"Una utopía hacia la paz". Este es el lema que esgrime el escudo de Marinaleda. Un pueblo sevillano de 2.700 habitantes, cuyo alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha aparecido en todos los medios después de participar en una "expropiación" a un supermercado para suministrar alimentos a un comedor social.

El caso de este pueblo, un "oasis comunista", como lo definió en el año 2009 el New York Times, es actualmente lo más parecido a los falansterios ideados por Charles Fourier en el siglo XIX.

No hay paro en Marinaleda. La mayoría de habitantes trabajan en una cooperativa agrícola (propiedad de los trabajadores) 35 horas a la semana por un sueldo aproximado de 1200 euros. Todos los trabajadores públicos cobran lo mismo en el pueblo. Desde el administrativo del Ayuntamiento hasta el que trabaja en el campo. Las decisiones (empleo, vivienda, impuestos...) se toman en asamblea. "La gente no debe votar cada cuatro años, sino cada vez que algo le afecta", dice Gordillo en un vídeo para la televisión belga. En Marinaleda tampoco hay policías ni multas.

El camino de este municipio hacia "la utopía" se inició en el año 1979 con la elección de Sánchez Gordillo como alcalde por el CUT (Colectivo de Unidad de Trabajadores), partido integrado en Izquierda Unida. Por aquel entonces, Marinaleda era un pueblo de jornaleros muy pobres, sin apenas ingresos ni perspectivas de futuro. En los años 60 prácticamente la mitad del pueblo emigró a Barcelona y otras ciudades europeas para sobrevivir. "Hemos pasado mucha hambre", reconoce Rosario Sánchez, una vecina del pueblo, en el documental Marinaleda, el sueño de la tierra.

El pueblo emprendió entonces una serie de protestas para reclamar la propiedad de las tierras que rodeaban el municipio, explotadas por grandes terratenientes que abusaban de la población local. Huelgas de hambre, ocupaciones de fincas, aeropuertos (Sevilla y Málaga), estaciones de AVE e incluso el Banco de España. A mediados de los 80 ocuparon el cortijo de El Humoso, un terreno agrícola de 1.200 hectáreas propiedad del Duque del Infantado donde establecieron la cooperativa. La propiedad del terreno fue reconocida a los habitantes de Marinaleda en 1991.

En las tierras de El Humoso trabajan unas 400 personas, otros cientos trabajan en la cooperativa que se formó a raíz de la primera, una planta de transformación de los productos agrarios. El resto de habitantes que no trabajan para el sector público también vive indirectamente de las cooperativas: son estas las que proporcionan los sueldos que luego se gastan en los bares, tiendas y demás comercios del municipio.

La gestión de la vivienda en la localidad también ha despertado el interés de los medios internacionales. En una época en la que la especulación urbanística ha llevado a España a una situación límite, con un gran número de ciudadanos ahogados por hipotecas inalcanzables, los habitantes del pueblo pagan sólo 15 euros al mes por su domicilio.

El Ayuntamiento proporciona los terrenos, los albañiles y el arquitecto. La Junta de Andalucía los materiales y el ciudadano su trabajo. Así, en Marinaleda una vivienda cuesta 400 días de trabajo, la renta de 15 euros al mes sirve para cubrir los materiales aportados inicialmente por la Junta. Una vez construida la casa, se puede transmitir de generación en generación, pero nunca venderla. En el pueblo no se permite la especulación.

CRÍTICAS AL MODELO

El modelo implantado en este pueblo andaluz no ha quedado exento de crítica, incluso por parte de alguno de sus habitantes. Hay gente que considera que el pueblo se ha estancado, pero sobre todo critican el populismo y caciquismo de Sánchez Gordillo, que lleva 30 años como alcade. El jefe del consistorio, además, tiene un programa en el canal local, donde cada sábado y durante una hora adoctrina a la población al más puro estilo Chávez.

"Ahora el mayor terrateniente de Marinaleda es el alcalde" dijo Hipólito Aries, concejal en el pueblo por el PSOE al New York Times. Sánchez Gordillo, sin embargo, dice no ser propietario de nada más que su casa y se defiende en el hecho de que la gente le vota. "Si obtengo la mayoría absoluta en todas las elecciones, será por algo".

También se critica que el pueblo depende en exceso de la subvenciones estatales -recibe 325.000 euros anuales del PER- y autonómicas. A su vez, se cuestiona la focalización de toda la economía en el campo, un sector que muchos consideran anacrónico y sin futuro el día que se acaben las subvenciones.

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