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¿Es posible una economía más sostenible e inclusiva?

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Ilustración: ALFONSO BLANCO

El pasado diciembre, la Comisión Europea anunció el lanzamiento de un ambicioso paquete de medidas para impulsar la Economía Circular con objeto de fomentar el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo. El vicepresidente primero Frans Timmermans, responsable del desarrollo sostenible, declaró: «Nuestro planeta y nuestra economía no podrán sobrevivir si mantenemos el enfoque del 'toma, fabrica, utiliza y tira'. Tenemos que conservar los recursos valiosos y explotar plenamente todo el valor económico que atesoran. La economía circular trata de reducir los residuos y de proteger el medio ambiente, pero también de transformar profundamente el funcionamiento de toda nuestra economía. Reconsiderando nuestra manera de producir, trabajar y comprar, podemos generar nuevas oportunidades y crear nuevos puestos de trabajo".

También desde el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), se han aprobado varios dictámenes relacionados con una economía más sostenible e inclusiva como el de la promoción de la economía social o la Economía del Bien Común.

Se trata de respuestas a nivel europeo, todavía incipientes, a una demanda social que se refleja en el florecimiento de iniciativas que desde la sociedad se están promoviendo, todas ellas surgidas de la pretensión de transitar hacia una economía más sostenible e inclusiva.

Estas iniciativas comparten el interés por una economía más humana y más amigable respecto al medioambiente. Unas son partidarias de introducir correcciones al sistema de mercado. Otras más radicales proponen sistemas diferentes. Pero, en general, de ellas se pueden extraer algunas ideas interesantes con potencial para mejorar el sistema económico tal como lo conocemos hoy en día.

La Economía Circular mencionada se nutre de los principios de la Economía Azul, cuyo concepto se basa en el ciclo de vida del uso de los recursos y propone que la producción se diseñe y se lleve a cabo desde la perspectiva del funcionamiento de los ecosistemas naturales, asegurando un uso más racional de los recursos y extendiéndolos a cualquier proceso productivo. También está relacionada con la Economía de la Funcionalidad, que estimula la producción de bienes más duraderos primando el uso (frente a la propiedad), buscando hacer frente a la estrategia empresarial de la obsolescencia programada.

Enfatizando otra dimensión, la Economía Social de Mercado aboga por una economía atemperada por una política social que posibilite un mayor equilibrio entre la libertad de mercado y la equidad social. Más recientemente, ha surgido con fuerza la Economía del Bien Común que entiende que éste debe ser el objetivo de la economía y propone que la competencia se sustituya por la cooperación que en definitiva es un sentimiento más acorde con la naturaleza humana.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha propiciado el desarrollo de la Economía Colaborativa, que promueve el intercambio de recursos, disminuyendo la presión sobre la producción. Comparte el mismo principio que la Economía de la Funcionalidad de primar el uso aprovechando el potencial de interconexión de las nuevas tecnologías.

Existen otras iniciativas como la Economía Participativa, que propone democratizar el uso de los recursos en beneficio de una mayor participación de los trabajadores. Por su lado, la Economía de Comunión se centra en el uso de los beneficios empresariales que entiende deben ser destinados a la solidaridad y al crecimiento de la empresa. La Economía Comunitaria aboga por promover dinámicas locales basadas en estilos de vida más sencillos que no ejerzan tanta presión sobre los recursos. Por último, la Economía Basada en los Recursos propone que los bienes y servicios sean patrimonio común asegurando un uso equitativo de los mismos.

Sin entrar a valorar la idoneidad o factibilidad de cada una de ellas, sí se puede afirmar que constituyen el reflejo de un deseo de mejorar los efectos del sistema económico.

Así lo subraya el CESE que, de acuerdo con la Encuesta Mundial de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recuerda que "no existe un solo país donde la mayoría de la población crea que el sistema económico es justo. Asimismo, el 88 % de los alemanes y el 90 % de los austriacos desea «un nuevo orden económico» -encuesta de la Fundación Bertelsmann - y, sin lugar a dudas, este dato se refrenda en aquellos países que han padecido con más severidad la crisis económica, como Grecia, Portugal, Irlanda, España o Italia".

Sin esperar a la respuesta institucional, algunos ciudadanos comprometidos con la sociedad y el medioambiente ya están haciendo realidad la nueva economía.

Probablemente este desencanto tiene que ver con los numerosos problemas cuyos impactos tienen efectos sobre todos nosotros: la destrucción acelerada de los hábitats naturales, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los suelos para el cultivo, la reducción de acuíferos y contaminación de fuentes de agua dulce, la contaminación del aire por las energías de origen no renovable, el calentamiento global, el deterioro del mercado de trabajo, las elevadas y crónicas tasas de desempleo, el aumento de la desigualdad, la inmigración irregular, etc.

Muchos de estos problemas tienen su origen en nuestra forma de entender la economía y la relación con la naturaleza. En la historia de la humanidad encontramos ejemplos de pueblos que han desaparecido como consecuencia de prácticas que terminaron por afectar trágicamente a sus medios de vida. Hoy en día, los impactos de problemas como los mencionados anteriormente tienen un alcance global, y generan enormes dificultades a una población cada vez más numerosa, amenazando el futuro de las personas tanto en los países industrializados como en aquellos en proceso de industrialización.

Pero no se trata de volver a modelos que ya han tenido su momento en la historia y han demostrado su inadecuación. Se trata de evolucionar, de aprovechar las bondades de la economía actual fundamentándola en otros planteamientos que aseguren los impactos deseados. Para ello es necesario introducir elementos que perfeccionen el sistema, implantando las regulaciones necesarias para orientar la economía situando en el centro a las personas, favoreciendo el bien general y preservando los entornos.

Evidentemente, para avanzar en este sentido se necesitan empresas con modelos de negocio que produzcan verdadero valor social y ambiental. Se trata de contar con enfoques empresariales que generen prosperidad y trabajos decentes, sin erosionar los contextos sociales y ambientales en los que operan. Para favorecer este proceso se requiere, por tanto, que los marcos normativos en los que operan las empresas promuevan y primen a aquéllas que aportan valor económico pero también valor social y medioambiental. Y que los consumidores, a través de nuestro poder de compra, optemos por estas empresas.

Esta transición se facilitaría si se introducen en la sociedad las bases adecuadas que lo posibiliten. Estas suponen cambiar la forma en que medimos el resultado de las empresas, ofrecer al consumidor la oportunidad de discriminar la calidad de las empresas respecto a su contribución social y ambiental, así como establecer, por parte del sector público, un entorno que promueva aquel sector empresarial que aporte más a la sociedad.

Sin esperar a la respuesta institucional, algunos ciudadanos comprometidos con la sociedad y el medioambiente ya están haciendo realidad la nueva economía a través de la adopción voluntaria de ciertas formas de hacer, promoviendo nuevas organizaciones económicas y mediante cambios en los hábitos personales de consumo.

Ellos están abriendo el camino, ahora al resto de la sociedad nos toca contribuir al avance. En el mundo actual, en el que el hombre posmoderno parece una marioneta zarandeada por las fuerzas del mercado, queda la duda de si asumiremos como espectadores nuestra predestinación o si nos queda cierto orgullo de humanidad para ir sembrando el horizonte de nuevas perspectivas.

Puedes consultar aquí una versión ampliada de este artículo

 

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