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La prostitución de la ciencia

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Foto: ISTOCK

¿La ciencia es independiente? Muchas empresas pagan investigaciones y estudios con el objetivo de avalar actividades y productos nocivos para el medio ambiente. La ciencia española, que ha sufrido recortes económicos hasta el punto de favorecer la fuga de cerebros al extranjero, está en una posición muy débil frente a los intereses económicos. Frente a la tentación económica de empresas que pagan para que les monten las ecuaciones que den un resultado preestablecido antes de las investigaciones, se sitúa algo tan noble como denostado en estos tiempos: la ética.

Miguel Angel Losada, una de las eminencias mundiales en dinámicas fluviales, fue el científico que lideró el estudio más completo que se ha realizado hasta la fecha sobre el río Guadalquivir. Lo financió casi en su totalidad el Puerto de Sevilla para lograr el aval científico que se le exigía en la declaración de impacto ambiental del proyecto de dragado del río, por el que pretendía aumentar la profundidad y lograr así que llegaran barcos de más tamaño al puerto fluvial. El resultado de los más de dos años de estudios científicos basados en una gran cantidad de toma de datos, reveló que el dragado no era posible en las condiciones en las que se encontraba el Guadalquivir. El enfado de la Autoridad Portuaria con esa conclusión fue tan faraónico como su megaproyecto portuario. El Puerto de Sevilla no entendía cómo podía haber financiado un estudio que no decía lo que le interesaba y nunca más quiso volver a hablar del Informe Losada, que fue tomado como referencia en la Comisión Europea para rechazar el dragado. "La ciencia dice lo que dice, no lo que algunos quieren que diga", explica el profesor Losada cada vez que habla de los resultados del estudio sobre el Guadalquivir.

La compra de avales científicos está, por desgracia para la ciencia, a la orden del día. La financiación de proyectos acaba condicionando y anulando la independencia de muchos científicos que deben pasar por el aro o que, simplemente ven así monetizado su trabajo. "En ciencia, esto se llama conflicto de intereses y, en el caso de las revistas científicas, se pregunta a los autores que someten un trabajo para su publicación, si existe ese conflicto de intereses", explica Fernando Hiraldo, ex coordinador institucional del CSIC andaluz y miembro de honor del Consejo de Participación de Doñana: "Cuando es así, rara vez aceptan publicar resultados de evaluación de un proceso si está financiado por la propia compañía que genera el residuo o vende el alimento en cuestión, por ejemplo".

El que ha sido hasta hace unos meses director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Juan José Negro, apunta que "las empresas necesitan información y datos para ofrecer productos y competir en el mercado. Necesitan probar sistemas o prototipos. Muchas, de hecho, tienen incrustados departamentos de Investigación y Desarrollo. Esas son las punteras, las que innovan". El ya ex director del la EBD reconoce también que en el mundo empresarial "también se puede buscar al científico para dar un aire de respetabilidad a una actuación o para favorecer la venta de algún producto".

Por ahora, ningún científico que trabaje en el ámbito público ha sido en España citado ante los tribunales por dar informes favorables sobre empresas de las que han percibido financiación.

Para Carlos Fernandez Delgado, una de las eminencias científicas en ictiofauna, "si un científico tiene que emitir un dictámen científico sobre una actividad de una empresa, es inmoral que ese científico acepte trabajos provenientes de esa empresa". Este científico, catedrático de la Universidad de Córdoba que lidera además un grupo de investigación llamado Aphanius, es esencial "que se sepa qué empresas financian proyectos con entidades científicas como universidades o CSIC; ahí no debería haber secretismos, porque si no hay nada malo, ¿por qué ocultar esa información?"

El profesor Miguel Angel Losada, de la Universidad de Granada, distingue entre científicos de plantilla de una empresa y científicos o funcionarios públicos. Para estos últimos, el investigador cuyos estudios dieron al traste con la intención del Puerto de Sevilla de dragar el Guadalquivir, aclara que "la transparencia debe ser total, no sólo quién y cómo, sino el fin último del producto y sus consecuencias". "Si la empresa, para evitar la copia, pide confidencialidad, debe haber una comisión ética en las Instituciones que conozcan los detalles y autoricen, o no, la participación de los empleados públicos", sentencia. En cualquier caso, dice el profesor Losada, "la información debe estar disponible y la capacidad de acceder a ella, con las debidas garantías, debe ser ilimitada". Y se pregunta: "¿Es ésta la manera de comportarse del CSIC, Repsol, Garoña, etcétera?"

"La primera condición de validez de la opinión científica es la independencia del proceso de investigación de los intereses en juego, que pueden ser perfectamente legítimos; eso es lo primero que analizan los jueces al aceptar o no un dictamen científico-técnico en un procedimiento judicial", explica Leandro del Moral, cátedratico de Geografía de la Universidad de Sevilla y representante de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Para este catedrático, uno de los principales estudiosos del Guadalquivir, "hay que diferenciar entre encargos de parte, para avalar la posición de una de las partes en un litigio técnico-económico-social-político, y las investigaciones científico-técnicas que aspiren a hacer avanzar el conocimiento". Aunque aclara que "las formas y la cuantía, directa o indirecta, de las retribuciones en juego son un factor a tener muy en cuenta".

En este mismo sentido, el ex director de la EBD apunta que "la investigación llevada a cabo por investigadores de instituciones públicas debe ser independiente; aceptar financiación de empresas potencialmente contaminantes o agresivas con el medio ambiente puede naturalmente restar independencia al investigador".

¿Tiene arreglo esta prostitución de la ciencia? Para Leandro del Moral "no hay recetas fáciles: Las cuestiones éticas hay que resolverlas día a día", explica, y aclara que "es el poder el que construye la racionalidad, de manera que los inmorales parecen sensatos y razonables mientras que los incorruptibles, aparecen como gentes sin sentido de la realidad". La perspectiva que da el tiempo, en general, acaba poniendo a cada uno en su lugar.

"En cuestiones de rigor científico y ética profesional se recurre cada vez más a la transparencia y la fiscalización por la comunidad científica. La falta de información y la opacidad es el primer factor que es necesario resolver", recalca Leandro del Moral. El ex director de la EBD, Juan José Negro, opina que para garantizar la independencia es esencial "regulación normativa y transparencia", y reclama que "no me parece adecuado que el investigador reciba un sueldo público y a la vez un complemento pagado por una empresa".

El profesor Losada va más allá: "La incompatibilidad e imparcialidad debe ser de obligado cumplimiento para todo funcionario público, -científico, juez...- e institución", y señala que "la deslealtad al deber de funcionario -dar fé y no participar en el doble papel de juez y parte- debería conocer que está cometiendo un delito, y no sólo una falta de ética y la fiscalía debería tener su propia capacidad de actuar de oficio".

Por ahora, ningún científico que trabaje en el ámbito público ha sido en España citado ante los tribunales por dar informes favorables sobre empresas de las que han percibido financiación y que se han beneficiado de esa duplicidad de juez y parte de algún científico.