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29/01/2021 09:00 CET | Actualizado 29/01/2021 09:00 CET

Países que valoran la felicidad por encima de un crecimiento económico infinito

Rechazan la obsesión con el PIB y buscan nuevas formas de medir el éxito. Bienvenidos, bienvenidas, a la economía de la felicidad.

Su paisaje montañoso, su espesa selva tropical y sus amplias y aisladas playas en la costa del Pacífico hacen de la Península de Nicoya uno de los lugares más bellos del mundo. Pero vivir en este pintoresco pedazo del noroeste de Costa Rica conlleva otro beneficio: su población es una de las más longevas del mundo, especialmente los hombres.

La expectativa de vida de los hombres de Nicoya es de casi 84 años, rivalizando incluso con la esperanza de vida de Japón, país famoso por la longevidad de su ciudadanía.

Curiosamente, este indicador de resiliencia humana se ha logrado en una región que no es rica y donde la mayoría de las personas sobreviven con la tradicional agricultura de subsistencia. Los equipos de investigación que estudian los motivos por los que esta población es tan longeva señalan el valor que dan a los estrechos lazos sociales y su profundo sentido de comunidad.

“En Nicoya, el ritmo de vida es diferente, no es una sociedad materialista”, señala el costarricense Mariano Rojas, experto en felicidad y profesor de economía en la Universidad Internacional de La Rioja (España): “Pero no es solo en Nicoya. En todo el país el nivel de felicidad es alto”.

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Playa Santa Teresa, una de las playas de la península de Nicoya de Costa Rica. La población de aquí es una de las más longevas del mundo.

Para quienes creen que el dinero da la felicidad, Costa Rica es una paradoja. Este pequeño país de Centroamérica no es especialmente rico: solo dispone de la quinta parte de riqueza per cápita que Estados Unidos, pero supera a su gigantesco vecino norteamericano en numerosos indicadores de bienestar, no solo en esperanza de vida. Está varios puestos por encima de Estados Unidos en la clasificación del Informe Mundial de la Felicidad 2020 de las Naciones Unidas, que califica a los países basándose en cómo de felices se perciben sus poblaciones.

Costa Rica emplea mayor porcentaje de producto interior bruto en educación que casi cualquier otro país: un 8% comparado con el 5% de Estados Unidos. La mejor universidad del país es pública y la financia el Gobierno. Además, consigue todo esto con una huella ecológica per cápita que es la tercera parte de la de Estados Unidos.

De hecho, según el Happy Planet Index, que mide el bienestar sostenible en todo el mundo, Costa Rica tiene el nivel más alto de felicidad con la huella ecológica más baja.

Según Rojas, el éxito de Costa Rica se debe en gran parte a la inversión estatal en sanidad, en educación y en vivienda asequible. El país cuenta con fondos para realizar estas inversiones gracias a una decisión radical que tomó en 1948: desmantelar el ejército y redirigir el presupuesto a los servicios públicos.

Costa Rica no es perfecto, su nivel de pobreza y de desigualdad salarial son relativamente altos, pero el país es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la economía se centra en mejorar la vida de las personas en lugar de buscar el crecimiento infinito. Esto cuestiona la popularizada idea de que el PIB, una medida general y rudimentaria del éxito económico, es el único indicador que cuenta.

Son muchos los economistas que esperan que el mundo sea consciente de esta sea lección cuando los países se embarquen en el monumental desafío de recuperarse del actual colapso económico relacionado con la pandemia. Es una oportunidad para repensar a quién sirven las economías y en cómo reconstruirlas; para dar a las personas una vida que merezca la pena y coger el camino que evite la destrucción climática.

La idea del PIB surgió en un momento no muy distinto del actual. El economista Simon Kuznets ideó la métrica en la década de 1930 para analizar los progresos de los países para recuperarse de la Gran Depresión, período que se caracterizó por un elevado desempleo y una gran desigualdad. El PIB calcula el valor de los bienes y servicios intercambiados dentro de un país.

