La Audiencia confirma el procesamiento del hermano de Sánchez: se queda a un paso del banquillo
Será juzgado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya rechazado su recurso contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.
Sánchez será juzgado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en su contratación por la diputación de Badajoz. Igualmente, también irá a juicio el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz señala que "no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", apunta la Audiencia Provincial
"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.
¿Por qué se le investiga?
La investigación contra el hermano de Pedro Sánchez comenzó tras la denuncia presentada por la organización Manos Limpias, fundamentada principalmente en informaciones publicadas en la prensa. Según estas noticias, David Sánchez no realizaba las funciones asignadas a su cargo en la Diputación, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal para, presuntamente, no tributar impuestos en España.
Durante la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó hasta en tres ocasiones en dependencias de la Diputación de Badajoz para recabar información e incautar el contenido de correos electrónicos. Este análisis arrojaba que el puesto de trabajo del hermano de Sánchez se creó apresuradamente y "sin detallar las necesidades primigenias" que se buscaba cubrir con él.
Tras su informe, la jueza decidió imputarle al ver “indicios racionales” de delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública.
