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Es hora de hacer frente al problema de la violencia en América Latina y el Caribe

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El derramamiento diario de sangre a solo un paso de los Estados
Unidos, es la señal más clara de que algo terrible está sucediendo en el
vecindario. Torsos sin cabeza colgando de los postes de luz en Ciudad
Juárez en México contrastan fuertemente con las limpias calles de El
Paso, clasificada como una de las ciudades más seguras de Estados
Unidos, justo al otro lado de la frontera. Pero México no es el único
que experimenta tasas alarmantes de violencia. En conjunto, América
Latina y el Caribe albergan menos el 10% de la población
mundial pero más del 25% de los homicidios en el mundo.

Una epidemia implacable de violencia está afectando a muchos países y
ciudades en Centro y Sur América
, así como en el Caribe. La tasa de
homicidios en la región es cuatro veces superior al promedio mundial,
con alrededor de 23 homicidios por cada 100.000 personas. En contraste
con otras partes del mundo, ya sea América del Norte, Europa
Occidental, África o Asia, el paciente se pone más enfermo. Ocho de
los diez países más violentos del mundo están en América Latina y en
el Caribe, siendo la mayoría de las victimas hombres jóvenes menores
de 30 años. De hecho, para los jóvenes que viven en entornos de bajos
ingresos, hay una probabilidad de 1 entre 50 de ser asesinados antes
de llegar a su 31 cumpleaños.

La triste realidad es que la violencia homicida es sólo la cruenta
punta del iceberg. Mexicanos, guatemaltecos, colombianos y jamaicanos
están huyendo de comunidades plagadas de violencia en mayor número
que nunca. Literalmente, cientos de miles de personas han sido
desplazadas por la explosión de la violencia entre cárteles en el
norte de México, mientras la clase media está haciendo silenciosamente sus maletas desde Caracas a San Salvador. Igual de
preocupante, las tasas de secuestro y otras formas de extorsión están
aumentando en algunos países. Todo esto contrasta con el impresionante
crecimiento económico de la región en la última década. Pero a pesar
de la acalorada retórica de "combatir" el crimen con más policías y
prisiones, la violencia parece estar extendiéndose.

Como era de esperar, los latinoamericanos y caribeños están
empezando a recurrir a medidas particulares para protegerse. El
negocio de la seguridad privada está en auge, con un valor entre los
100 y 165 millones de dólares al año. En la región, el personal
de seguridad privada supera en número a los agentes de policía en casi
el doble. A modo de ejemplo, hay un registro de alrededor de 470.000
vigilantes privados en Brasil y otros 450.000 en México. Y mientras la
élite de la región puede darse el lujo de contratar más vigilantes
armados y adquirir puertas más grandes, los más pobres se ven
obligados a recurrir a los grupos de autodefensa y las pandillas. Los
actos de justicia por mano propia se están convirtiendo en algo más
común en el norte de México y en otros países como consecuencia de la
inactividad policial.

No hay un único factor monolítico que pueda explicar adecuadamente el
aumento de la violencia en América Latina y el Caribe. Hay, sin
embargo, una serie de factores de riesgo recurrentes que se sabe están
estrechamente relacionados con la inseguridad. En contra de la
creencia popular, la violencia no está totalmente asociada a la
pobreza. La desigualdad social y económica, el desempleo
juvenil, la rápida y descontrolada urbanización, las débiles
instituciones policiales y de justicia, así como la amplia
disponibilidad de alcohol, drogas y armas de fuego, están más
fuertemente ligados con resultados fatales. Estos factores, aunados
con una guerra equivocada en materia de drogas, son los verdaderos
culpables.

Durante la última década, las llamadas estrategias de "mano dura"
combinadas con una fuerte vigilancia policial, severas sanciones y
encarcelamientos rápidos, fueron adoptadas por algunos gobiernos para
contrarrestar la violencia. Pero en lugar de prevenir la
victimización, incrementó la población en cárceles que ya estaban a
rebosar. Estos llamados "colegios del crimen" han profundizado
involuntariamente las redes de miembros de pandillas en lugar de
contribuir a su rehabilitación. Más positivamente, un número de
líderes progresistas han empezando a exigir una mayor inversión en
seguridad ciudadana. Con un modesto apoyo de organismos
internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y las
Naciones Unidas, algunas ciudades como Bogotá, Río de Janeiro y San
Salvador están haciendo progresos para revertir la violencia y
promover la cohesión social.

Cuando el valiente liderazgo político se demuestra, los ciudadanos
también son más propensos a tener un papel activo en la promoción de
la protección y seguridad. Las organizaciones no gubernamentales,
grupos de acción cívica, empresas privadas y universidades de toda
América Latina y el Caribe están diciendo no a la violencia de manera
enfática. Los movimientos sociales, como Yo Soy 132 en México, así
como campañas en Twitter y Facebook están haciendo que su voz sea
escuchada, exigiendo mayor rendición de cuentas y una seguridad
pública inclusiva. Estos esfuerzos deben ser apoyados por
instituciones como las Naciones Unidas y otras en la comunidad
internacional. Una manera obvia para avanzar en la objectivo, es hacer
de la reducción de la violencia un elemento fundamental en la agenda
de desarrollo después de 2015. Esto es porque la ausencia de violencia
es central, no un subproducto del desarrollo humano.