Por lo que hemos podido saber, en el Ministerio de Fomento se sigue con la idea de establecer un peaje "blando" por el uso de las autovías. Sobre este asunto hay varios aspectos que conviene saber.

El primero de ellos es que España es el tercer país en el Mundo, después de EE UU y China, en número de kilómetros de vías de gran capacidad (VGC), que superan los 15.600 kilómetros entre autopistas de peaje, autopistas y autovías del Estado y vías de responsabilidad autonómica o municipal, que de todo hay en nuestra geografía. Precisamente, éste es otro aspecto que hay que tener presente: el de la titularidad de las vías. Las hay privadas, en régimen de concesión y que se asocian en una entidad denominada ASETA. Las autopistas de peaje en España suman 3.365 kilómetros.

La crisis de los últimos años ha producido un importante descenso en la recaudación por peajes. Incluso, dos de las vías radiales, la R-3 y R-4 se han declarado en concurso de acreedores y otras dos, en preconcurso. La verdad es que salvo en días muy concretos de gran congestión prevista, por estas vías alternativas se circula prácticamente en solitario. Estas autopistas de peaje "radiales" se construyeron en los años de vacas gordas, por iniciativa de los grandes grupos constructores y con el apoyo de entidades financieras. Pensaron sus promotores que los ciudadanos (y el transporte de mercancías) las iba a utilizar preferentemente, para evitarse la congestión en las vías gratuitas de los alrededores de las grandes urbes. Mala previsión.

En cuanto a las llamadas autovías, que suman algo más de 15.000 kilómetros, todas son de titularidad pública (como es lógico), pero con distintas propiedades: la Administración Central, las Autonomías y los de Ayuntamientos y Diputaciones. Esta disparidad en la responsabilidad somete a tal complejidad la administración y conservación de las vías, que en la Comisión Europea a España la tienen ya por imposible. Valga un ejemplo:

Los coches eléctricos funcionan con corriente de alta intensidad. En caso de un accidente, los cuerpos de seguridad y los servicios de intervención de las autopistas necesitan un protocolo de intervención de cierta complejidad. Es necesario tomar algunas precauciones y desconectar el sistema eléctrico antes de proceder a la excarcelación de los heridos. Pues bien, un fabricante de coches eléctricos se encontró con la desagradable sorpresa de tener que explicar este procedimiento a más de 30 organismos distintos, y comentaba que "seguro que la mitad de los que intervienen todavía siguen sin enterarse".

Insisto que es un ejemplo de las diferentes administraciones que velan por el estado y seguridad de las carreteras en España.

Pero que conste que tampoco en Europa la cosa está tan clara: hace pocos días nos comentaba un transportista TIR (del francés Transporte International Routier) que para circular por el continente hay ¡no menos de 9 tipos distintos de telepeaje!

Pues con todo este maremagnum ahora en Fomento y en el Ministerio de Hacienda estudian la implantación de peajes en la red nacional. Naturalmente, que tiempo les faltará a las comunidades autónomas para implantar también el pago en las autovías de su titularidad. Se habla de 2 céntimos por kilómetro, lo que significa un euro cada 50 kilómetros. Hagan cálculos: un viaje entre Madrid y Barcelona alrededor de 10 euros, si no contamos el tramo insufrible de la N-II entre Zaragoza y Lleida.

Dicen quienes lo están estudiando en Fomento, que se recaudarían entre 8.000 y 12.000 millones de euros, cifra que sería suficiente para atender a los gastos de conservación de la red nacional, que la pobre está en las últimas. La verdad es que a nosotros se nos escapa el control y la comprensión de tal cantidad de ceros.

Lo malo es que la mayoría de la red de autovías gratuitas se ha construido desdoblando las vías anteriores de doble sentido. Eso significa que si se fija un peaje para estas vías, no hay recorrido alternativo. ¿Es eso constitucional? Entiendo que se pueda cobrar peaje si existe otra alternativa... aunque sea tan inaceptable como la carretera del Mediterraneo o la mencionada N-II entre Zaragoza y Lleida. Pero cobrar por circular cuando no hay otra vía debería de estar perseguido por la Justicia.

Otra cosa será el repunte inevitable en la siniestralidad: carreteras más congestionadas son más propensas a los accidentes, en una progresión exponencial. Pero eso no creo que les importe demasiado a los recaudadores.

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