El Partido Popular ha estado aislado en su atolón de la mayoría absoluta durante casi quince meses. Los diputados populares han estado ausentes en el Congreso, y han optado por rehuir en todo momento el debate y el diálogo con el resto de los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y con los propios ciudadanos. Y han dinamitado, además, el consenso en proyectos de enorme trascendencia como las reformas en materia laboral, educativa, sanitaria y judicial, entre otras.

Acosados por las alargadas sombras de la corrupción que se ciernen sobre su propio partido, han decidido ahora dar un giro y aparcar las provocaciones y la prepotencia con la que han actuado en la Cámara en esta legislatura. Han dado marcha atrás y han puesto freno al rodillo parlamentario, aunque habrá que ver si su cambio obedece a una simple estrategia para capear el temporal de la corrupción o se trata de una decisión franca forzada por la situación límite en la que se encuentra el país.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que suprimirá algunas tasas judiciales ante el clamor popular. Veremos hasta dónde llega la promesa de un ministro que, en pleno debate de la sinrazón de su iniciativa, se defendió de las críticas de manera burda acusando a los jueces y magistrados de sumarse a las protestas por la reducción del número de días de vacaciones y la supresión de una paga extraordinaria.

La segunda rectificación del Gobierno en la tensa jornada parlamentaria que vivimos el pasado martes fue la aceptación en el último minuto de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que fue registrada en el Congreso con el apoyo de casi un millón y medio de ciudadanos. Después de haber lanzado a sus huestes a justificar en los medios de comunicación que no estaban dispuestos a aceptar que ni siquiera se debatiera, impidiendo con ello su tramitación, dieron su brazo a torcer, pero a regañadientes y con demasiadas excusas, entre ellas que no piensan admitir los ejes básicos de la ILP.

A ambas rectificaciones improvisadas, con excesivos peros, se une la insoportable negación del presidente del Gobierno y de sus ministros a comparecer ante el Congreso para aclarar y explicar todos los aspectos del escándalo mayúsculo en el que está inmerso el Partido Popular por los datos que se han revelado sobre su caja B y sobre su supuesta financiación irregular.

Negativa que provocará, le guste o no a Rajoy, que el debate sobre el estado de la nación que se celebrará los días 20 y 21 de febrero se convierta en una discusión sobre la corrupción. Una pena teniendo en cuenta que este país está viviendo la peor crisis económica en muchísimo tiempo y casi seis millones de personas esperan desesperadas que su Gobierno aporte soluciones y no añada nuevos problemas.

El último episodio rocambolesco lo vivimos el supermartes parlamentario durante la comparecencia del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Jesús Posada, presidente del Congreso, nos había asegurado a los portavoces que Draghi había solicitado que fuese a puerta cerrada, sin acceso de los medios de comunicación, sin acta y sin grabación de la misma. Nada más lejos de la realidad. El propio Draghi desautorizó a Posadas en la rueda de prensa posterior y el BCE publicó en su web la intervención de su presidente, echando por tierra los argumentos esgrimidos por Posada para justificar el formato opaco de la reunión.

Pero el esperpento no quedó ahí. El uso de inhibidores de frecuencia convirtió el Congreso en un bunker que impidió las comunicaciones no sólo en la sala en la que comparecía Draghi sino en todas las dependencias de la Cámara, dejando aislados a diputados, periodistas y funcionarios. Un hecho inédito desde el golpe de estado del 23-F y por el que tendrá que responder Posadas y ofrecer explicaciones que sean creíbles ante la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces

Rajoy se sumó un día después a la nueva estrategia de su partido. Dijo el miércoles que aplicará los criterios de la ley de transparencia a los partidos políticos. El proyecto se está tramitando en la Cámara y habrá que ver hasta dónde llega la palabra del presidente para incluir a los partidos políticos, sindicatos, federaciones empresariales y fundaciones, tal como reclamamos el resto de las fuerzas políticas y los ciudadanos.

Tras quince meses de aislamiento, el PP trata de escapar de la soledad en la que ha vivido en esta legislatura. Aún así, son muchas las preguntas que deberá responder para justificar su comportamiento parlamentario. ¿Qué miedo tiene al Congreso? ¿Qué temor tiene a debatir? ¿Qué le impide dar explicaciones a los diputados y a los ciudadanos? Ahora han optado por dar un giro y hablar de una ley de transparencia, de consenso y lucha contra la corrupción. Compromisos que todos compartimos, pero que carecerán de credibilidad hasta que no plasme los mismos con luz, taquígrafos, medios de comunicación, debate, claridad y generosidad política.

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