“A partir de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estados comenzaron a utilizar el PIB para controlar su progreso”, señala Diane Coyle, que codirige el Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge. El PIB se convirtió en sinónimo de éxito de un país.

Pero incluso Kuznets sabía que era una medida imperfecta, ya que obviaba importantes áreas de la economía, como el trabajo no remunerado (cuidar de los niños, etc.), el voluntariado o factores como el bienestar personal. Kuznets reconoció que tampoco tenía en cuenta la repartición de la riqueza y los beneficios económicos del país entre la población.

Coyle añade que el PIB también ignora los recursos naturales de un país: los bosques que sostienen la vida silvestre y absorben el dióxido de carbono, las vías fluviales que los atraviesan y los minerales depositados bajo tierra. Según Coyle esto ha supuesto que “haya sido posible ignorar el coste del cambio climático” mientras se registran unos PIB cada vez más altos.

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Izquierda: Desempleados reciben sopa y rebanadas de pan de forma gratuita al aire libre durante la Gran Depresión, Los Ángeles, alrededor de 1930. Derecha: El economista y creador del PIB Simon Kuznets en diciembre de 1971.

Es un modelo de éxito económico que no está preparado para soportar el impacto de una crisis: pandemia, desastre natural, recesión o las tres a la vez, declara Jason Hickel, antropólogo económico y profesor titular de Goldsmiths, Universidad de Londres.

De hecho, señala que la obsesión por el crecimiento “es precisamente lo que nos ha metido en este lío”. El nivel de extracción, producción y consumo necesario para satisfacer unas economías fascinadas con el crecimiento han aumentado las emisiones y destruido la naturaleza, exacerbando la crisis climática y aumentando la probabilidad de sufrir más pandemias. Una amenaza para nuestra salud, para la seguridad alimentaria y del agua, y para nuestra estabilidad económica.

Sin embargo, a medida que la COVID-19 destruye las economías de todo el mundo, los científicos y economistas que advirtieron sobre los peligros de perseguir un crecimiento económico sin fin observan con alarma las reacciones internacionales a la pandemia.

En un frenético esfuerzo por reavivar el crecimiento del PIB, algunos países aprovechan el momento para impulsar sectores que son dañinos para el medioambiente. En el mes de marzo, China dio luz verde a la construcción de más centrales eléctricas de carbón que en todo 2019. En junio, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró una emergencia económica y firmó una orden ejecutiva en la que se indicaba a los organismos estatales que ignorasen las leyes medioambientales para aprobar cuanto antes nuevas minas, carreteras y otros proyectos a nivel estatal. Igualmente, las grandes petroleras y empresas de gas estadounidenses han presionado para que se las incluya en el paquete de ayuda destinado a estimular la economía y así conseguir recortes fiscales, incluyendo una reducción del pago de cánones a los contribuyentes por extraer petróleo y gas de tierras y aguas públicas.

Las emisiones, que experimentaron un descenso sin precedentes durante los primeros confinamientos, se han disparado de nuevo.

“Los Gobiernos del mundo abordan esta crisis como si la caída del PIB fuera el problema”, señala Hickel: ″[Pero] el verdadero problema es que muchas personas están perdiendo sus medios de vida... y no pueden permitirse el acceso a los recursos que necesitan, como la atención sanitaria, la educación o la vivienda”. Según Hickel, los Gobiernos deben poner en marcha la reconstrucción, pero de otra forma.

Pasado cierto punto, que los países con altos ingresos superaron hace tiempo, la relación entre el PIB y los indicadores sociales como la salud, la esperanza de vida, la felicidad, el bienestar, la educación, el empleo y los salarios “se rompe por completo”, afirma Hickel. Lo que importa, añade, es cómo se distribuyen los ingresos y recursos, no cómo crece el PIB.

