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El coste del no Gobierno

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Foto: EFE

Un documento, procedente al parecer del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido filtrado a la prensa. En él se describe lo que sus autores han venido en calificar el coste del no Gobierno.

Para el que firma este comentario, el título del informe de la Cancillería le resulta evocador. Hubo tiempos en mi País Vasco de nacimiento -y los hay desde luego ahora en Cataluña- en los que el desafío soberanista hacía escribir a reputados economistas sobre el coste de la no España. Claro que esos expertos ponían cifras y las explicaban aún a riesgo de equivocarse.

En este caso, los autores del informe no señalan lo que dejamos de percibir -o gastamos de más- los españoles por causa de la enquistada situación de Gobierno en funciones, de modo que deberemos presumir que los aludidos costes son solamente políticos. (Diré que no utilizo el término solamente como un intento de frivolizar sobre el documento ministerial, sino como simple acotación de la idea).

A nadie se le escapa que no es bueno que los países carezcan de Gobierno (aunque ya hay algún ultraliberal que lo prefiera: "Así no nos subirán los impuestos", declaran). Especialmente en un país como el nuestro, necesitado de reformas que permitan regenerar la política, mejorar la economía y activar los mecanismos de integración social.

Y esta situación se advierte con mayor evidencia en la escena europea e internacional. Un país podría hasta volverse loco y decidir que no va a moverse: que sus presupuestos serán siempre iguales; que sus cargos públicos serán permanentes y vitalicios -con lo que solo habrá que sustituir a los fallecidos-; que sus prestaciones sanitarias, educativas o asistenciales serán siempre las mismas... Un país puede decidir que va a retroceder por causa de su quietismo en tanto que todo el resto del mundo evoluciona. Pero cuando esa situación de impasse se debe a un bloqueo político en el que todos parecen repartir las culpas a todos los demás, no por eso nuestros socios europeos y los otros países del mundo detendrán su paso a la espera de lo que acabe haciendo España. Algunos incluso aprovecharán en su beneficio nuestro parón político. Y esto es lo que parece afirmar el documento del MAEC.

En tanto que no se habilite la investidura de un candidato, es el Gobierno el que debe salir de su actual cerrazón y salir al encuentro del Parlamento.

Claro que el Ministerio arrima también el ascua a su propia sardina, la del PP. Se diría algo así como que es urgente que las fuerzas políticas que bloquean la formación de Gobierno deberían retirar sus reparos y dejar que el candidato de su partido sea por fin investido, porque tenemos que recuperar el tiempo perdido.

Yo creo, y todos lo pueden advertir, que Ciudadanos lo está intentando, que hay que acabar cuanto antes con esta tan anómala como perversa situación. Pero también debo indicar (para contar toda la historia) que el Gobierno en funciones no deja de tener su cuota de responsabilidad en los males que nos afectan. Esa decisión kafkiana, según la cual el Gobierno no puede ser controlado por el Parlamento, porque fue elegido por la Legislatura X y no por la XI o la XII, nos está llevando a buena parte de los problemas que el mismo documento del Ministerio ha descrito.

El Gobierno está en funciones, pero el parlamento no lo está. Y los grupos parlamentarios estamos dispuestos a ofrecer nuestro criterio y nuestra cobertura -en su caso- a la acción europea e internacional proyectada por el Ejecutivo. Y lo hemos demostrado: la comparecencia en febrero de este año del ministro Margallo en la Comisión de Exteriores del Congreso -precedida por un almuerzo de trabajo- en relación con el Consejo Europeo previo al Brexit y la del secretario de Estado de la Unión Europea en la Comisión Mixta UE de marzo para consensuar un documento que marcaba la posición española respecto del Consejo Europeo referido a los refugiados constituyen buena prueba de lo que digo.

El Parlamento español, sus grupos parlamentarios, está dispuesto a asumir compromisos en materia europea e internacional. Así lo demuestra también la declaración institucional del Congreso respecto del proceso de paz en Colombia. Y ese apoyo, siempre crítico por supuesto, y siempre sujeto a debate previo, podría extenderse a otras muchas situaciones en este plano o en otros de nuestra actividad cotidiana.

Pero, en tanto que no se habilite la investidura de un candidato, es el Gobierno el que debe salir de su actual cerrazón -¿por qué no decirlo, de bloqueo?- y salir al encuentro del Parlamento.