Ceuta, el examen de Europa

Antes de hablar de fronteras conviene hablar de los muertos. Más de un centenar de personas han perdido la vida intentando alcanzar Ceuta. Es, probablemente, la mayor tragedia que ha conocido esa frontera. Durante unos días discutiremos sobre seguridad, inmigración, diplomacia o soberanía. Es necesario hacerlo. Pero ninguna de esas conversaciones debería empezar sin reconocer que el precio de esta crisis ha sido insoportablemente alto. Cuando una frontera se convierte en un lugar donde la muerte deja de sorprendernos, el problema ya no es solo migratorio. Es también moral.

Europa no eligió el camino más fácil cuando decidió que sus fronteras serían defendidas por el Derecho antes que por el miedo. Otros pueden responder a una presión migratoria con la lógica desnuda de la fuerza. Europa no. No porque ignore la necesidad de proteger sus fronteras, sino porque sabe que una frontera defendida a cualquier precio acaba por vaciar de sentido aquello que pretende proteger. La verdadera prueba de una democracia no consiste en respetar sus principios cuando todo está en calma, sino cuando la presión invita a abandonarlos. Es precisamente en ese instante cuando una frontera deja de ser un límite geográfico y se convierte en una frontera moral.

Precisamente por eso, la primera obligación de cualquier Estado democrático es impedir que una tragedia semejante vuelva a repetirse. Y la primera obligación de la Unión Europea es comprender que una frontera española es también una frontera europea.

La crisis de Ceuta ha dejado una enseñanza incómoda. No porque España no fuera capaz de responder. Lo hizo movilizando sus instituciones, reforzando los dispositivos de seguridad, coordinando a todas las administraciones y gestionando, dentro del marco del Derecho español, europeo e internacional, el retorno de la inmensa mayoría de quienes habían entrado irregularmente. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea terminó reconociendo esa actuación y el trabajo realizado para restablecer la normalidad.

La incomodidad procede de otro lugar

Durante las primeras horas de la crisis, algunos gobiernos europeos reaccionaron antes con prejuicios que con información. Se cuestionó la posición de España en Schengen, se restablecieron controles interiores y se alimentó la impresión de que Europa estaba ante una amenaza existencial. Nada de eso respondía a los hechos. Ceuta cuenta con un régimen jurídico específico que impide el libre tránsito al resto del espacio Schengen y la propia reunión extraordinaria de ministros confirmó posteriormente que el espacio europeo de libre circulación nunca estuvo comprometido.

Lo más preocupante de aquellos primeros días no fue lo que ocurrió en Ceuta, sino lo que ocurrió en Europa. Antes incluso de que se conocieran los hechos, algunos gobiernos encontraron más fácil señalar a España que preguntarse qué estaba pasando. Se habló de Schengen, de cierres de fronteras y de responsabilidades compartidas con una precipitación que contrastaba con la complejidad de la crisis. Después llegaron los datos, las rectificaciones y el reconocimiento al trabajo realizado, pero la impresión ya estaba ahí. Cuando la primera reacción de una comunidad política consiste en desconfiar de uno de los suyos, el problema deja de estar únicamente en la frontera.

No es una buena noticia. Porque las fronteras europeas ya no son solo un lugar donde se controla quién entra y quién sale. Son el punto donde se cruzan los intereses de otros países, la política interior de cada gobierno y los miedos de una opinión pública cada vez más fatigada. Quien presiona una frontera sabe que no basta con abrir un paso. Lo verdaderamente útil es abrir una grieta entre quienes deberían responder juntos. Europa puede reforzar sus medios, mejorar sus controles o modernizar sus sistemas de vigilancia. Todo eso será necesario. Pero de poco servirá si, cada vez que una frontera exterior se vea sometida a una presión extraordinaria, los europeos empiezan por discutir entre ellos.

La carta de Pedro Sánchez a los líderes europeos contenía una idea sencilla: las fronteras exteriores son comunes o dejan de ser verdaderamente europeas. Cuando un Estado afronta solo una crisis que afecta a todos, quien pierde no es únicamente ese Estado. Pierde Europa.

La reunión extraordinaria de ministros del Interior permitió corregir parcialmente esa deriva. El reconocimiento al trabajo realizado por España, el respaldo político recibido y la reafirmación de que Schengen nunca estuvo realmente amenazado devolvieron algo de racionalidad a un debate que durante demasiados días estuvo dominado por la ansiedad y la competición política.

También conviene extraer algunas lecciones en casa. España debe analizar con serenidad qué falló para que una operación de esta magnitud no pudiera anticiparse mejor. Reforzar la inteligencia, mejorar las capacidades de respuesta y fortalecer las infraestructuras de nuestras fronteras forma parte de la obligación de cualquier Estado responsable. No hay instituciones perfectas, pero sí instituciones capaces de aprender de sus errores.

Al mismo tiempo, conviene no perder de vista un hecho que suele desaparecer entre el ruido político. La gestión de una frontera no termina cuando cesan las entradas irregulares. Continúa con el cumplimiento del Estado de derecho. Quienes no tienen derecho a permanecer deben ser retornados conforme a la legislación española e internacional. Pero quienes son menores de edad, y especialmente quienes han llegado solos, no son un instrumento de confrontación política. Son una responsabilidad legal y moral.

Por eso resulta difícil comprender que, mientras el Gobierno habilitaba nuevos recursos para la acogida de menores (con una transferencia de crédito extraordinaria de 25 millones de euros) y buscaba una distribución solidaria entre comunidades autónomas, el Partido Popular decidiera supeditar la acogida de niños y adolescentes a sus acuerdos políticos con Vox. Europa puede discutir sobre modelos migratorios. Lo que no debería discutir es el cumplimiento de las obligaciones básicas de protección de la infancia.

En los últimos años, Europa ha aprendido que la seguridad ya no depende únicamente de ejércitos o de fronteras físicas. Depende también de la resiliencia de sus instituciones y de su capacidad para actuar unida frente a quienes intentan aprovechar sus divisiones. La crisis de Ceuta ha sido una prueba de ello.

La verdadera cuestión nunca fue únicamente cuántas personas cruzaron la frontera ni cuántas regresaron después. La pregunta de fondo es si Europa está preparada para responder como una comunidad política cuando uno de sus Estados miembros afronta una crisis que afecta a todos.

Las vidas perdidas en Ceuta nos recuerdan el coste humano de estos desafíos. Pero la reacción europea nos recuerda algo igualmente importante: una Unión que olvida la solidaridad entre sus miembros acaba debilitando precisamente aquello que pretende proteger.

Las fronteras pueden defenderse con medios materiales. La confianza entre europeos, en cambio, solo puede sostenerse mediante la cooperación, la responsabilidad compartida y la convicción de que, cuando una frontera exterior es puesta a prueba, quien comparece al examen no es un solo país. Es Europa.

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Vicente Montávez es portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea y diputado por Madrid