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De la prohibición de tasas a las tasas prohibitivas

28/11/2012 08:41 CET | Actualizado 27/01/2013 11:12 CET

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En la semana que arranca el lunes 26 de noviembre, podría concentrarme de nuevo, en este post semanal, en el paisaje descrito por las urnas catalanas la noche del 25. Con una participación pareja a la de unas elecciones generales, demostrativa de un alto nivel de conciencia de la importancia de la cita y de la consiguiente necesidad de movilización del voto, el órdago soberanista planteado por Artur Mas queda desactivado por el severo castigo a CiU y su candidato.

Las concesiones dialécticas efectuadas por el PSC al marco conceptual impuesto por el adversario -ese "derecho a decidir" cuya manipulación sofística nada tiene que ver con las motivaciones vitales del electorado socialista- pagan un precio doloroso en la pérdida de ocho escaños. Pero su mensaje a pesar de ello emerge con nitidez impostergable: el Estado autonómico, tal y como lo hemos vivido hasta ahora, en una incesante dinámica de competición entre hechos diferenciales y emulaciones trufadas de agravios comparativos, está claramente agotado. Es hora de acometer una reforma constitucional de fondo que afirme el principio federal de la pluralidad constitutiva de España, integradora de la diversidad, con reglas claras de reparto de competencias y recursos, y lealtad a un proyecto que relance la unidad política del Estado desde las atribuciones que decidamos confiarle en la integración europea y en la globalización.

He escrito en varias ocasiones y en tribunas de opinión acerca de la inserción de Cataluña en España. Y tiempo habrá de proseguir una conversación que arrastra siglos de historia. Pero hoy quiero fijar la vista en las tasas judiciales, impuestas por el Gobierno del PP en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, el mismo día en que se cumple el primer aniversario de la victoria del PP.

  • Primero, porque es un asunto de extrema gravedad. Del mismo modo en que el rebrote de los nacionalismos insolidarios es una expresión, entre otras muchas, de la peor cara de la peor crisis de la historia de la UE, la Ley de tasas judiciales es expresión de la peor cara de la política de ajuste de cuentas contra el modelo social que la hegemonía conservadora -en España, el PP- ha impuesto al pacto de rentas entre capital y trabajo que cimentó ese modelo durante el último medio siglo.
  • Segundo, porque la Ley de tasas se erige como ariete y emblema de un proyecto político netamente reaccionario, encaminado a asegurar sin contemplaciones ni escrúpulos una involución de derechos de ciudadanía en toda regla, que se traduce, en la práctica, en la clausura de un ciclo de prestaciones universales sufragado por impuestos progresivos (a los que la propaganda ultraconservadora llama ahora "antiguo régimen"), y en la apertura de un supuesto "nuevo régimen" fundado en la consagración de la desigualdad, en la exaltación descarada del darwinismo social y en el abandono a su suerte de los que carezcan de recursos económicos propios para comprar en el mercado una educación a medida de sus posibilidades, una sanidad a su alcance y un acceso a la justicia según los precios del mercado.

Vaya ante todo por delante que las tasas judiciales hasta entonces existentes -fuente de mil corruptelas- fueron suprimidas por el primer Gobierno socialista de Felipe González (Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales).

Y vaya también por delante que aquí no estamos hablando de "justicia gratuita", puesto que por esta se entiende (art. 119CE) la que la garantiza "en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", y que se articula en un derecho a la asistencia letrada y a la defensa de oficio para quienes no puedan sufragar abogado y procurador de elección de su confianza en las causas que les afecten.

Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del establecimiento por ley de una barrera disuasoria de carácter estrictamente económico para segregar ciudadanos en el "acceso a la Justicia" y a la "tutela efectiva de jueces y tribunales", derecho fundamental que la Constitución establece respecto de "todas las personas", "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" (art. 24CE).

Por esta ley, inicua como no recuerdo otra desde el establecimiento de la democracia en España, se erige en torno a la Justicia una empalizada preventiva frente y contra las personas más vulnerables y desamparadas por la crisis. Y lo hace en una apuesta sin ambages por una justicia elitista, que quiere encubrir un propósito brutalmente antisocial bajo la alegación de fines recaudatorios al objeto de desatascar tribunales a base de filtrar su acceso sólo a los más pudientes.

