El juez Peinado acepta y aplaza la citación de Begoña Gómez , pero insiste en advertir sobre la "fuerza pública"
Había amenazado con conducirla por la "fuerza pública" en caso de que no acudiese y lo ha reiterado en el nuevo escrito. El abogado de la empresaria solicitó que se pospusiese por tener otras citas judiciales.
El juez ha aplazado la audiencia preliminar al posible juicio, a la que citó a la empresaria y primera dama, Begoña Gómez. La nueva fecha, en la que se abordará si se avanza hacia un juicio oral que además podría incluir la figura del jurado popular, pasa a ser la del lunes 15 de junio, en lugar de la del próximo día 9.
Se trata de una decisión que llega después de que la defensa legal de Gómez reclamase un aplazamiento de la primera fecha, al coincidir esta con otro procedimiento judicial que tenía agendado. De esta forma, Peinado acepta esa solicitud y pospone una semana esta vista, para las 18.00 horas, pero lo hace en los mismos parámetros anteriores.
Peinado ha reiterado en el nuevo auto sobre Begoña Gómez que sigue "manteniéndose la obligación de comparecer". Es decir, ha insistido en la advertencia formulada en la anterior citación en la que advirtió de que si no acudía personalmente a esta cita, sería conducida mediante "la fuerza pública".
De esta forma, esa advertencia también se extiende a los otros dos investigados en la causa que instruye el juez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes "deberán comparecer personalmente" y "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" en caso de que no lo hagan.
La "excesiva prisa" de Peinado que expuso la defensa de Gómez
A mayores de los distintos toques de atención o apercibimientos de instancias superiores que ha venido recibiendo el juez Peinado en este proceso, lo cierto es que en el último recurso de la defensa legal de Gómez también se esgrimió que el procedimiento haya "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático".
También se aludió a una situación de desigualdad indicando que el instructor del proceso haya admitido "decenas de testigos propuestos por las acusaciones [dirigidas por la asociación ultra Manos Limpias]" pero haya "denegado la práctica totalidad de las" de la defensa, conllevando "una quiebra del principio de igualdad de armas".
Denuncia que el magistrado le haya dado al procedimiento "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático".
