Los días históricos se amontonan y con cada nueva jornada crucial para la política española, uno parece casi olvidar anteriores efemérides. Es el caso, por ejemplo, del apagón que asoló la Península el pasado 28 de abril y cuyas causas todavía eran desconocidas. Hasta hoy. La vicepresidenta y ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, ha presentado esta mañana el informe del Comité para el análisis de las circunstancias que provocaron lo que el Gobierno llama "crisis de la electricidad", un mes y medio después de que ocurriera y en el primer Consejo de Ministros que se celebra tras la publicación de otro informe no menos importante, el de la UCO sobre Santos Cerdán. El Ejecutivo, mediante el trabajo del Comité, ha podido alcanzar un "diagnóstico".

Las causas del "cero energético" fueron, tal y como ha desarrollado Aagesen en rueda de prensa, diversas y apuntan tanto al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España, como a las empresas generadoras de energía. Lo que sí ha descartado el Gobierno, ya de manera definitiva, es el ciberataque. "No existe evidencia de ciberincidente como causa de la crisis energética", ha afirmado la ministra para, eso sí, señalar que la investigación ha evidenciado vulnerabilidades en la seguridad que podrían exponer la red "a potenciales riesgos" en el futuro.

Para explicar lo sucedido, Aagesen ha realizado un desarrollo cronológico de los hechos, que concatenados provocaron lo que todo el mundo sabe: España se quedó sin energía a las 12.33 horas del 28 de abril. El primero de estos factores señala a una falta de previsión de Red Eléctrica de España. Un día antes del apagón, el 27, el operador de la red solicitó diez centrales térmicas para controlar la tensión si fuera necesario, es decir, para absorber o generar energía. El problema es que una de estas centrales, que recibieron "compensaciones económicas", se declaró “indisponible” a las 20.00 horas y REE no la sustituyó. La operadora, ha explicado Aagesen, decidió continuar el día 28 con una "necesidad menor" a la que había calculado un día antes.

Llegó, entonces, el día 28. El comité ha desvelado que durante la mañana se produjeron distintas llamadas desde varias empresas al centro de control de REE para advertir de "inestabilidades". Comenzaron las "variaciones de tensión", aunque en un principio "dentro de los límites que establece la normativa". Si bien en un comienzo eran variaciones que podían entrar en la normalidad, a las 12.03 se produjo una "oscilación del sistema" que no es "conocida ni típica". Fue una oscilación, según la información disponible, "de carácter local" y su origen está en la Península Ibérica. Red Eléctrica de España ha vinculado este vaivén con una "instalación específica".

En ese momento, los problemas se dispararon, lo que llevó a una "ola de sobretensión". Ante la oscilación atípica, Red Eléctrica tomó medidas para amortiguarlo, pero con un efecto secundario, el aumento de tensión. Además, se redujo, como marca el protocolo en estos casos, reducir la exportación con Francia, que también ocasiona un incremento en la tensión. A las 12.16 y a las 12.19 horas se producen nuevas oscilaciones, lo que obliga a tomar de nuevo medidas que suben la tensión. En ese momento, Red Eléctrica ordena conectar una nueva central en la zona sur, pero necesitaba una hora y media para activarse. Estaba programada para las 14.00 horas, demasiado tarde.

A las 12.32 horas la subida de tensión fue ya insalvable. Era "rápida, sostenible y lineal". Red Eléctrica comenzó entonces a identificar "desconexiones", primero en Granada, luego en Badajoz, Segovia, Huelva, Sevilla... El "efecto cascada" fue imparable. La investigación del comité gubernamental, no obstante, ha descubierto que "algunas de estas desconexiones ocurrieron de manera indebida". Asimismo, Red Eléctrica pudo detectar que las centrales disponibles tampoco "estaban regulando tensión según lo previsto por la normativa".

El informe, que estará disponible para todo el mundo a partir de esta tarde, "ha cumplido con el mandato" de explicar lo sucedido, ha celebrado Aagesen, quien ha especificado que no ha de entenderse como un "examen judicial", sino como "una herramienta de análisis y de acción". No obstante, la ministra ha destacado que "se han identificado datos contradictorios, incompletos e información" que ni siquiera "ha llegado". Por ello, el Gobierno enviará la información disponible a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que realice un "estudio más en profundidad" y determine posibles sanciones, si fueran necesarias.

Aagesen ha anunciado, por otro lado, que no se conocerán las empresas implicadas. Sus nombres "aparecerán omitidos" por "confidencialidad", un anonimato que responde además a la "petición expresa de los actores". En unos días, Aagesen comparecerá, por tanto, en la Comisión de Secretos Oficiales para ampliar la información conocida.