A partir de ahora, recurrir una sanción administrativa de tráfico exigirá pagar tasas que pueden duplicar la cuantía de la multa recurrida. En un divorcio, la tasa ascenderá a un porcentaje de los bienes gananciales de cuya partición se trate. Un pleito civil incoado por una persona vulnerable (un pensionista, un jubilado, pero también un joven parado) le exigirá pagar desembolsos prohibitivos. Un accidente de tráfico exigirá interponer cantidades disuasorias antes de intentar siquiera el resarcimiento de daños. Por no hablar del impacto que estas tasas tendrán sobre colectivos y personas especialmente sensibles -las víctimas de delitos singularmente ominosos- que van a verse compelidos a someterse a los filtros económicos que les permitan franquearse el propio paso al ejercicio de un derecho fundamental -la tutela judicial efectiva-, que es la llave de paso al disfrute de todos los demás derechos. La tutela judicial es, en efecto, el derecho sin el cual ninguno de los demás derechos tienen ningún contenido: "Los derechos valen lo que valen sus garantías judiciales", dejó escrito J.L.H. Hart.

Esta Ley de Tasas es profundamente reaccionaria, antisocial y -lo sostengo firmemente- inconstitucional. Un ridículo desajuste administrativo (explicado como una "cuestión de formularios" del Ministerio de Hacienda) ha impedido su plena efectividad en la fecha inicialmente prevista. Pero el mal está ya hecho, y debe ser combatido en todos los frentes cívicos y políticos disponibles en una democracia regida por el imperio de la Ley bajo la Constitución.

Los profesionales del Derecho, y hasta las principales asociaciones representativas de los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia -la Judicatura incluida-, han mostrado su frontal oposición a este quebranto.

Los socialistas tenemos el deber de liderar la oposición política y constitucional contra un atropello que expresa -con mayor contundencia y claridad que ningún otro zarpazo a los derechos de los ciudadanos al que hemos asistido hasta ahora de la mano de un PP ebrio de mayoría absoluta- el sentido reaccionario de los que pretenden que sea su involución (que no "revolución") ultraconservadora.

Ahora bien, si el PP se permite actuar así, no es sólo porque ha confundido los límites aritméticos de su circunstancial mayoría parlamentaria con el perímetro de lo constitucionalmente admisible, sino porque cree que ha llegado el momento de ajustarle sin complejos las cuentas al modelo social de la Constitución, una vez que, según creen, la izquierda social y política y la representación de los trabajadores se hallan en dificultades y más débiles que nunca hasta la fecha. Nos toca a nosotros mostrar que hasta aquí hemos llegado y revertir la abusiva correlación de fuerzas y combatir tantas amenazas y tantas agresiones a los valores que nos mueven, entre los que sobresale, como ningún otro, la igualdad ante la Ley.

Y una última idea cargada de intención dialéctica: este brutal zarpazo con que el Gobierno del PP sangra en la cara de millones y millones de justiciables humildes, que ventilan otros tantos millones de litigios ante tribunales sin haber probado antes su hidalguía mediante el previo pago de ninguna tasa, es también un aldabonazo a la conciencia de quienes quieran instalarse en la demagoga y falaz fabricación que pretende que "PP y PSOE son lo mismo". No lo son. El primer Gobierno del PSOE (Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales) prohibió el hasta entonces vigente cobro de "tasas judiciales" por ser aquel incompatible con nuestro Estado social y con el disfrute igualitario del derecho universal (sujeto: todas las personas) del acceso a la tutela judicial efectiva. Desde entonces, no importa cuán agudas o graves fueran las dificultades, nadie hubiera perdonado que eso hubiera sucedido con un Gobierno socialista. Por eso no ha sido el PSOE. No. Ha sido la mayoría absoluta del PP -y estas cosas son las que pasan cuando, por defecto de movilización de los progresistas, la derecha se arrellana en la mayoría absoluta- la que nos impone a todos una tasa disuasoria del acceso a la Justicia, mostrando la distancia real entre la prohibición de las tasas (por un Gobierno socialista) y la imposición, a capón, de unas tasas prohibitivas por un Gobierno del PP.

El 'tasazo' de Gallardón, en Twitter

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