Ley del Aborto: ¿Qué sabemos de la reforma de Gallardón?
El proyecto de reforma de la Ley del Aborto de Gallardón estará listo, como muy tarde, el 27 de diciembre de este año.
Así lo aseguraba el pasado miércoles el propio ministro de Justicia en los pasillos del Congreso, donde explicaba que "en muy pocos días" tendrán listo el texto normativo para su aprobación en uno de los dos Consejos de Ministros que faltan antes de fin de año (20 y 27 de diciembre).
Pero, ¿qué novedades traerá la nueva Ley del Aborto? Muy poco se sabe. Tan sólo lo que ha declarado el propio Gallardón en los medios de comunicación.
Esto es lo que conocemos de la reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno:
BASADA EN LA LEY DEL 85
Gallardón insiste siempre en que hará la ley de acuerdo a lo que dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985. De este modo, la nueva legislación retrocedería hasta la base de que los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido, salvo en casos determinados por la propia ley.
Esto supone volver a la ley de supuestos de 1985, que impide el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, y alejarse de la equiparación con las leyes de los países de la Unión Europea.
SUPUESTOS DESPENALIZADOS
Si las intenciones de Gallardón de regresar a los postulados de 1985 se lleva a la práctica, será delito abortar salvo tres casos concretos, conocidos como "supuestos despenalizados":
De acuerdo a la ley del 85, las mujeres que se acojan a estos supuestos deberán acreditarlo a través de un dictamen médico.
DAÑO PSICOLÓGICO
Otra opción que se ha barajado es que, en lugar de tres supuestos, la ley podría reducirse a sólo uno: el del daño psicológico para la mujer. Un único supuesto que englobaría a todos, incluyendo los casos de malformación del feto.
Así, la mujer tendría la opción de interrumpir su embarazo alegando que tener al bebé le afectaría psicológicamente. En un principio, la mujer deberá acreditar el daño psicológico con uno o varios informes médicos que no serán vinculantes.
De confirmarse este único supuesto, será importante saber cuál será el plazo que se da para alegar daño psicológico.
Tampoco queda claro cuál será el papel de los médicos, ya que se desconoce si las evaluaciones las deberán realizar médicos de la sanidad pública o de la privada. En el segundo caso, podría suponer la privatización del aborto, según critican desde la Asociación de Clínicas.
CONSENTIMIENTO PATERNO
En todo caso, el Gobierno siempre ha abogado por reformar la parte de la actual ley de plazos que permite abortar a las chicas de 16 y 17 años sin consentimiento de sus padres hasta la semana 14 de embarazo. Según la legislación vigente, de ahí hasta la semana 22, se puede abortar sin consentimiento paterno sólo en caso de malformaciones fetales o si existe riesgo para la salud de la madre. Más allá de ese plazo, sólo si un comité médico determina la existencia de una malformación grave o incompatible con la vida.
El Ejecutivo pretende eliminar esto, regresando a la exigencia de permiso paterno por mucho que la menor se acoja a uno de los supuestos legales.
MALFORMACIÓN Y DISCAPACIDAD
De lo poco que se conoce de las intenciones de Gallardón es que pretende eliminar que se pueda abortar en el supuesto de malformación del feto, salvo en casos de grave peligro para la vida de la madre.
El ministro ha dicho varias veces que pretende "corregir los defectos" de la actual legislación, es decir, que las únicas malformaciones que permitan abortar sean aquellas que son incompatibles con la vida.
De este modo, la discapacidad del futuro bebé no será motivo para abortar. Así, un feto afectado de Síndrome de Down sí nacerá, mientras que uno con espina bífida, anencefalia o anomalías graves del corazón, sí podrían contemplarse como malformaciones muy graves.
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La objeción de conciencia no está regulada por ley, aunque sí está recogida en la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero, que reconoce este derecho de forma "individual" para los profesionales médicos. En la legislación se indica que la objeción debe "manifestarse anticipadamente y por escrito".
Gallardón pretende regular más ampliamente la objeción de conciencia, dando más garantías jurídicas a médicos y enfermeros para abstenerse de realizar estas intervenciones.
MUJERES AFECTADAS
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), si esta reforma se lleva a cabo, más de 100.000 mujeres no podrán abortar.
Esto será así porque, aseguran, sólo un 0,09% de las más de 3.000 mujeres que abortan debido a malformaciones podrán hacerlo y porque la ley impedirá a otras 100.000 interrumpir su embarazo por voluntad propia, es decir, alegando motivos económicos o íntimos.
