El CGPJ abre expediente al juez Peinado gracias al voto de calidad de Isabel Perelló
Estudiará ahora si incurrió en una falta grave, según la Ley Orgánica del Poder judicial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes abrir expediente al juez Juan Carlos Peinado por afirmar en el auto en el que enviaba a juicio a Begoña Gómez que los escoltas de la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una eventual fuga.
La propuesta ha salido adelante gracias al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, después de que cuatro vocales votaran a favor y otros cuatro, en contra.
En ese auto conocido el pasado sábado, Peinado aseguraba que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Begoña Gómez podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada. Unas palabras que han provocado el enfado mayúscula de la mayoría de asociaciones sindicales de la policía y que han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a celebrar ayer y hoy diferentes reuniones para discutir una posible sanción al juez.
El promotor de la Acción Disciplinaria decidirá ahora si las expresiones referidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son constitutivas de una falta grave del 418.5 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ). Dicho artículo señala como falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".
Los cuatro vocales que se han opuesto a esta apertura de expediente, todos ellos del ala conservadora, han suscrito un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo, que se estaría inmiscuyendo "ilegítimamente" en competencias que le son ajenas.