población es sistemáticamente excluida de los mismos derechos que poseen los ciudadanos judíos.

No es la primera vez que, ante su proyecto colonial en Palestina, el movimiento sionista tiene que afrontar un dilema semejante. Desde finales del siglo XIX, sus dirigentes eran conscientes de que el territorio en el que querían establecer un Estado estaba habitado. De ahí que propiciaran la idea de transferir (léase expulsar) su población indígena en lo que, décadas después (1947-49), se materializó en la limpieza étnica de Palestina, documentada por el historiador israelí Ilan Pappé, entre otros investigadores.

Pese a que desde junio de 1967 las cosas transcurrieron de un modo ciertamente diferente, la persistencia de esa misma ideología y práctica colonial invita a pensar que el objetivo no es muy distinto al perseguido a mediados del siglo XX. Sólo han cambiado los métodos, algo más sutiles que los empleados entonces. Cabe recordar que Ariel Sharon, siendo primer ministro en 2001, afirmaba que "la guerra por la independencia de 1948 no había concluido". Es de temer que esta concepción no diste mucho de la imperante entre los principales socios que integran el actual Gobierno israelí, que ven en los territorios ocupados en 1967 un capítulo anexo a los de 1948.

La negativa a concluir la ocupación militar israelí, la más larga de la historia contemporánea, ya no se disfraza de razones de seguridad como antaño o se supedita a nuevas concesiones y futuras negociaciones. Por el contrario, se manifiesta clara y abiertamente por dirigentes como Bennet, Liberman o Netanyahu, que no ocultan su rechazo a la solución de los dos Estados y, por ende, a la creación de un Estado palestino. Más que apostar por una indefinida prolongación del actual statu quo, todo parece indicar que esa apuesta política participa de una calculada estrategia a más largo plazo, orientada a normalizar y legalizar la ocupación. Difícilmente se comprende este régimen de opresión y desposesión sin advertir los fundamentos coloniales en los que se asienta el Estado israelí. Más difícil todavía es que se resuelva este conflicto colonial (no entre partes iguales) sin reemplazar su estructura segregacionista y excluyente por otra democrática e integradora.

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