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Los tanques de más de medio litro de refresco desaparecerán en breve de los establecimientos de Nueva York; en los paneles de precios de McDonalds ya se ven, junto a la imagen de la hamburguesa, las calorías que supone su ingesta; y algunos gobiernos apuestan por gravar las comidas menos saludables con más impuestos. Todas estas medidas, puestas en marcha en las últimas semanas, tienen el objetivo común atajar una de las pandemias más extendidas del siglo XXI: la obesidad. El problema que se plantean los expertos es cómo hacerlo y por qué caminos.

La última batalla contra la obesidad en EEUU (donde esta enfermedad podría alcanzar al 42% de la población en 2030) la lanzó la semana pasada la ciudad de Nueva York, donde se aprobó la prohibición de vender refrescos y bebidas azucaradas de gran tamaño (más de 16 onzas o 464 mm) en restaurantes, cines, estadios deportivos, carritos callejeros y otros establecimientos. La medida, que entrará en vigor en marzo, no cuenta con la simpatía de la mayoría de los neoyorquinos, según revela una encuesta del New York Times.

Tampoco es del agrado de la doctora Pilar Martín Vaquero, especialista en endocrinología y nutrición del centro médico D-medical, quien lamenta y critica "que desde el poder político y legislativo se coarte continuamente la libertad de elección de los ciudadanos". Para la doctora Martín, el camino de la prohibición y el veto a comercializar determinados productos, por muy calóricos que sean, no es la mejor manera de combatir la obesidad. "Prohibir no nos da mejores resultados, porque al final los médicos podemos indicar o restringir, pero es el paciente el que decide".

GRAVAR LA ALIMENTACIÓN POCO SALUDABLE

Mucho más crítica es con la recomendación que recientemente hizo un grupo de especialistas de la Universidad de Oxford sobre la necesidad de gravar con un 20% más de impuestos las comidas poco saludables, como hacen ya Hungría o Francia, y está estudiando implantarlo en breve Italia. "Es totalmente injusto, pues la decisión de qué alimentos son los menos saludables queda a criterio de las autoridades. Por ejemplo, las bebidas azucaradas tienen sus beneficios para el organismo, al igual que ciertas grasas. Siguiendo este patrón, se podría penalizar alimentos como el cochinillo, la bollería o el chocolate", afirma Martín Vaquero.

La postura de esta especialista la comparten desde el Ministerio de Sanidad, que por el momento considera que aumentar los impuestos sobre este tipo de comidas no es la solución para combatir la obesidad. En la Agencia Española de Seguridad Alimentaria apuestan por reforzar la 'Estrategia NAOS', que se puso en marcha en 2005 y en la que participan de manera activa las empresas del sector de comidas rápidas.

Desde la Asociación Empresarial de Cadenas de Restauración Moderna FEHRCAREM, su secretario general, Juan Ignacio Díaz, recuerda que fueron ellos los que decidieron no introducir tamaños XXL en las bebidas, como ocurre en EEUU. "Desde el principio nuestro compromiso ha sido la corresponsabilidad social y la colaboración con las autoridades españolas y europeas". En este sentido enmarca políticas como la implementación de comidas para celiacos en sus cadenas de restaurantes o de frutas y verduras en los menús de hamburgueserías. Además, advierte de las diferencias con respecto al mercado estadounidense, donde la restauración organizada representa el 50% del mercado, "mientras que aquí sólo representa el 6% del total de la hostelería y el 9% (el 2% en el caso de las cadenas de fast food) del consumo de todo el sector".

En este sentido, Juan Ignacio Díaz es claro en su apuesta por la "autorregulación, más que por la prohibición u otras políticas de penalización, como establecer más impuestos, que no tendrían un efecto disuasorio en el consumidor, sino más bien un perjuicio para las empresas, en cuando a una reducción de personal y beneficios".

hamburguesería

Esta opinión no la comparten Rodrigo Córdoba y Francisco Camarelles, miembros del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. En un artículo publicado en el diario El País, sostienen que, aunque no hay estudios en España sobre la materia, no es extraño pensar que un aumento impositivo en las bebidas azucaradas o los productos industriales ricos en grasas trans conllevaría una disminución en su consumo, sobre todo por parte de los más jóvenes. "Hay ciertos productos cuyo precio privado está muy por debajo del coste social que genera su consumo. Este hecho es la justificación principal para reclamar un incremento continuo y significativo de sus impuestos. Por eso, algunos impuestos pueden ser francamente saludables y aceptables aunque claro, esto parece un pecado para los dogmas neoliberales imperantes", afirman.

