La polémica ha llegado a una pequeña localidad francesa llamada Carcassone, al sur del país, por un caso de okupación que por el momento, ha levantado todo tipo de reacciones y en muchos se están preguntando si el caso está siendo arbitrado por la justicia de una forma ética y legalmente aceptable o no.

Para conocer lo ocurrido en este pequeño municipio, hay que explicar algunos datos importantes. Según explican, una mujer (María) era la propietaria de un domicilio que había sido okupado por un grupo de personas que llevaban meses sin pagar el alquiler.

Sin embargo, la dueña encontró una pequeña rendija para la esperanza cuando se enteró de que todos ellos se habían ido de vacaciones a la isla de Martinica. Al momento, acudió rápidamente para recuperar lo que era suyo, pero sin saber que ese paso iba a condenarla.

Y es que, en Francia la ley es algo más laxa de lo normal para estas situaciones, y para expulsar a unos inquilinos -o inquiokupas- en un escenario como este se requiere de un riguroso estudio y examen de todos los factores que pueden influir para tomar la decisión correcta, por lo que dura varios meses.

De acuerdo con lo recogido en el Código Penal francés, para llevar a cabo cualquier desalojo forzoso de okupas está penado por ley. Así, María se encuentra ante la posibilidad de una pena de siete años de cárcel y a una multa de 100.000 euros.

Además, hay que señalar que existen varios condicionantes que pueden hacer que la pena vaya en aumento:

Según la legislación francesa, esto se debe a dos principios: el derecho a la vivienda y la prevención de los desalojos violentos, de forma que un propietario tiene muy complicado -según la ley, imposible- echar a sus okupas.

Por estos motivos, para conseguir recuperar una vivienda hay que seguir los siguientes pasos de forma inevitable:

Hasta aquí todo podría parecer normal, pero el problema principal radica en los tiempos que la administración tarda en dar un veredicto al caso, que puede oscilar entre los seis meses y los dos años.

Este caso solo ha provocado un incremento en el descontento por parte de los propietarios, que ven como la ley es compleja y no precisamente benévola con las víctimas de las okupaciones, sino que lo es con los okupas.

Como solución, algunos políticos están proponiendo que se aceleren los plazos y los procesos burocráticos a la hora de desalojar satisfactoriamente a los okupas ante una situación como la narrada en esta ocasión, y que el plazo se reduzca a tres meses, a diferencia de los seis (como mínimo) actuales.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.