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Es hora de hacer frente al problema de la violencia en América Latina y el Caribe

Publicado: 04/02/2013 08:02

El derramamiento diario de sangre a solo un paso de los Estados Unidos, es la señal más clara de que algo terrible está sucediendo en el vecindario. Torsos sin cabeza colgando de los postes de luz en Ciudad Juárez en México contrastan fuertemente con las limpias calles de El Paso, clasificada como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, justo al otro lado de la frontera. Pero México no es el único que experimenta tasas alarmantes de violencia. En conjunto, América Latina y el Caribe albergan menos el 10% de la población mundial pero más del 25% de los homicidios en el mundo.

Una epidemia implacable de violencia está afectando a muchos países y ciudades en Centro y Sur América, así como en el Caribe. La tasa de homicidios en la región es cuatro veces superior al promedio mundial, con alrededor de 23 homicidios por cada 100.000 personas. En contraste con otras partes del mundo, ya sea América del Norte, Europa Occidental, África o Asia, el paciente se pone más enfermo. Ocho de los diez países más violentos del mundo están en América Latina y en el Caribe, siendo la mayoría de las victimas hombres jóvenes menores de 30 años. De hecho, para los jóvenes que viven en entornos de bajos ingresos, hay una probabilidad de 1 entre 50 de ser asesinados antes de llegar a su 31 cumpleaños.

La triste realidad es que la violencia homicida es sólo la cruenta punta del iceberg. Mexicanos, guatemaltecos, colombianos y jamaicanos están huyendo de comunidades plagadas de violencia en mayor número que nunca. Literalmente, cientos de miles de personas han sido desplazadas por la explosión de la violencia entre cárteles en el norte de México, mientras la clase media está haciendo silenciosamente sus maletas desde Caracas a San Salvador. Igual de preocupante, las tasas de secuestro y otras formas de extorsión están aumentando en algunos países. Todo esto contrasta con el impresionante crecimiento económico de la región en la última década. Pero a pesar de la acalorada retórica de "combatir" el crimen con más policías y prisiones, la violencia parece estar extendiéndose.

Como era de esperar, los latinoamericanos y caribeños están empezando a recurrir a medidas particulares para protegerse. El negocio de la seguridad privada está en auge, con un valor entre los 100 y 165 millones de dólares al año. En la región, el personal de seguridad privada supera en número a los agentes de policía en casi el doble. A modo de ejemplo, hay un registro de alrededor de 470.000 vigilantes privados en Brasil y otros 450.000 en México. Y mientras la élite de la región puede darse el lujo de contratar más vigilantes armados y adquirir puertas más grandes, los más pobres se ven obligados a recurrir a los grupos de autodefensa y las pandillas. Los actos de justicia por mano propia se están convirtiendo en algo más común en el norte de México y en otros países como consecuencia de la inactividad policial.

No hay un único factor monolítico que pueda explicar adecuadamente el aumento de la violencia en América Latina y el Caribe. Hay, sin embargo, una serie de factores de riesgo recurrentes que se sabe están estrechamente relacionados con la inseguridad. En contra de la creencia popular, la violencia no está totalmente asociada a la pobreza. La desigualdad social y económica, el desempleo juvenil, la rápida y descontrolada urbanización, las débiles instituciones policiales y de justicia, así como la amplia disponibilidad de alcohol, drogas y armas de fuego, están más fuertemente ligados con resultados fatales. Estos factores, aunados con una guerra equivocada en materia de drogas, son los verdaderos culpables.

Durante la última década, las llamadas estrategias de "mano dura" combinadas con una fuerte vigilancia policial, severas sanciones y encarcelamientos rápidos, fueron adoptadas por algunos gobiernos para contrarrestar la violencia. Pero en lugar de prevenir la victimización, incrementó la población en cárceles que ya estaban a rebosar. Estos llamados "colegios del crimen" han profundizado involuntariamente las redes de miembros de pandillas en lugar de contribuir a su rehabilitación. Más positivamente, un número de líderes progresistas han empezando a exigir una mayor inversión en seguridad ciudadana. Con un modesto apoyo de organismos internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas, algunas ciudades como Bogotá, Río de Janeiro y San Salvador están haciendo progresos para revertir la violencia y promover la cohesión social.

Cuando el valiente liderazgo político se demuestra, los ciudadanos también son más propensos a tener un papel activo en la promoción de la protección y seguridad. Las organizaciones no gubernamentales, grupos de acción cívica, empresas privadas y universidades de toda América Latina y el Caribe están diciendo no a la violencia de manera enfática. Los movimientos sociales, como Yo Soy 132 en México, así como campañas en Twitter y Facebook están haciendo que su voz sea escuchada, exigiendo mayor rendición de cuentas y una seguridad pública inclusiva. Estos esfuerzos deben ser apoyados por instituciones como las Naciones Unidas y otras en la comunidad internacional. Una manera obvia para avanzar en la objectivo, es hacer de la reducción de la violencia un elemento fundamental en la agenda de desarrollo después de 2015. Esto es porque la ausencia de violencia es central, no un subproducto del desarrollo humano.

 
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