"UNA FORMACIÓN NUTRICIONAL NEFASTA"

Para estos dos doctores, centrar todo en la educación, "como panacea universal", es un argumento "reduccionista". "Los que abogan por esta vía elevan la educación a la máxima categoría de actividad preventiva y consideran los impuestos o las regulaciones como un atentado a la libertad de empresa y a la libre elección personal", argumentan en el artículo citado.

En este punto tampoco coinciden con la opinión de la nutricionista Martín Vaquero, para quien "la educación en las escuelas, hogares y consultas médicas siempre es mucho más efectiva para combatir la obesidad. Desgraciadamente, padres y médicos en España tienen una nefasta formación en nutrición. Los primeros han retirado frutas y verduras de las dietas de sus hijos y apuestan por las proteínas y las grasas, que son el germen de muchos problemas de sobrepeso; los segundos no disponen de recursos y tiempo para enseñar a comer correctamente con diez minutos de atención en la consulta".

En sus 27 años de experiencia, Martín Vaquero ha podido comprobar un aumento "preocupante" en las tasas de obesidad de sus pacientes. "La gente tiene un acceso más fácil a alimentos grasos y manipulados, pero a la vez se impone la necesidad social de mantener el tipo comiendo lo mismo, lo que es imposible. Por eso han aparecido las 'recetas milagro' o la 'cultura de lo light', que también acarrean alteraciones en los sistemas inmunes y alimenticios".

MENOS GASTO EN SALUD O UNA SOCIEDAD MÁS POBRE

Pero además de una cuestión de salud pública, las autoridades que han legislado prohibiendo o gravando con impuestos estas comidas hipercalóricas han puesto sobre la mesa el argumento económico. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg justificó su polémica medida argumentando que su administración gasta 4.000 millones de dólares al año en atención médica por causa de la obesidad. Según cálculos del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), estos costes representan entre un 2% y un 7% del total del gasto sanitario a esta lado del Atlántico.

Sin embargo, este argumento también es rebatido por algunos expertos. Óscar Súmar, profesor e investigador del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico (Perú), se muestra contrario al ejercicio paternalista del Estado de decidir qué es bueno y qué es malo para el individuo. "El paternalismo se basa en la idea de que las personas somos irracionales. Nadie puede discutir esto, pero el problema es que quien reemplaza sus decisiones por las nuestras tampoco lo es. El funcionario público que decide que 'A' es mejor que 'B', tampoco es racional. Aun mas, el verdadero problema surge cuando nos damos cuenta que dicho funcionario no tiene incentivos ni información para tomar decisiones adecuadas", asegura Súmar.

Además, desde el punto de vista económico, sostiene que "los gastos farmacéuticos u hospitalarios en principios no son externalidades no internalizadas [cuando una persona causa un costo a la sociedad y no lo asume]. La propia persona obesa sufre las consecuencias de su obesidad. Si esa persona es menos productiva, es ella (o la empresa para la que trabaja) la que tiene menos ganancias. El hecho de que la productividad total de un país baje no lo convierte en un problema social. El problema sólo es social cuando las personas no asumen los costos de lo que hacen". Por tanto, para esta profesor, "si las personas deciden voluntariamente que para ellos la combinación 'comer más y trabajar menos' está por encima de 'comer menos, trabajar más', entonces, la sociedad, como un todo, será más rica".

El profesor Súmar considera, extendiendo este argumento, que "prohibirle a las personas dormir, obligarlas a hacer más ejercicio u obligarlas a comer sano, vuelve más pobre a la sociedad, aunque la vuelva más productiva (o más rica en términos exclusivamente dinerarios). Piensen en un caso individual: si una persona la obligara a hacer dieta y a levantarse más temprano, ¿eso le haría más feliz? Si no le hace más feliz individualmente, ¿por qué asumir que sí nos haría más felices como sociedad?"

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