Importantes novedades acerca del papel desempeñado por Santos Cerdán en el 'caso Koldo'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo el contrato privado de compraventa en el que consta que el ex secretario de Organización del PSOE adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones de Servinabar 2000, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública.

El documento fue hallado por los agentes en el registro del domicilio del empresario ahora investigado Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de dicha empresa, que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar. Según los investigadores, dicha compañía se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Aunque la UCO ya había informado al Supremo de que se había incautado de dicho contrato privado de compraventa, ha sido este martes cuando ha presentado un oficio en el que se da cuenta del contrato fechado el 1 de junio de 2016, "firmado en sus cuatro páginas" por el propio Cerdán y por Alonso Egurrola, "y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar".

La Guardia Civil ha aportado esta documentación después de que el magistrado Leopoldo Puente (que investiga al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública) le pidiera que le entregase copia del contrato "a la mayor brevedad posible".

Tal y como detalla Europa Press, en el documento consta que Joseba Antxón Alonso Egurrola (titular de de 3.000 participaciones sociales "con valor nominal de un euro") "vende y transmite" 1.350 de dichas participaciones de la sociedad mercantil Servinabar 2000 SL a "Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago".

La semana pasada, la defensa de Cerdán pidió al magistrado instructor que reclamase a la Policía Judicial que remitiera "de forma urgente" al Supremo la "escritura privada" en cuestión "con el fin de realizar las comprobaciones pertinentes" sobre dicho documento, así como para "poder acudir a la notaría pertinente a cotejarlo" y poder declarar al respecto en su comparecencia como investigado.