El pasado 5 de julio se conoció el informe de un panel de expertos presidido por el catedrático de Ciencia Política, K. Kurokawa y encargado por el Parlamento japonés (accesible aquí). En este informe se afirma que el gravísimo accidente de la central nuclear de Fukushima no fue una catastrofe "natural", sino el resultado de clamorosos fallos, tanto en la supervision pública como en la gestión de la planta por parte de la empresa TEPCO -antes y despues del tsunami-; y que, por lo tanto, dicha catastrofe hubiera podido suceder incluso en ausencia del tsunami.

Esa es, precisamente, una de las tesis de nuestro libro (1) La energía después de Fukushima, con el que pretendemos contribuir en España a un debate sobre la energía, más riguroso y completo del que habitualmente se produce en nuestro país en esta materia, algo que ahora contrasta con la amplia discusión que Fukushima ha provocado en Alemania, en Italia, en Bélgica,en Suiza... En todos estos países los respectivos Gobiernos han adoptado decisiones motivadas por el impacto en la opinión pública de lo sucedido, en la dirección del abandono gradual y definitivo de la energía nuclear.

Incluso en Francia -el país más dependiente de la energía nuclear, que genera el 75% de su electricidad-, por primera vez un presidente de la República se ha comprometido a reducir a medio plazo el peso de esta tecnología. Todo ello, a su vez, explica el cambio radical de Siemens, una de las principales empresas proveedoras de bienes de equipo del sector de la energía nuclear, que ha abandonado sus proyectos nucleares en curso para centrarse en el ámbito de las energías renovables. Por su parte, Japón solo ha reabierto dos de los 54 reactores del país -en medio de protestas generalizadas- y ha puesto en marcha un generoso esquema de apoyo a las energías renovables, por cierto muy semejante al que explica el desarrollo en España y en Alemania de dichas tecnologías.

Por el contrario, en España el Gobierno ha planteado la prolongación hasta 2019 de la central de Garoña; y se anuncia -a falta de ver el texto en el BOE...- la prolongación de diez años, más allá de su vida útil y con carácter general, de todas las plantas existentes. No es una sorpresa: a diferencia de otras zonas "ocultas" del programa electoral del PP, la "reforma" energética está respondiendo a un documento de la FAES, publicado poco antes de la catástrofe de Fukushima. En contra de lo ocurrido en otros países, Fukushima no ha cambiado el núcleo de la propuesta de FAES: menos renovables y más nuclear, con el pretexto de reducir el denominado "déficit de tarifa". De nada ha servido el amplio abanico de sugerencias remitidas a la Comisión Nacional de la Energía, con fórmulas alternativas para abordar ese déficit de origen regulatorio; un déficit resultado de reconocer costes no justificados así como de una metodología de retribución que genera beneficios "caídos del cielo" a la energía nuclear y a la hidroeléctrica, como ha destacado la Comisión Europea en un reciente informe.

En todo caso, lo acaecido en Fukushima supone el fracaso mas dramático del paradigma economicista imperante, en el que se ha confiado (¿Ingenuamente?) en la "autorregulación" del sector privado, justificando así la "simplificación", o incluso la eliminación, de la regulación y la supervision pública, sin suficiente consideración de los potenciales riesgos de determinadas actividades. Ello ha conducido, entre otras cosas, a la hipertrofia del sector financiero, al endeudamiento excesivo de empresas y familias, y a la opacidad de productos cuya "toxicidad" está en el origen de la crisis económica actual.

Reglas insuficientes, instituciones débiles frente al poder económico, ausencia de mecanismos que garanticen la exigencia de responsabilidades... han desembocado en una ingente socialización de perdidas: la otra cara de la moneda de la privatización de los beneficios, generando una justificada percepción de inequidad por parte de la mayoría de los ciudadanos.

Nadie puede calcular el inmenso coste de los daños causados por Fukushima, que durarán muchas generaciones. Lo que sí se sabe es que ese coste no lo cubrirá la empresa TEPCO -que ya ha pedido ayuda pública para sobrevivir-, sino todos los japoneses, a lo largo de muchísimo tiempo. Era difícil imaginar que en un país moderno, referente en materia de innovación tecnológica, con instituciones democráticas, el riesgo nuclear no estaba bajo control.

¿Les recuerda algo esta historia?

En España también creíamos que nuestro sistema financiero gozaba de suficiente regulación y supervisión; que no estábamos amenazados por el riesgo de los "productos tóxicos"... Así lo corroboraba el Banco de España. Hasta que estalló Bankia, la principal manifestación de la inadecuada supervision y de la pesima gestión bancaria, cómplice principal de la burbuja inmobiliaria. Y las cifras del agujero negro se multiplicaron en pocos días. El Gobierno aseguró entonces que inyectaría toda la financiación que fuera necesaria para salvar a Bankia; pero ese ingente esfuerzo publico -traducido en los recortes de políticas sociales más dañinos de nuestra historia en democracia- ni siquiera evitará que miles de clientes pierdan los ahorros invertidos en acciones o en participaciones preferentes.

Socialización de pérdidas a gran escala; evidencia de irresponsabilidades, de compleja penalización. Un desastre que, en el caso de España, ha llevado a la necesidad de un rescate europeo con la correspondiente pérdida de soberanía; y que ,sin duda, ha abierto los ojos de muchos que confiaron en la panacea inmobiliaria, aquella que nos hizo crecer más que nuestros vecinos. Cada vez hay más ciudadanos que saben que no saldremos de la crisis repitiendo los errores del pasado. Que son imprescindibles cambios muy profundos en la gobernanza pública y privada de la economía, que incentiven comportamientos responsables.

En Japón, se ha desvanecido su confianza ciega en la energía nuclear. Como dice Shinichi Takemura, miembro del Consejo para la Reconstrucción del Japón, "los japoneses nos creímos la mentira de que la energía nuclear era más barata, más limpia y más segura". Sus autoridades así lo afirmaban: el riesgo nuclear no era motivo de desesperación. Tras la catástrofe, el Gobierno y la empresa mintieron sobre su envergadura, intentando minimizarla, perdiendo así buena parte de su credibilidad. Hoy los japoneses se enfrentan a la angustia de convivir con una contaminacion invisible y silenciosa, cuyas consecuencias sobre su salud son impredecibles; y tambien al desafío de recuperar cierta autonomía energética, esta vez con energías más seguras y accesibles en todos los rincones del planeta.

(1) La energía después de Fukushima, Cristina Narbona y Jordi Ortega. Editorial Turpial, 2012

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