El genocidio indubitado
Lo realmente importante es aunar esfuerzos para parar esta horrenda matanza, perseguir a sus autores y tomar medidas para que nunca más un colectivo sufra los horrores.
Cuando en España estamos todavía discutiendo en términos de pura política interna sobre la conveniencia o no de que la comunidad internacional aísle a Israel, expulsando a las representaciones israelíes de los eventos internacionales, deportivos, artísticos o de otra índole, Naciones Unidas, un organismo decadente pero todavía con una poderosa auctoritas, avanza en la calificación del brutal comportamiento del Estado judío. Hoy mismo, una comisión de investigación ad hoc de la ONU ha llegado en Ginebra a la conclusión de que Israel ha cometido genocidio en Gaza; asimismo, el dictamen afirma que altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu , han incitado esos actos.
La sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, jurista de reconocido prestigio, jefa de la comisión de investigación sobre el territorio palestino ocupado y exjueza de la corte penal internacional, ha presentado el documento a la vez que declaraba sin rodeos que "en Gaza se está cometiendo un genocidio". Pillay tiene dilatada experiencia en estas lides ya que presidió el tribunal de la ONU para Ruanda, donde más de un millón de personas fueron asesinadas en 1994; y en esta ocasión ha declarado que las situaciones son comparables: "Cuando analizo los hechos del genocidio de Ruanda, veo que son muy similares a los de Gaza. Se deshumaniza a las víctimas. Son animales y, por lo tanto, sin problemas de conciencia, se les puede matar".
El informe desgrana multitud de ejemplos que dan idea de la escala de los asesinatos, bloqueos de ayuda humanitaria, desplazamiento forzado de civiles y la destrucción de una clínica de fertilidad para respaldar su conclusión de genocidio, sumando su voz a los grupos de derechos humanos y otros que han llegado a la misma conclusión.
La jurisprudencia es clara: la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, adoptada tras el asesinato en masa de judíos por la Alemania nazi, define el genocidio como aquellos crímenes cometidos «con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal». Para que se considere genocidio, debe haberse cometido al menos uno de cinco delitos que se tasan, y la comisión de la ONU ha llegado a la conclusión de que Israel ha cometido al menos cuatro de ellos: matar; causar daño físico o mental grave; someter deliberadamente a condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial de los palestinos; e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos.
Pillay ha mencionado como pruebas de cargo innumerables entrevistas con víctimas, testigos y médicos, así como documentos verificados de fuentes abiertas y análisis de imágenes satelitales recopiladas desde que comenzó la guerra.
La comisión también ha llegado a la conclusión de que las declaraciones de Netanyahu y otros funcionarios constituían una prueba directa de intenciones genocidas. Entre tales testimonios, ha citado una carta que Netanyahu escribió a soldados israelíes en noviembre de 2023, en la que comparaba la operación en Gaza con lo que la comisión describió como una «guerra santa de aniquilación total» descrita pormenorizadamente en la Biblia hebrea. El informe también señala como responsables del genocidio al presidente israelí, Isaac Herzog, y al ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Este informe todavía no manifiesta la opinión formal y definitiva de Naciones Unidas ya que la Comisión es independiente. Pero las gestiones judiciales avanzan y el Estado de Israel ha sido acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El gobierno judío rechaza tales acusaciones, alegando su derecho a la legítima defensa tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.200 personas y dejó 251 rehenes, según cifras israelíes.
Nadie niega tal agresión, que ha de ser recriminada con toda la intensidad que merece y que legitima sin duda una dura respuesta israelí, siempre en el marco del estado de derecho. Pero la provocación de un odioso grupo terrorista no justifica la comisión de 64.000 asesinatos de miembros de la población civil, en gran medida mujeres y niños, ni la destrucción del hábitat de una comunidad étnica, ni su sometimiento a un asedio por hambre que ha producido constatables y numerosas muertes por inanición.
Con toda esta realidad ante los ojos, no tiene sentido que los partidos políticos españoles se desgañiten en una polémica absurda sobre el trato que hay que dar a los genocidas, no por su nacionalidad, su etnia o su historia sino por estar cometiendo un horrendo crimen de lesa humanidad, que pasará a la historia negra de este siglo XXI como el Holocausto tiñó de sombras el siglo XX. Lo realmente importante es aunar esfuerzos para parar esta horrenda matanza, perseguir a sus autores y tomar medidas para que nunca más un colectivo sufra los horrores de una persecución masiva como la que discurre ante nosotros, diríase que sin que haya suscitado toda la indignación que sería menester.
