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Ley del Aborto: ¿Qué sabemos de la reforma de Gallardón?

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GALLARDN
Imagen de archivo de Alberto Ruiz-Gallardón | GTRES

El proyecto de reforma de la Ley del Aborto de Gallardón estará listo, como muy tarde, el 27 de diciembre de este año.

Así lo aseguraba el pasado miércoles el propio ministro de Justicia en los pasillos del Congreso, donde explicaba que "en muy pocos días" tendrán listo el texto normativo para su aprobación en uno de los dos Consejos de Ministros que faltan antes de fin de año (20 y 27 de diciembre).

Pero, ¿qué novedades traerá la nueva Ley del Aborto? Muy poco se sabe. Tan sólo lo que ha declarado el propio Gallardón en los medios de comunicación.

Esto es lo que conocemos de la reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno:

BASADA EN LA LEY DEL 85

Gallardón insiste siempre en que hará la ley de acuerdo a lo que dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985. De este modo, la nueva legislación retrocedería hasta la base de que los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido, salvo en casos determinados por la propia ley.

Esto supone volver a la ley de supuestos de 1985, que impide el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, y alejarse de la equiparación con las leyes de los países de la Unión Europea.

SUPUESTOS DESPENALIZADOS

Si las intenciones de Gallardón de regresar a los postulados de 1985 se lleva a la práctica, será delito abortar salvo tres casos concretos, conocidos como "supuestos despenalizados":

1) Violación: En las 12 primeras semanas de embarazo.

2) Malformación del feto: Hasta las 22 primeras semanas de embarazo.

3) Riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer: Sin plazos.

De acuerdo a la ley del 85, las mujeres que se acojan a estos supuestos deberán acreditarlo a través de un dictamen médico.

DAÑO PSICOLÓGICO

Otra opción que se ha barajado es que, en lugar de tres supuestos, la ley podría reducirse a sólo uno: el del daño psicológico para la mujer. Un único supuesto que englobaría a todos, incluyendo los casos de malformación del feto.

Así, la mujer tendría la opción de interrumpir su embarazo alegando que tener al bebé le afectaría psicológicamente. En un principio, la mujer deberá acreditar el daño psicológico con uno o varios informes médicos que no serán vinculantes.

De confirmarse este único supuesto, será importante saber cuál será el plazo que se da para alegar daño psicológico.

Tampoco queda claro cuál será el papel de los médicos, ya que se desconoce si las evaluaciones las deberán realizar médicos de la sanidad pública o de la privada. En el segundo caso, podría suponer la privatización del aborto, según critican desde la Asociación de Clínicas.

CONSENTIMIENTO PATERNO

En todo caso, el Gobierno siempre ha abogado por reformar la parte de la actual ley de plazos que permite abortar a las chicas de 16 y 17 años sin consentimiento de sus padres hasta la semana 14 de embarazo. Según la legislación vigente, de ahí hasta la semana 22, se puede abortar sin consentimiento paterno sólo en caso de malformaciones fetales o si existe riesgo para la salud de la madre. Más allá de ese plazo, sólo si un comité médico determina la existencia de una malformación grave o incompatible con la vida.

El Ejecutivo pretende eliminar esto, regresando a la exigencia de permiso paterno por mucho que la menor se acoja a uno de los supuestos legales.

MALFORMACIÓN Y DISCAPACIDAD

De lo poco que se conoce de las intenciones de Gallardón es que pretende eliminar que se pueda abortar en el supuesto de malformación del feto, salvo en casos de grave peligro para la vida de la madre.

El ministro ha dicho varias veces que pretende "corregir los defectos" de la actual legislación, es decir, que las únicas malformaciones que permitan abortar sean aquellas que son incompatibles con la vida.

De este modo, la discapacidad del futuro bebé no será motivo para abortar. Así, un feto afectado de Síndrome de Down sí nacerá, mientras que uno con espina bífida, anencefalia o anomalías graves del corazón, sí podrían contemplarse como malformaciones muy graves.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

La objeción de conciencia no está regulada por ley, aunque sí está recogida en la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero, que reconoce este derecho de forma "individual" para los profesionales médicos. En la legislación se indica que la objeción debe "manifestarse anticipadamente y por escrito".

Gallardón pretende regular más ampliamente la objeción de conciencia, dando más garantías jurídicas a médicos y enfermeros para abstenerse de realizar estas intervenciones.

MUJERES AFECTADAS

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), si esta reforma se lleva a cabo, más de 100.000 mujeres no podrán abortar.

Esto será así porque, aseguran, sólo un 0,09% de las más de 3.000 mujeres que abortan debido a malformaciones podrán hacerlo y porque la ley impedirá a otras 100.000 interrumpir su embarazo por voluntad propia, es decir, alegando motivos económicos o íntimos.

LEGISLACIONES SOBRE EL ABORTO EN ESPAÑA:

·El proyecto catalán. El 25 de diciembre de 1936 el Gobierno de Cataluña promulgó una ley para legalizar el aborto con el fin de terminar con las prácticas clandestinas. Fue derogada al final de la Guerra Civil.

·Un atentado contra el Régimen. Durante la dictadura franquista el aborto se consideraba un atentado contra la nación y tanto las aborteras (las que ayudaban a abortar en la clandestinidad) como las propias mujeres se enfrentaban a penas de hasta seis años de cárcel. Fueron los años de los viajes a Londres, el perejil y el hinojo, las infecciones y en muchos casos la muerte de las que trataban de parar su embarazo.

·Ley de 1985. La conocida como Ley de los supuestos. Fue aprobada por el Gobierno de Felipe González y permitía el aborto bajo tres supuestos: violación, riesgo para la salud de la mujer y malformaciones en el feto.

·Ley de Salud sexual y reproductiva de 2010. Vigente en la actualidad. Permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de 16 y 17 años, interrumpan su embarazo sin un consentimiento paterno.

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