Bruselas cuestiona el contrato del Gobierno de España con Huawei: advierte de un posible "riesgo de injerencia extranjera"
En respuesta a una pregunta formulada por el eurodiputado Jorge Buxadé, líder de Vox en la Eurocámara, Henna Virkkunen ha señalado que este acuerdo puede generar "una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico".
La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha advertido este miércoles sobre el riesgo de injerencia extranjera que podría derivarse del contrato firmado entre el Ministerio del Interior de España y la empresa china Huawei.
En una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, ha indicado que este acuerdo puede generar "una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico", en referencia al almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
Virkkunen ha contestado así a una pregunta formulada por el eurodiputado Jorge Buxadé, líder de Vox en la Eurocámara, quien había pedido aclaraciones a Bruselas sobre si la adjudicación está en línea con las recomendaciones europeas sobre seguridad en redes 5G y la Directiva SRI 2.
"La contratación con Huawei puede aumentar el riesgo de injerencia extranjera", ha señalado la comisaria finlandesa, recordando que tanto Huawei como ZTE ya fueron calificados en junio de 2023 como proveedores con "riesgos significativos mayores" que otros actores del sector 5G. A raíz de esta evaluación, la propia Comisión Europea adoptó medidas para restringir el uso de estas tecnologías en sus redes internas y limitar su acceso a financiación comunitaria.
Asimismo, Virkkunen ha subrayado que los Estados miembros están autorizados a restringir o excluir a estos proveedores de sus infraestructuras críticas, en aplicación del marco legal vigente en la UE.
A pesar de las advertencias, la comisaria no ha anunciado medidas concretas contra el contrato español, y remite el examen más general de la seguridad de las cadenas de suministro tecnológicas a la próxima revisión del reglamento europeo sobre ciberseguridad, cuya fecha aún no se ha fijado.
El caso reabre el debate sobre el uso de tecnología china en sectores estratégicos y la necesidad de garantizar la autonomía tecnológica y la seguridad de las infraestructuras críticas en el seno de la Unión Europea.
