BLOGS

La multa histórica que no hace historia

16/12/2013 07:52 CET | Actualizado 14/02/2014 11:12 CET

La Comisión Europea (CE) ha impuesto una cifra récord en concepto de multa a algunas de las entidades bancarias más importantes. La multa alcanza los 1.700 mil millones de euros, y afecta a Citigroup, JPMorgan Chase (EEUU), Royal Bank of Scotland (UK), Société Générale (FR) y Deutsche Bank (Al). Joaquín Almunia ha declarado que las investigaciones han mostrado acuerdos colusivos de algunos traders de dichas entidades para manipular el LIBOR. Recordemos que el LIBOR es un tipo de referencia para créditos a empresas y hogares.

La manipulación se ha dado porque estas entidades actúan en mercados no regulados -OTC- con derivados de tipos de interés. A pesar de que su existencia data de tiempos inmemoriales -tradicionalmente en relación a los productos agrícolas- la hegemonía de los mercados derivados se extendió a partir de los años 80, gracias a la liberalización conservadora promovida por Gobiernos como el de Thatcher o el de Reagan.

Esto ha transformado radicalmente la actividad bancaria. Si bien antes los beneficios surgían de la diferencia entre el tipo de interés que los bancos pagaban por los depósitos y el tipo de interés que cobraban por los préstamos, ahora los grandes beneficios cada vez más provienen de la actuación de los bancos en los mercados financieros por cuenta propia. No es casualidad que los bancos mencionados manipulasen el LIBOR para no estar a descubierto en inversiones en mercados no regulados en sus posiciones en derivados de tipos de interés. Es la consecuencia de la llamada liberalización de los mercados de capitales. No obstante, el lenguaje a veces puede ser ambiguo, ya que sería más adecuado decir descriminalización de ciertas prácticas anteriormente reguladas.

Todas las entidades multadas han declarado que la multa -negociada con la Comisión Europea- se debe a comportamientos individuales que han infringido los valores de la entidad, y en todos los casos los traders han sido suspendidos. Es la teoría del trader loco, que permite a la entidad desentenderse de una práctica que en realidad es una política empresarial. Los targets de beneficios y la transformación de la actividad bancaria no tienen como consecuencia un trader. Si uno solo, o un par de traders pueden causar semejantes desaguisados, es que la actividad bancaria privada tiene un problema.

Y es que la llamada financiarización -un régimen económico dónde los beneficios se dan principalmente y/o de forma creciente por canales financieros- tiene como consecuencia la socavación de atributos clásicos de la democracia. En primer lugar, socaba la capacidad legislativa, ya que toda esta despenalización ha sido posible por la fuerte actuación de los lobbies financieros en los parlamentos e instituciones supranacionales. Por ejemplo, en un trabajo publicado por el FMI, se asegura que aquellas entidades que más gastaron en actividades de lobby, eran precisamente las que más expuestas estaban a las subprime. En la Unión Europea muchos de los comités que asesoran a la CE están compuestos por lobbistas de los sectores implicados. De las ocho personas del grupo de expertos creado por la CE para la reforma financiera, llamado Grupo de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera en la UE, cuatro tienen estrechos lazos con los bancos que han causado la presente crisis financiera (Goldman Sachs, Citigroup, Lehman Brothers, BNP Parisbas). La quinta persona es una conocida defensora de la desregulación financiera, tal y como señala un informe de Alter-Eu.

Otro de los atributos clásicos de la democracia que se ve erosionado por la financiarización es la característica de vigilar y castigar comportamientos fuera de la ley. La capacidad de vigilar y penar por parte de los estados se debilita por las actividades propias de la industria financiera por dos razones: primera, porque la capacidad de supervisión de la valoración del riesgo se ha traspasado a las agencias de rating y segunda, porque salvo casos excepcionales, no se han producido consecuencias penales para ninguno de los principales responsables de la crisis, tal y como señalamos en un trabajo con Andrés Mendioroz sobre la financiarización y su relación con la democracia. ¡Los directores de dichas entidades ni tan siquiera han sufrido consecuencias laborales!

Y es que no es una cuestión de cinco años -el periodo que ha investigado la CE para imponer las multas negociadas con las entidades- sino el funcionamiento estructural del sector bancario privado el que da muestras de peligrosa disfuncionalidad. Se hace necesaria una auditoría democrática de las cuentas de las entidades, un saneamiento mediante quiebra de aquellas que no puedan hacer frente a sus obligaciones, un enjuiciamiento de los responsables y la creación de una banca pública con criterios democráticos.

Los movimientos populares han tomado la iniciativa, y en España, el Tribunal Ciudadano de Justicia -un grupo de trabajo surgido del 15M- ha interpuesto su primera querella por sobretasaciones a entidades financieras, lo que abriría la puerta no solo a identificar a las cúpulas directivas responsables de esta estrategia de negocio, sino a liberar a miles de familias del peso de ser desahuciados de su hogar e incluso a cuestionar la legitimidad de una deuda privada generada por métodos ilegales, y toda la deuda pública generada para como consecuencia de ello. Esto sí es profundización democrática.

NOTICIA PATROCINADA