En concreto, pide los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 5 y el 18 de marzo de 2024 a las cuentas personales y profesionales de Álvaro García Ortiz.
Estas diligencia se incoaron en 2021 en virtud de una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias contra el tuitero.
Es la comunidad autónoma la que debe devolver estos importes, señala el Supremo, aunque no fuera la destinataria final de esos importes, sin perjuicio de los ajustes internos entre el Estado y las comunidades autónomas.
“La empresa, muy seria y profesional, busca esclavos para transporte de contenedores. Trabajo mínimo garantizado de 13 horas diarias”, publicó el exempleado en el citado portal.