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Por un país con nuevas energías

13/01/2014 07:28 CET | Actualizado 14/03/2014 10:12 CET

Es más que evidente que el mundo de la energía del siglo XXI es sustancialmente distinto del que conocimos en el siglo pasado. En la última década no pocos países han puesto en marcha procesos de revisión de sus patrones energéticos, sabedores que de ello van a depender en buena medida sus opciones de futuro en un marco de competitividad globalizada. Y varios han sido los factores que han contribuido a impulsar esos procesos de reformulación, especialmente en el caso de los sistemas eléctricos: la acumulación de evidencias en torno a la crisis climática y la incidencia de la acción humana en su evolución; la crisis nuclear desatada tras el tsunami de Fukushima; la irrupción de todo un conjunto de innovaciones tecnológicas en el sector de las llamadas energías renovables; el radical cambio producido en EEUU tras su decidida apuesta por la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales; el exponencial crecimiento de la demanda de materias primas en las nuevas potencias económicas mundiales ya emergidas...

Pero siendo vital llevar a cabo la reformulación de los patrones energéticos por las razones expuestas, no es menos importante que esos procesos han de acometerse con vocación de amplios consensos, que es tanto como garantizar su estabilidad en un marco temporal razonable tratándose de cuestiones estratégicas. En la pasada legislatura se constituyó una Subcomisión del Congreso cuyo objetivo era pactar una estrategia energética de país. Por el Parlamento pasaron todos aquellos colectivos, empresas, expertos, administraciones y organizaciones con interés y opinión en la materia. Por razones de tipo electoral, el Partido Popular decidió autoexcluirse finalmente del consenso en las conclusiones. No es un detalle menor, ya que el resto de Grupos Parlamentarios habían hecho considerables esfuerzos de transacción para conseguir un documento de conclusiones de amplia aceptación.

Pues bien, sólo dos años después el PP ha convertido a España en una rara avis de la energía a nivel mundial, tal y como se constata en la lectura de todos los medios especializados y este colosal error estratégico nos deja fuera de la competitividad en el corto y el medio plazo. El precio de la electricidad se dispara y crecen las cifras de pobreza y de exclusión energética; las empresas del país claman por su pérdida de competitividad lastradas por los altos costes de la energía; seguimos condenados a una dependencia exterior muy por encima de cualquiera otra economía de nuestro entorno; ostentamos el dudoso honor de ser el único país del euro que vota contra las políticas comunes de ahorro y eficiencia; por primera vez el mercado eléctrico ha sido sospechosamente intervenido; somos señalados como paradigma de la inseguridad jurídica justo cuando más necesitamos de la inversión exterior; el Gobierno está a punto de provocar la ruina de miles de pequeños inversores en energías renovables, mientras que otros países impulsan su crecimiento; todo ello relativizado por el Ejecutivo como mal menor necesario para alcanzar el gran objetivo de acabar con un déficit de tarifa, que sólo en estos dos años suma la friolera de 10.000 millones de euros, frente a los 25.000 millones acumulados desde su invención por el Gobierno Aznar, esto es, el Gobierno no sólo no ha resuelto este grave problema sino que ha contribuido a hacerlo casi inabarcable.

Puede que el Gobierno no quiera enfrentarse a la cruda realidad de su insolvencia, pero el país ya no puede aplazar por más tiempo la decisión de acometer su imprescindible transición energética. El sistema se ha demostrado agotado, es inservible y debe ser clausurado con una auditoría regulatoria que permita abordar el futuro inmediato con un conocimiento exacto de la hipoteca que ha generado, y acto seguido enfrentar la tarea de edificar un nuevo marco energético con vocación de amplio acuerdo. El PSOE quiere aportar para ese proceso de diálogo una propuesta alternativa, intensamente trabajada durante los últimos dos años, refrendada en la reciente Conferencia Política, una propuesta que quiere situar en el centro del protagonismo a quienes hasta ahora no han sido más que meros sujetos pasivos de la política energética, los ciudadanos.