"Cuando hay transparencia, se fortalece la confianza pública; se reduce el espacio para la discrecionalidad y la arbitrariedad; se refuerza el respeto a las instituciones y se afianza la cultura democrática. Cuando hay transparencia, el Estado se acerca a los ciudadanos", dijo Michelle Bachelet, en 2009, entonces presidenta de la República de Chile, el día que se promulgó la Ley de Transparencia de Función Pública en dicho país.

En España hemos iniciado demasiado tarde, y asumo la responsabilidad que me corresponde como representante público, un debate que en países como Chile sirvió para crear una estructura de Gobierno abierto que ha permitido que exista una mayor confianza del ciudadano con respecto a la gestión de los recursos públicos y la actividad de los políticos que les representan.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, me llamó hace unos días para solicitar nuestra participación y nuestra implicación con propuestas alternativas en el proceso de debate que ahora iniciamos en el Congreso. Una petición inaudita en esta Legislatura, en la que el diálogo del principal partido y del Ejecutivo ha sido nulo con los grupos de la oposición, pero que agradecemos ya que nuestra intención es realizar aportaciones concretas para que el texto que sea aprobado se aproxime a lo que necesita un país cuya credibilidad está en horas bajas, entre otros motivos, por la opacidad de su estructura política y administrativa.

"No hace falta una ley para hacer lo éticamente correcto", como dijo la propia Bachelet, pero debe existir un cambio drástico que permita una administración más cercana y transparente. Es inaplazable lograr que la participación ciudadana no sea una mera declaración de intenciones sin ninguna regulación que imponga a los Gobiernos ofrecer la información en un plazo delimitado y con los detalles más exhaustivos para evitar dar pábulo a la especulación.

El Gobierno y los diputados y senadores que representamos a los ciudadanos en las Cortes Generales no podemos volver a fracasar ni aprobar un texto insuficiente que no satisfaga la creciente demanda de una ciudadanía que necesita volver a creer en sus políticos. La transparencia contribuirá a acotar las irregularidades y las corruptelas que se han ido forjando aprovechándose de las debilidades de un sistema de información pública que no ofrece, minuto a minuto, los datos sobre cómo se gastan los dineros públicos.

Las propuestas que nosotros plantearemos en el debate que se abrirá en el Congreso irán en la misma línea del sistema que está en vigor en países de nuestro entorno comunitario y en Chile, uno de los referentes mundiales. Plantearemos que se garantice el acceso a la información pública y que los ciudadanos puedan solicitar todos aquellos datos relativos a los servicios y los presupuestos públicos. Datos que deberán ser aportados en un plazo que se determine en la ley.

Que, en el caso de que el ciudadano considere que sus derechos no están siendo respetados en el proceso, puedan dirigirse a un Consejo que esté facultado para sancionar a la autoridad que cumpla la legislación. Es importante que haya un mecanismo que sea diligente y no condene al solicitante a ir de aquí para allá y su expediente se diluya en la maraña administrativa.

"Son las cosas precisas las que se traducen en nuevas realidades y estamos muy necesitados de ellas", escribía Soledad Gallego-Díaz en el diario El País. Y, en este sentido, el texto que ha propuesto el PP se aleja mucho se esa precisión que reclama la sociedad para que no exista un resquicio en la ley que sirva de coladero para quienes pretendan seguir aferrándose al oscurantismo.

Estamos casi en la prórroga, la presión es insostenible, y es necesario que el Gobierno y los partidos políticos aprovechemos el corto espacio que nos queda para promover y sostener una cultura de la transparencia.

Retomo y me adhiero a las palabras pronunciadas en 2009 por Michelle Bachelet: "Reafirmo mi rechazo a todo tipo de corrupción, venga de dónde venga y sin dobles discursos, porque la corrupción es un mal social que no tiene bandera política, sino responsables individuales que deben responder ante la justicia por sus delitos".

La corrupción es, por desgracia, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. El barómetro del CIS del pasado mes de diciembre la sitúa en cuarto lugar, después del paro la economía y los políticos. "La percepción de la generalización de este fraude es el origen de la desconfianza hacia los políticos en las democracias contemporáneas. Relegitimar la acción política y recuperar niveles aceptables de confianza requerirá una transformación", según el doctor en Ciencia Política y Sociología, Manuel Villoria. Y esa transformación es la que nos corresponde acometer a nosotros sin más dilación.

Seguir a Ana Oramas en Twitter: www.twitter.com/anioramas