Plataformas de compra online como Shein, Temu o AliExpress están transformando rápidamente el panorama económico. Con su modelo de consumo rápdio y los bajos precios que ofrecen, estos gigantes asiáticos no solo han ganado popularidad, sinoq ue también plantean desafíos sin precedentes ante los que las autoridades plantean medidas para frenar su expansión. 

En Francia, como en muchos países, una de las mayores preocupaciones es el flujo masivo de productos de bajo coste que inundan el mercado del país a través de estas plataformas. Miles de productos llegan cada día, y muchos de ellos no cumplen con las normativas europeas. 

El Consejo de Comercio Francés estima que el 94% de los productos inspeccionados en estos sitios no se ajusta a la normativa vigente, y un alarmante 66% es considerado peligroso. Entre ellos se encuentran juguetes infantiles con piezas desmontables no reguladas o ropa que contiene sustancias prohibidas.

Esta falta de control no solo distorsiona la competencia, sino que también pone en riesgo la salud pública. Los minoristas frances enfrentan dificultades para competir con estos productos importados, a menudo eludiendo el pago de impuestos como el IVA y las normas locales de venta, como los períodos de rebaja. Para los pequeños comercios locales, esta competencia desleal supone una amenaza seria a su viabilidad económica.

Francia prepara la legislación para hacer frente a esto

Ante este escenario, el gobierno francés ha propuesto una ley con la "moda rápida", que ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, informa Techguru. El proyecto de ley busca limitar las prácticas de consumo excesivo y pone énfasis en la sostenibilidad y el impacto ambiental de los productos vendidos en línea. La ley también busca reequilibrar la balanza entre las plataformas extranjeras y los actores económicos nacionales.

Aunque el debate en el parlamento está siendo intenso, y algunos partidos se oponen a la prohibició de la publicidad de estas plataformas, el gobierno se mantiene firme. Las medidas incluyen bonificaciones y penalizaciones basadas en el impacto ecológico de los productos, además de acciones para controlar el poder de las plataformas extranjeras. 

Hasta el momento, España no ha tomado ninguna decisión al respecto, pero las autoridades podrían tener un ojo puesto en el país vecino para tomar ideas y evitar este problema internacional.