El Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales
Las reparaciones económicas irán a cargo de la Iglesia si la víctima ya no puede acudir a la vía judicial. En el proceso se incluye al Defensor del Pueblo y a asociaciones de víctimas.
El Gobierno central, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.
Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas a cargo de la Iglesia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmarán hoy a las 9.30 horas el acuerdo, según fuentes gubernamentales. Media hora más tarde, el ministro socialista explicará el alcance de lo firmado en una rueda de prensa.
El pacto se basa en eso que se llama justicia transicional, un conjunto de medidas que aplican las sociedades para superar un pasado de conflictos, violencia masiva o violaciones sistemáticas de derechos humanos, buscando verdad, justicia, reparación y no repetición, equilibrando la necesidad de paz con la rendición de cuentas, y enfocándose en las víctimas para construir democracias sostenibles.
En este caso, cuando la vía judicial ya no es posible (bien porque el agresor ha muerto, bien porque el delito ha prescrito), queda reparar y compensar, algo que han intentado hacer en el pasado países referentes como Irlanda o Bélgica. Aún no se había dado el paso en España. Hasta hoy.
Este nuevo sistema cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que presentó su informe al respecto en el Congreso en octubre de 2023. Esta institución toma un papel muy relevante, ya que que será la encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.
Cómo funcionará este nuevo sistema
El Gobierno puso en marcha en abril de 2024 el Plan para la implementación del Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial.
Según ha avanzado Justicia, este nuevo mecanismo prevé las siguientes medidas:
- La víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- Seguidamente, el caso será trasladado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación. La víctima podrá solicitar una reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica y cada caso se resolverá atendiendo a lo pedido.
- Por último, la propuesta recaerá en la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. En el caso de conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
- Si la víctima o la Iglesia mostraran su disconformidad con lo resuelto, se convocará una comisión mixta (Iglesia-Estado), con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. En el caso de que persista el desencuentro, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
La Iglesia asumirá las reparaciones económicas
La Iglesia católica deberá responder siempre a la resolución final y será la encargada de dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo que se determine, informa el ministerio esta mañana. Es decir, siempre recaerán en ella esas responsabilidades. Si no lo hicieran la diócesis, el instituto o la entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento, en su lugar, pero no se puede dejar sin respuesta a las víctimas.
El Gobierno recuerda que ya son cuatro los acuerdos que se ha firmado con el clero en las últimas dos legislaturas, tras 20 años sin consenso de ningún tipo. Estos pactos son:
- El pacto sobre inmatriculaciones de bienes.
- El convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen.
- Las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones.
- La resignificación del valle de Cuelgamuros.
- La reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos que se firma este jueves.
No convence a todos
Hace solo un mes, sin embargo, asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica española se reunieron con el representante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano para escenificar la ruptura de relaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que consideran artífice de una "estafa" por su falta de compromiso.
El portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, explicó entonces que la reunión con el Vaticano tenía como objetivo la "queja" y la "absoluta condena" al comportamiento de la actual cúpula de la Conferencia Episcopal. Según él, el Plan PRIVA de los obispos ha sido "un rotundo fracaso" y "una broma de mal gusto", al dar cabida sólo a 39 víctimas con horquillas de indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 100.000.
Según la Cadena SER, hasta ahora ese programa ha recibido un centenar de solicitudes de reparación, de las que ha resuelto la mitad. En total, la Iglesia ha pagado a estas víctimas un millón y medio de euros en concepto de indemnizaciones por los daños sufrido.
