Si creías que los recortes en España iban a acabar con los elefantes blancos, esos consejeros y directivos de instituciones públicas capaces de resistir incluso a Gobiernos de diferente signo, te equivocabas. Este tipo de elefante poco común con aura de sagrado, tiene un coste de manutención superior a los beneficios que reporta. Por eso los antiguos reyes de Tailandia lo regalaban cuando querían jorobar a algún súbdito. Hemos topado con uno de los últimos supervivientes y una institución que es un cementerio virgen: El Consejo Consultivo de las Privatizaciones, que jugará un papel destacado en la inminente ola privatizadora.

Luis Gamir es uno de esos ejemplares digno de estudio. Ahora, que tras la renovación en julio del Tribunal de Cuentas, una institución que se había convertido en un geriátrico de lujo, pensábamos que las instituciones públicas se habían vaciado de "momias", nos topamos con el Consejo Consultivo de las Privatizaciones al frente del cual, Rajoy ha puesto a este viejo colega al que acaban de obligar a jubilarse como vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear por ser mayor de 70 años.

El dos veces ministro con UCD y ex coordinador económico del PP es de los que han nacido pegados a un sillón y se resisten a renunciar a la sensación de poder que otorga un puesto oficial, aunque sea en un organismo vacío de contenido y del que nadie se explica su existencia, como el que él mismo presidió durante ocho años, de 1996 al 2004, compatibilizándolo con su acta de diputado a pesar de estar prohibido. ¿Cómo se justifica que un ente puramente consultivo, creado por Aznar en plena fiebre privatizadora, siga funcionando cuando ni en 2009, 2010 ni 2011 se ha ingresado un céntimo por privatización?

Todas las fuentes consultadas se han sorprendido primero, y escandalizado después de que perviva en el limbo tan obsoleto Consejo. Hasta en la última memoria de 2010-2011, se ven obligados a argumentar que en otros países hay organismos similares "que emiten un informe sobre las privatizaciones antes de la toma de la decisión final". El 97 y el 98 fueron los años de la orgía de privatizaciones que incluyó a empresas como Telefónica, Repsol, Tabacalera, Gas Natural y Argentaria. La última empresa vendida en Bolsa mediante una OPV fue Ence en 2001. Lo cierto es que resulta difícilmente comprensible que el Gobierno de Rajoy haya decidido fusionar los reguladores asumiendo el propio Estado la regulación en materia de telecomunicaciones -casualmente el marido de la vicepresidente trabaja para Telefónica y un hijo de Margallo acaba de fichar también con Alierta-, Competencia o Energía, esgrimiendo que hay que ahorrar, y en cambio haya dinero para mantener organismos fantasma. Ah, nos olvidábamos de que el prurito privatizador ha vuelto. El presidente Rajoy recupera el plan de Zapatero de vender el 30% de Loterías, al que tanto se opuso, y AENA. A los que se sumarían Renfe, Paradores y Puertos del Estado. Los restos de la época de Aznar, tras la venta al mejor postor de 52 compañías estatales.

Qué mejor que un señor, al que le horroriza pensar en pasar el invierno en Benidorm rodeado de jubilados, para controlar que los informes sean lo más amables posibles, que no se tenga en cuenta por ejemplo, que privatizar Renfe sin liberalizar antes el mercado solo servirá para malvender el transporte ferroviario y que acabe en manos de otra empresa estatal como la francesa SNCF, algo que desaconsejan los expertos.

En cualquier caso, el exministro de UCD puede estar tranquilo en ese espectral Consejo. Difícilmente el rey va a organizar un safari dentro de la capital.

UNA ESPECIE QUE CREÍAMOS EN EXTINCIÓN

Cuando el pasado verano, PP y PSOE llegaron a un acuerdo sobre la renovación de órganos institucionales y de reguladores como el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de la Energía o la de las Telecomunicaciones, políticos, juristas, economistas y plumillas observaron con cierto alivio y parte de nostalgia -nos habían dado para escribir tantas veces- como personajes que parecían eternos desde hacía décadas en algunos de esos organismos, se diluían, desaparecían de nuestras vidas.

El paradigma de esa historia era el Tribunal de Cuentas, donde eméritos como el catedrático Juan Velarde Fuertes -el único gran economista que ha debido dar Falange en toda su vida- se marchaba a los 85 años. Lo mismo sucedía con señores como Ubaldo Nieto o Manuel Núñez, los tres expresidentes del citado Tribunal de Cuentas.

Claro que de aquellos elefantes blancos, unos se marcharon haciendo más ruido que otros. Por ejemplo, Nieto, Núñez y la ex adjunta al Defensor del Pueblo y ex responsable en funciones de esa institución, María Luis Cava de Llano, pidieron indemnizaciones que llegaron hasta el Congreso. La de Ubaldo Nieto y Manuel Núñez ascendía a algo más de 180.000 euros. Los socialistas Ciriaco de Vicente y Luis Martínez Noval también se apuntaron a esas indemnizaciones, ante posibles incompatibilidades en el futuro. Y el mismo Velarde. Todos ellos debían de pensar seguir con su vida profesional, aunque bien superados los 60 la mayoría de ellos.

El más tierno fue el caso de Velarde. Por él se preocupó mucho su antiguo discípulo, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que realizó la correspondiente llamada a los negociadores en la renovación del Tribunal de Cuentas, para rogar que trataran bien a don Juan, al menos intentado dejarle el coche oficial, el chófer y la secretaria. Era muy mayor y a sus 85 años, hacía décadas que no se bajaba de esas prerrogativas.

Tampoco los socialistas se anduvieron por las ramas. Si bien es verdad que Ciriaco de Vicente -el médico que nunca llegó a ministro de Sanidad con Felipe González- también estuvo décadas en el Tribunal de Cuentas.

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