El Congreso tumba el decreto antiapagones del Gobierno con los votos en contra del PP, Vox, Junts y Podemos
Pretendía poner en marcha medidas para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país, después del peor incidente del sistema eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril.
El Congreso ha tumbado este martes el decreto antiapagones del Gobierno con 183 votos en contra del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y UPN. Con este decreto el Ejecutivo pretendía poner en marcha algunas medidas para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país, después del peor incidente del sistema eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril.
La normativa debía suponer un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando mucho en apostar por las energías verdes en España. Fuentes del sector y consultores expertos advertían de que si decaía el decreto se podrían esfumar alrededor de 3.000 millones de euros, ya que el próximo jueves 24 de julio vence un hito administrativo clave para estos proyectos.
"No tienen ni la más mínima sensibilidad ante un tema de esta envergadura", ha reprochado María de las Nieves Ramírez, del PSOE, ante el Pleno del Congreso, el mismo al que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había pedido "responsabilidad política" y "altura de miras".
El PP, cuyo sentido del voto era una incógnita hasta poco antes de la votación, ha aseverado durante su turno de palabra que no van a avalar un texto que interpreta como un intento del Ejecutivo de "ocultar sus errores y lavar sus culpas".
"No lo apoyamos por coherencia, responsabilidad y respeto a la verdad", ha afirmado el diputado popular Guillermo Mariscal, para quien el incidente en la España peninsular y Portugal "fue el resultado directo de la gestión catastrófica de este Gobierno".
El PP "está votando en contra del interés general"
Sobre ello se ha pronunciado también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha acusado al PP de creer que vota contra el Gobierno cuando "está votando en contra del interés general", y ha anunciado que volverá a llevar la norma al Congreso, convencido de que será convalidada.
El presidente de España se ha pronunciado así en Montevideo en el marco de su gira por Sudamérica, donde en rueda de prensa junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha cargado contra los populares por hacer "todo menos política" e intentar que el Gobierno sufra un castigo parlamentario.
También Vox ha votado en contra. Su diputado José María Figaredo ha defendido que el texto no es "ni necesario ni sirve absolutamente para nada", en tanto que Míriam Nogueras, de Junts, ha avisado al Gobierno de que sus votos "no son un cheque en blanco", en señal de castigo por incumplir el acuerdo político respecto a la amnistía y el uso del catalán.
Como ya anunciara, Podemos también ha votado 'no' al real decreto-ley, ya que, ha denunciado la diputada Martina Velarde, "deja la regulación y el funcionamiento del sistema como estaba" y "tiene que ver con casi todo menos con el apagón".
Por su parte, BNG se ha mostrado en contra de este texto que "da todavía más poder a las empresas del sector eléctrico para instalar parques eólicos, fotovoltaicos o hidroeléctricas reversibles donde quieran, favoreciendo la especulación y ahondando en una dinámica que nada tiene que ver con una transición sostenible", según Néstor Rego.
El repaldo de los sectores eléctrico e industrial
En los últimos días, los sectores eléctrico e industrial habían mostrado su respaldo al texto e, incluso, varias asociaciones empresariales enviaron una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo su apoyo a la convalidación.
De hecho, en un comunicado conjunto remitido el pasado viernes, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, y patronales de las energías limpias como APPA Renovables, AEE (eólica) y UNEF (fotovoltaica), advertían de las "graves consecuencias" de no ratificar esta batería de medidas.
Entre ellas, alertaban de la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, pérdida de competitividad internacional, paralización de inversiones que reducen la dependencia energética y vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica.