Pagó 3.600 euros para operarse de hemorroides porque el hospital no le daba cita: ahora la Justicia obliga a compensarla
El juzgado reconoce la "urgencia vital" y el silencio positivo.

Una paciente malagueña de 70 años ha ganado una batalla judicial al Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras verse obligada a pagar 3.600 euros para operarse de urgencia de hemorroides ante una "demora injustificada" por parte del sistema público, que pospuso su cirugía más de ocho meses alegando la "situación epidemiológica actual" en febrero de 2021, sin incluirla en lista de espera.
El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha condenado al SAS a devolverle el importe íntegro de la intervención, reconociendo que su operación privada fue consecuencia directa de la inacción de la sanidad pública.
"Urgencia vital" y "silencio positivo"
El 2 de febrero de ese año, el SAS reconoció la indicación quirúrgica por un prolapso hemorroidal de grado IV. Solo tres semanas después, la mujer se sometió a la operación en un centro privado ante el deterioro de su calidad de vida y la ausencia de alternativas públicas.
Sin embargo, alegando la "situación epidemiológica actual", pospuso la operación y ofreció una nueva cita para ocho meses después, sin ni siquiera inscribirla en lista de espera. La mujer, con su calidad de vida gravemente afectada, no tuvo más remedio que acudir a la sanidad privada, donde fue operada el 23 de febrero.
La sentencia reconoce ahora que "la aparición súbita de un cuadro clínico que requiere una inmediata atención" puede encuadrarse en el concepto de "urgencia vital", lo que justifica el reintegro de los gastos sanitarios asumidos por la paciente.
Pero el juzgado no solo estima la demanda por razones médicas, sino también administrativas: al no responder el SAS a la solicitud de reintegro presentada por la paciente, se activa el "silencio positivo", lo que otorga la razón legal a la reclamación.
"El fallo refuerza la protección jurídica de los pacientes que, ante la ineficacia del sistema público, se ven obligados a recurrir a la sanidad privada para salvaguardar su salud", señala a elDiario Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente. "Recomendamos a los usuarios de la sanidad pública que documenten exhaustivamente los intentos de acceso al sistema y los perjuicios sufridos, como base para futuras reclamaciones", añade.
"Esta sentencia es un avance en la protección de los derechos de los pacientes ante demoras injustificadas. La Administración no puede beneficiarse de su propia inacción. Los pacientes tienen derecho a una asistencia sanitaria digna y en tiempo razonable", reflexiona por su parte Damián Vázquez.
Un derecho desconocido y "en desuso"
Aunque la ley garantiza a los pacientes una intervención quirúrgica antes de 180 días o el reembolso de los gastos si se supera ese plazo, este derecho está "en desuso". Desde 2011, solo 16 pacientes han solicitado el reintegro, con un total reclamado de 189.940 euros. Sin embargo, la Junta de Andalucía apenas ha devuelto el 5,3% de esa cifra.
En 2023, solo se tramitaron cuatro solicitudes entre más de 53.000 pacientes que superaron el plazo legal. Las cuatro fueron denegadas, incluida esta misma intervención de hemorroides que ahora sí ha estimado el juzgado.
A diciembre de 2024, en Andalucía había 51.799 pacientes esperando una operación fuera del plazo legal, según datos del Ministerio de Sanidad. El Gobierno andaluz puso en marcha un plan de choque dotado con 283,3 millones para frenar las listas de espera, pero sólo ha logrado reducirlas parcialmente.
