González Amador tiene cuatro problemas: todos los delitos de los que se le acusa
Tendrá que hacer frente a un presunto fraude a Hacienda, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para él.
Parafraseando a Miguel Ángel Rodríguez, González Amador va pa'lante. Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Son, de hecho, dos delitos más de los que determinó la anterior titular de juzgado María Inmaculada Iglesias, quien le procesó sólo por fraude a Hacienda y falsedad.
El novio de Ayuso está a un paso del banquillo, aunque todavía le queda una bala: que la Audiencia Provincial de Madrid estime un recurso de apelación que presentó el 1 de septiembre al considerar que sus derechos fueron vulnerados durante la fase de instrucción.
A continuación, detallamos por qué se le acusa de cuatro delitos y cuál es la condena que le podría suponer en el caso de que la Justicia le declare culpable de todos o alguno de ellos.
Fraude a Hacienda y falsedad documental
La investigación contra González Amador arrancó cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal el 23 de enero de 2024 a Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas.
Un informe de la Agencia Tributaria sobre una inspección llevada a cabo en 2022 alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021.
Durante la pandemia, González Amador puso en contacto a dos empresas para la compraventa de material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. Esto le reportó unos jugosos beneficios de los que no habría tributado en parte a Hacienda a través de una supuesta confección de facturas falsas para aumentar sus supuestos gastos y reducir el beneficio.
De esta manera, y siempre según la investigación, se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 y 195.951,41 euros en 2021.
El informe de la Agencia Tributaria especificó que se habrían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
Delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
Estos dos nuevos delitos son a petición de PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular. Según ambas formaciones, Amador y los cuatro empresarios que elaboraron para él las facturas consideradas falsas constituían una organización criminal.
Según el artículo 570 del Código Penal, se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
En cuanto al delito contable, PSOE y Más Madrid reconocen que cuando se produce un fraude fiscal queda absorbido por este último delito, según la jurisprudencia, pero lo incluyen porque procesalmente tenían restringida la solicitud de pena por fraude fiscal.
Según el artículo 310 del Código Penal, el delito contable consiste, básicamente, en incumplir las obligaciones fiscales o contables que exige la ley. Las conductas típicas pueden ser de omisión de información o la comisión de actos inapropiados como, por ejemplo, ocultar la situación financiera real.
¿Y cuál podría ser la pena a la que se enfrente González Amador? La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para él junto a multas de 624.402 euros y 488.927 euros, respectivamente mientras que PSOE y Más Madrid solicitaron cinco años de prisión y una multa de 9 meses a razón de 100 euros diarios que suma 27.000 euros.
Y hay más...
En una pieza separada, la justicia también investiga al empresario por posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, relacionados con la compra de una empresa a la mujer del actual presidente de Quirón.
La fiscalía considera extraño que Alberto González Amador comprara una empresa de estética por 500.000 euros que "carecía de valor”, ya que no facturaba ni 30.000 euros anuales y no tenía empleados ni activos. Esta empresa creada en 2008 ni siquiera tenía un local propio y compartía sede con la farmacia de la que era titular Gloria Carrasco. Y en cuanto a activos, sólo contaba con un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. Sin embargo, la fiscalía sospecha que la compra podría haber sido una simulación de González Amador para darle una 'comisión' a esta mujer por los negocios que el empresario ya mantenía con Quirón. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.
El delito de corrupción en los negocios castiga los pagos de sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas, mientras que el de administración desleal va contra administradores de empresas que causen un perjuicio al patrimonio puesto bajo su responsabilidad.
