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La liosa explicación de Ciudadanos sobre qué entienden por "corrupción política"

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Como diría Mariano Rajoy, Ciudadanos vive en el lío. El embrollo de explicar qué entiende por corrupción política y qué deja al margen. Lo intentó ayer el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. "Con poco éxito", como ha reconocido 24 horas después, cuando se ha dado una segunda oportunidad.

El problema es que tampoco ha quedado muy claro. O sí. Juzguen ustedes a partir del minuto 23:47:

"Corrupción política, la prevaricación, es uno de los delitos que da problemas porque consideramos que no todos los casos de prevaricación..., no que la prevaricación no sea corrupción política, sino que no todos los casos de prevaricación es corrupción. Lo cual no quiere decir que no todos los casos de prevaricación no sean reprochables, no tengan tacha, no se pueda pedir la dimisión de esa persona por haber prevaricado; pero no por corrupción política, será por otra cosa. Entonces, consideramos que hay corrupción política cuando en la prevaricación va unida a enriquecimiento injusto o ilícito, o financiación, o una trama, ligado a una trama de financiación ilegal de partidos políticos".

(Sigue leyendo después del vídeo...)

Preguntado por esta explicación, Villegas ha reconocido que "si hay prevaricación" se puede "pedir la dimisión por haberlo hecho mal". "Pero no diremos que sea porque está dentro del acuerdo contra la corrupción, porque no es corrupción", ha agregado.

¿Y el fraude fiscal? "Es un caso claro de que si un cargo público lo hace, pediríamos su dimisión por ese delito, pero no por corrupción, sino por mala práxis. Es grave y reprochable", ha respondido Villegas, quien tampoco observa "corrupción política" en el caso de Oscar Clavell, imputado por un juzgado de Nules (Castellón) por malversación, prevaricación y fraude en un caso de su etapa de alcalde de Vall d'Uixó.

Ciudadanos asegura además que tiene pendiente convencer al PP de que extienda la aplicación del pacto contra la corrupción a las instituciones locales y autonómicas, algo que, sorprendentemente ha negado el portavoz del PP, Martínez Maíllo. "El documento que se nos remitió hablaba de cargos públicos en general, no se hacía distinción", ha aseverado el dirigente popular.

Donde sí existen discrepancias, ha reconocido, es "en cuándo comienza" a aplicarse el pacto, ya que el PP quiere que sólo se aplique cuando haya Gobierno, mientras que Ciudadanos quiere que sea de aplicación inmediata. Así lo ha resumido Villegas: "Si se firma un pacto o se adopta un compromiso político, desde el momento en que lo firmas estás obligado a él. Si mañana se produjera la imputación de Rita Barberá, nosotros exigiríamos que dejara de ser senadora del PP".

En lo que sí han coincidido ambas formaciones es en hacer extensible este pacto al resto de formaciones y convertirlo en un "pacto nacional" contra la corrupción.

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