Una organización recibe 8 millones de euros para acoger personas en riesgo y se lo gasta en tres cocinas, un generador y una página web
Además, el Tribunal de Cuentas denunció que el director del proyecto cobraba un salario superior al permitido.
Una auditoría del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania ha puesto en evidencia el uso irregular de más de ocho millones de euros de fondos públicos destinados a un programa de acogida para afganos en situación de riesgo. El dinero fue gestionado por una organización no gubernamental, la Red de Patrocinio para Personal Local Afgano, encargada de coordinar el reasentamiento de refugiados, pero que, según el informe, gastó parte del presupuesto en artículos y servicios que poco tenían que ver con su misión.
El proyecto, financiado por la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), estuvo activo durante tres años. Entre los gastos más llamativos detectados figuran tres cocinas de alta gama, un generador eléctrico de emergencia y una página web de tres meses que costó 120.000 euros. Según los auditores, la BAMF aprobó los planes de financiación sin apenas control, permitiendo pagos “inapropiados o excesivos”.
El caso fue revelado por Der Spiegel, que detalló cómo el centro de coordinación de Berlín —creado para facilitar la llegada de afganos— operó con una supervisión mínima. Además, el Tribunal de Cuentas denunció que el director del proyecto cobraba un salario superior al permitido y que el subdirector facturaba viajes desde su propia casa en Berlín, lo que llevó a la exigencia de devolver casi 8.000 euros por gastos indebidos.
Los auditores también cuestionan los casi 80.000 euros en desplazamientos de apenas 29 empleados y el alquiler de varios vehículos, considerados injustificados. En paralelo, se detectaron compras recurrentes de café, espuma de leche y alquiler de máquinas cafeteras por más de 200 euros al mes, gastos que tampoco deberían haberse sufragado con dinero público.
La ONG justificó parte de los desembolsos alegando necesidades logísticas, pero el Tribunal concluye que faltó transparencia y rendición de cuentas, señalando que la BAMF permitió que los fondos se gestionaran con total autonomía. El ministerio, según el informe, “no verificó el propósito de varias adquisiciones ni exigió documentación sobre los procedimientos de compra”.
A raíz de la investigación, la BAMF ha anunciado que reclamará la devolución del dinero mal utilizado y cobrará intereses. También se compromete a reforzar los mecanismos de supervisión de futuras subvenciones. Mientras tanto, el programa federal de acogida ha sido suspendido, aunque varios afganos han logrado ingresar recientemente en Alemania tras ganar recursos judiciales que les reconocen el derecho al reasentamiento.
El escándalo deja en entredicho la gestión de fondos destinados a fines humanitarios y reabre el debate sobre el control del gasto público en proyectos sensibles. El Tribunal de Cuentas fue tajante en su conclusión: el dinero se distribuyó “sin control suficiente, sin justificación adecuada y con una supervisión tardía por parte del Estado”.
