He sido muchos años alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y mi relación con mis vecinos y vecinas es tanto o más fluida que entonces. La crisis es un veneno que genera ansiedad, angustia y un malestar insoportable, pero ha servido también para multiplicar la solidaridad entre quienes más sufren las secuelas de la prolongada recesión y entre la inmensa mayoría de quienes no sabemos con exactitud ni qué está pasando, ni cuánto tendremos que pagar y, especialmente, hasta cuándo se alargará esta agonía insufrible.

Cuando voy por la calle, la gente de mi ciudad me plantea las mismas preguntas: ¿Cómo está la cosa? ¿Tú cómo lo ves? ¿No se puede hacer de otra forma? ¿Y cuándo acabará esto? No entienden qué es lo que está ocurriendo. Nadie lo sabe. Y gran parte de la culpa se debe a que estamos en manos de un Gobierno que actúa, pero no informa. La indefinición no ayuda a paliar la incertidumbre y cada Consejo de Ministros solo sirve para multiplicar la aterradora parálisis a la que se han visto abocadas aquellas familias que ya no albergan la más mínima esperanza de abandonar un túnel cuyo final es una quimera.

El Gobierno dice que conoce cuáles son las consecuencias de las medidas que aplica y que tiene un plan. ¿Un plan para qué? ¿Para reestructurar el sistema bancario o para crear empleo y crecer? ¿Y cuándo? Porque Rajoy ha dicho, y las instituciones internacionales también, que en tres años no se crecerá ni se creará empleo.

El verano sólo acaba de empezar y, tras el último Consejo de Ministros, muchas familias se están planteando cómo vivirán después del próximo día 1 de septiembre, fecha en la que entrarán en vigor muchas de las medidas.

Decía el editorial de un periódico que "muchas familias van a tener que emplear el descanso estival para pensar cómo afrontarán la subida de precios que espera a la vuelta del verano".

No habrá que esperar hasta el 1 de septiembre para que pasen por caja las primeras víctimas del último paquete de medidas impuesto por Bruselas y por los implacables mercados que se han instalado en nuestras vidas.

¿Ha puesto rostro el Gobierno a los miles de autónomos que sostienen, junto a las pequeñas y medianas empresas, el grueso de una economía que agoniza ante la ausencia de incentivos y el aumento de los tipos impositivos? ¿Ha cuantificado el Gobierno cuáles serán las consecuencias de este desorbitado incremento de seis puntos?

Los parados verán mermados sus ingresos a partir del sexto mes para, según el presidente, incentivar que busquen un puesto de trabajo. Eso es una ofensa a los millones de parados de este país que no tienen empleo, no porque no lo busquen sino porque no lo hay. El despropósito es de tal calibre que el Gobierno ha ido más allá de las palabras pronunciadas por Rajoy y ha decidido racionalizar el subsidio para mayores de 52 años y eliminar el subsidio especial para mayores de 45.

Y las jubilaciones serán revisadas sin que, hasta ahora, sepamos hasta dónde prevé llegar el Gobierno para cumplir con las instrucciones de la Comisión y el Consejo Europeo.

El Gobierno también aboca al desempleo a muchas personas tras la inexplicable decisión de suprimir la mayoría de las bonificaciones a la contratación. Una enmienda a la totalidad a su ya caduca reforma laboral.

El Gobierno ha optado por retirar 65.000 millones de euros. Un ajuste que no facilita ni salir de la crisis ni crear empleo. Un recorte sin precedentes que se enmarca en un plan que sólo conoce el Ejecutivo y que el resto vamos conociendo viernes tras viernes en ruedas de prensa en las que nos aseguran que los sacrificios servirán para crecer y para generar empleo. Vanas promesas para justificar lo que ellos mismos reprochaban hace ocho meses.

Las imprecisiones del Gobierno sólo sirven para que los ciudadanos desconfíen aún más de sus representantes públicos. Ellos nos dijeron que con solo cambiar de gobierno se iba a recuperar la confianza y no ha sido así. Las preguntas de los ciudadanos también nos las hacemos muchos representantes políticos porque tenemos sus mismas dudas y sus mismas incertidumbres.

La credibilidad está bajo mínimos y, además de los efectos incalculables de una crisis cuyo fin parece estar más lejos, más difícil será recuperar la empatía de una sociedad a la que le va a costar mucho olvidar los aplausos de la vergüenza y la ausencia de sinceridad de un Gobierno que trata de ocultar una verdad a la que, semana tras semana, agrega nuevas dosis de angustia y ansiedad a familias enteras, jóvenes, parados, pensionistas, empleados públicos, etcétera.

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