Condenan a 12 años de prisión y pagar 822.592,85 euros de indemnización a una mujer por envenenar a su expareja con chocolate usando a su hijo de 6 años
No se puede acerca a él a menos de 200 metros y le han retirado la patria potestad durante lo que dura la condena.
El TSJ de Castilla de León ha confirmado la sentencia de la Audiencia de León en la que se condena a una mujer a 12 años y medio de prisión por intentar matar a su expareja con el que tiene dos hijos en común.
De acuerdo a la web Poder Judicial, la condena incluye una indemnización de 822.592,85 euros, además de los gastos médicos no cubiertos a la que era su pareja. A estos se añaden 152.523,65 euros por el abono al seguro. La suma tiene como fin también financiar las obras de remodelación de la vivienda del perjudicado.
Asimismo, a la condenada se le ha impuesto una orden de alejamiento con su exmarido, impidiéndole acercarse a él a menos de 200 metros, además de la pérdida de patria potestad de los dos hijos que tienen en común, ambos menores de edad, durante el tiempo que permanezca en prisión.
Usó una barra de chocolate para envenenarlo
Tal y como recoge la sentencia, los hechos se produjeron en junio de 2022 cuando la acusada echó una dosis letal de talio a modo de raticida a una barra de chocolate Milka. Para realizar el acto delictivo, se valió de su hijo de 6 años, al que instó a no comerla bajo ningún concepto, pero que insistió en que se la ofreciera a su padre, el cual acabó consumiéndola.
El proceso de curación tras la ingesta se prolongó durante 705 días, de los cuales la expareja permaneció 75 en estado muy grave. La intoxicación le ha dejado numerosas secuelas a nivel cognitivo y neuropsicológico, además de afecciones motoras y ceguera absoluta, lo que le ha conferido la posibilidad de disponer de la incapacidad absoluta permanente.
La Sala de lo Civil y Penal considera la sentencia lógica y señala que "los argumentos del recurso relativos a supuestas contradicciones, contaminación del menor o ausencia de prueba directa no resultan suficientes para desvirtuar la convicción judicial".
Asimismo, el Tribunal ha puesto de manifiesto que el uso de menores para cometer el alto delictivo justifica la inhabilitación de los deberes como progenitora, al poner en peligro también la seguridad y protección de los menores, principios todos ellos básicos para la patria potestad: "El delito pone de manifiesto una incapacidad grave para el ejercicio responsable de las funciones parentales y una afectación directa al entorno de seguridad y estabilidad que resulta imprescindible para el desarrollo de los menores", recogen en la sentencia.