Se ponen a limpiar el cauce del río en este pueblo y les cae una multa de 2.600 euros: "La contaminación habría durado una semana"
Los vecinos denuncian que, a las ya de por sí complicaciones que tiene la zona respecto a su despoblación, también se le añadan trabas institucionales que no permitan mantener la zona en las mejores condiciones.
Lo que empezó como una actuación urgente para evitar un problema ambiental terminó convirtiéndose en un golpe económico difícil de asumir para un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara. El Ayuntamiento de Jirueque ha sido sancionado con 2.600 euros por limpiar el cauce del río que atraviesa el pueblo, una intervención que, según el consistorio, contaba con autorización y buscaba frenar una contaminación que podría haberse prolongado durante días. El caso ha reabierto el debate sobre la rigidez administrativa y su impacto en la llamada “España vacía”.
La multa ha sido impuesta por la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo responsable de la gestión del dominio público hidráulico en la cuenca. La sanción afecta a un municipio de apenas 47 habitantes, una cifra que da la medida del impacto que una penalización de este tipo puede tener en sus cuentas. Para el Ayuntamiento, la decisión no solo es desproporcionada, sino también contradictoria con la finalidad última de proteger el medio ambiente.
Una limpieza autorizada que acaba en sanción
El alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, ha hecho público un comunicado en nombre del consistorio en el que expresa su sorpresa e indignación por la multa. Según explica, la actuación en el cauce se realizó con permiso previo de la propia Confederación y tenía como objetivo reparar un problema concreto que estaba generando contaminación en el río.
"Sin esta intervención, la contaminación habría durado una semana", señala el escrito, en el que se subraya además que el entorno quedó exactamente igual tras los trabajos. Desde el Ayuntamiento insisten en que no se produjo un daño ambiental añadido y que la limpieza fue puntual, necesaria y proporcionada. Aun así, el expediente sancionador siguió adelante.
Para el alcalde, el episodio refleja un funcionamiento burocrático desconectado de la realidad de los pueblos pequeños. En su comunicado, llega a comparar esta situación con otros episodios recientes de emergencia ambiental en España, cuestionando que, tras ellos, no se hayan reformado organismos que, a su juicio, funcionan de manera ineficiente. La crítica no se limita a la multa, sino al sistema que la ha hecho posible.
El impacto económico tampoco es menor. Los 2.600 euros de sanción equivalen, según el propio Sanz, a cerca del 10% del presupuesto municipal anual. En un ayuntamiento con recursos muy limitados, esa cantidad obliga a recortar en otras partidas básicas o a posponer inversiones necesarias para el mantenimiento del pueblo.
"Así no se salva la España vacía"
Más allá del caso concreto, desde el consistorio de Jirueque denuncian una falta de comunicación estructural con la Confederación Hidrográfica. Describen el contacto con el organismo como un “laberinto” de llamadas sin respuesta, grabaciones automáticas y trámites que se alargan sin interlocutores claros. Lo que debería ser un procedimiento sencillo, aseguran, acaba convirtiéndose en una odisea administrativa.
El alcalde advierte de que este tipo de “reglas abstractas, ajenas a la realidad local”, golpean especialmente a los municipios pequeños, que carecen de personal técnico y jurídico para navegar por una burocracia compleja. Lejos de ayudar a fijar población, sostiene, estas decisiones fomentan el abandono y refuerzan la sensación de desamparo institucional.
La sanción llega, además, en un contexto económico especialmente delicado. La inflación y el encarecimiento de activos básicos como la vivienda están empujando a muchas personas a replantearse dónde vivir. Para pueblos como Jirueque, atraer o retener a familias jóvenes es ya una tarea complicada. Multas de este calibre, lamenta Sanz, envían el mensaje contrario al que se proclama desde las administraciones cuando hablan de revitalizar el medio rural.
“La tan manida ‘España vacía’ seguirá vacía si quienes tienen capacidad de ayudar se dedican a poner trabas en lugar de soluciones”, afirma el alcalde, que ve en este episodio un ejemplo claro de esa contradicción. Desde su punto de vista, proteger el medio ambiente y facilitar la gestión local no deberían ser objetivos enfrentados, sino complementarios.
El Ayuntamiento concluye su denuncia con una petición clara: que las administraciones superiores revisen sus procedimientos y adapten su actuación a la escala y los recursos de los pequeños municipios. "No se puede castigar con sanciones desproporcionadas a pueblos que solo intentan mantener su entorno y sobrevivir", insisten.
El caso de Jirueque resume una tensión cada vez más visible entre la normativa ambiental y la realidad de la España rural. Una limpieza para evitar un vertido acaba convertida en multa; una actuación preventiva, en un problema presupuestario. Para sus vecinos, la pregunta sigue en el aire: si cuidar el río tiene este coste, ¿quién se atreverá la próxima vez a actuar?
