El Congreso aprueba penalizar las terapias de conversión: de infracción administrativa a delito con penas de prisión

El Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

La iniciativa del PSOE ha superado el trámite en el Congreso con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.

La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.

El texto aprobado, que sale del Congreso sin incluir las enmiendas que quedaban vivas para el pleno, establece la prohibición de ayudas públicas a "personas físicas, entidades jurídicas y/o asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia".

"Las personas no somos errores, no tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de pensar o de querer", ha aseverado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el debate, en el que ha agradecido que los grupos hayan defendido "avanzar" en el desarrollo de la Constitución que reconoce en su artículo 15 "la libertad, el derecho a la vida, la dignidad y que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes".

Rifirrafe entre PP y PSOE

Durante la defensa de la posición del PP, el diputado Jaime Miguel de los Santos ha protagonizado un encendido debate sobre el respeto de su partido y de los gobiernos autonómicos del PP a los derechos LGTBI+. Ha argumentado que la ley es "necesaria" porque "las terapias de conversión son un delito contra los derechos humanos", pero ha lamentado que esté "corrompida por el sectarismo de algunos".

"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas", ha afirmado el parlamentario popular, quien ha criticado que el debate se produzca en vísperas del Orgullo, "como si el resto de los días del año no les preocuparan los problemas del colectivo, demostrando una vez más que nos utilizan".

El portavoz del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha reprochado al diputado popular que haya buscado el protagonismo en la defensa de la ley en el hemiciclo. "Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+, yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en lado correcto de la historia", ha aseverado el diputado socialista, quien ha destacado que la ley ha llegado al Parlamento por la lucha de las víctimas. "Sabemos que llegamos tarde, pero llegamos para hacer justicia".

Desde Junts, Pilar Calvo, ha abogado por seguir trabajando en el Senado para "conseguir una mejor ley y el consenso para decir que nos sentimos orgullosos", como se hizo con la ley ELA. "Prohibir no es solo sancionar", ha argumentado la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, quien ha confiado en que la ley "sea un punto de partida" para avanzar en el futuro en medidas de reparación y acompañamiento.

Desde Sumar, Tesh Sidi ha respaldado la vía penal al estimar que tal y como está sancionado no es suficiente y ha defendido también avanzar en el acompañamiento a las víctimas: "Vamos a seguir batallando".

Podemos ha votado a favor "porque cualquier avance es mejor que nada, aunque se queda corta", ha asegurado Noemí Santana. Para la diputada del PNV, Maribel Vaquero, el daño de esas 'terapias de conversión' "no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten".

Vox se ha opuesto a la norma y la ha calificado de "absoluto despropósito" y un ataque "a la libertad individual", porque según la diputada María de la Cabeza Ruiz, solo se quiere "castigar a quien haría las cosas de manera distinta". "Quieren meter en prisión a un padre que lleva a su hijo al psicólogo o a los sacerdotes a los que los homosexuales piden ayuda voluntariamente", ha añadido.