POLÍTICA

Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante que Mariano Rajoy no quiere en la foto

17/06/2013 13:37 CEST | Actualizado 17/06/2013 15:00 CEST
EFE

Dos horas y veinte minutos separan Madrid de Alicante con la nueva línea del AVE. Dos horas y veinte minutos tras los que se inauguró de forma oficial el nuevo trayecto y tras los que Mariano Rajoy y Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante e imputada en el caso Brugal, coincidieron en un incómodo encuentro.

Rajoy se adentró en terreno pantanoso. Alicante es la única capital de provincia de España con su alcalde y vicealcalde -Andrés Llorens- imputados en diferentes casos de corrupción. Castedo, pese a haber logrado el mejor resultado de la historia de Alicante para el PP en las elecciones de mayo de 2011 (de 15 a 18 concejales con 15.000 votos más), está imputada en el caso Brugal por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y posible revelación de información privilegiada.

En el breve acto que se celebró en la estación de Alicante, la alcaldesa no pudo hablar; no formó parte de los discursos institucionales. Sacarla de la foto es un quebradero de cabeza para los responsables de protocolo de Moncloa. En esta ocasión, apareció. Eso sí, relegada a un segundo plano caminando en segunda fila detrás de Albero Fabra y en el lado opuesto a Mariano Rajoy.

No sería la primera vez que se le deja fuera de la foto. El pasado mayo, en un acto homenaje a Alberto Fabra en el auditorio Mar Rojo de L'Oceanogràfic de Valencia, se dejó una butaca vacía entre ella y el resto de miembros del PP.

El territorio valenciano no es el más cómodo para Rajoy. A principios de este junio el presidente acudió a un acto de partido celebrado en Valencia donde se le fotografió junto a políticos salpicados por escándalos de corrupción. La relación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente Francisco Camps con de lnstituto Nóos, el pulso del exconseller Rafael Blasco con la dirección del partido por el caso Cooperación y la citación de nuevos imputados relacionados con la trama Gürtel como la exatleta y exdirectora autonómica de Deportes, Niurka Montalvo, son los casos más sangrantes.

SU IMPUTACIÓN EN EL CASO BRUGAL

Licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante, Sonia Castedo (Ribadeo, 1970) entró en el Ayuntamiento como miembro del gabinete de prensa. Pronto se convirtió en la mano derecha del ex alcalde Luis Díaz Alperi (también imputado en el caso Brugal). En 2003 asumió el cargo de responsable municipal de Urbanismo, primero como delegada y después como concejal.

A mediados de 2008 llegó su gran momento: Díaz Alperi le cedió la bara de mando. El 17 de septiembre de ese mismo año se convirtió en la primera alcaldesa de la historia de Alicante. Meses antes había entrado en la dirección nacional del partido, tras pasar por el aparato regional y Nuevas Generaciones.

En octubre de 2010 la Fiscalía Anticorrupción acusó a Sonia Castedo de estar implicada en la trama de corrupción del caso Brugal en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el popular Luis Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz.

Los hechos tenían relación con el plan de actuación urbanística que debía desarrollarse en Alicante conocido como Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico que promovió el empresario Enrique Ortiz y que contemplaba la construcción de 14.000 viviendas y la instalación de un Ikea.

El fiscal le imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando que fue retribuida con regalos.

Según Anticorrupción, Castedo pudo dar un trato de favor a Ortiz en la revisión del Plan General de la ciudad. En la lista de dávidas se incluyeron tres viajes, un coche y colocar a gente en empresas de Ortiz. Castedo reconoció dos cosas: un viaje a Ibiza en el yate del empresario y el mediar para conseguir trabajo a los desempleados. "Y lo voy a seguir haciendo porque es parte de mi responsabilidad", dijo entonces Castedo.

Según lo revelado por la investigación policial, en la recta final de la redacción del PGOU de Alicante, entre mayo de 2008 y junio de 2010, las conversaciones entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo fueron casi diarias, lo que para la policía demuestra "la colaboración de los responsables de Urbanismo con el empresario".

En octubre de 2012 fue imputada por el TSJ de Valencia por el amaño del PGOU de Alicante.

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