Coyle señala que algunos Gobiernos han empezado a tener esto en cuenta y tratan de identificar qué hace que la vida tenga sentido, y cree que esta tendencia irá en aumento. “Las cosas están cambiando y la pandemia hará que todo vaya más rápido. Ahora todos nos planteamos la resiliencia… y queremos saber qué significa ser rico para cada persona ”, añade.

El Reino de Bután, un pequeño país enclavado en el Himalaya, es uno de los primeros en dar prioridad a la felicidad de las personas por encima del PIB.

La definición de felicidad suele ser imprecisa, pero a principios de la década de los 70 el padre del actual rey de Bután desarrolló su propia métrica: Felicidad Nacional Bruta. La FNB mide nueve principios básicos, entre ellos la salud, la educación, el medioambiente, el nivel de vida y la gobernanza, así como algunos parámetros menos típicos: el bienestar psicológico, el equilibrio entre trabajo y vida privada, la vitalidad de la comunidad y la diversidad cultural.

La FNB se basa en la creencia de que “el mayor deseo de cada ciudadano y ciudadana es maximizar la felicidad; por tanto, el objetivo del progreso debe ser crear las condiciones necesarias para la felicidad”, explica Thinley Namgyel, secretario de la Comisión FNB del país.

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Un grupo de alumnos reacciona ante la cámara a través de la ventana de su aula en una escuela de Timbú, Bután, 2010.

Tantas décadas invertidas en la felicidad están dando sus frutos. Bután ha mejorado significativamente los indicadores socioeconómicos en materia de sanidad y educación al tiempo que ha aumentado su PIB per cápita. Por ejemplo, la esperanza de vida se ha duplicado con creces, pasando de los 32,4 años en 1960 a los 70,2 años en 2017, y la tasa de mortalidad materna se ha reducido casi un 90% en menos de cuatro décadas.

Mientras tanto, el Gobierno ha seguido priorizando el medioambiente: Bután es el único país del mundo con una huella de carbono negativa y ha prometido mantenerse neutral en emisiones de carbono. Es probable que a finales de 2023 abandone la categoría de países menos desarrollados de las Naciones Unidas, lo que significa que ya no estará entre los países más pobres del mundo.

Aunque las restricciones para viajar impuestas en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19 han supuesto un duro golpe para su sector turístico, importante motor de su economía, la respuesta del Gobierno de Bután ha sido ofrecer prestaciones o puestos de trabajo alternativos a los afectados, señala Namgyel.

Bután se esfuerza por mantener a la ciudadanía “ocupada en alguna actividad remunerada, incluso si la actividad es aplanar una montaña, ya que el bienestar psicológico de una persona es fundamental para aumentar la felicidad”, señala Namgyel.

La idea de que los Gobiernos se centren en lo que da sentido a la vida de las personas va penetrando lentamente en los países de ingresos altos.

En 2018, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, hizo un llamamiento a favor de una política más amable ante las Naciones Unidas. Prometió que su país sería “un país amable y equitativo donde niños y niñas prosperan y donde el éxito no se mide solo por el PIB de la nación, sino por una población que goza de una vida mejor”.

Para cumplir este compromiso, el Gobierno de Ardern hizo algo innovador, comenta Hickel. En diciembre de 2019, Nueva Zelanda anunció que sería el primer país desarrollado del mundo en introducir un presupuesto para el bienestar, y el éxito del país se mediría por el bienestar de las personas. No toda la población neozelandesa había sido partícipe del crecimiento económico del país, explicó el ministro de Finanzas Grant Robertson, y el objetivo era solucionar esto.

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La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, juega con los niños y niñas durante las celebraciones en Ratana, Nueva Zelanda, en noviembre de 2018. Una de las prioridades del nuevo presupuesto para el bienestar de Ardern es el bienestar de los niños y niñas.

Los presupuestos neozelandeses priorizan la transición a una economía con pocas emisiones, luchar contra la violencia doméstica, reducir la pobreza infantil, mejorar el bienestar infantil y promover la mejora de la salud de toda la población. En medio de la pandemia, el presupuesto de 2020 incluía una mayor financiación de los servicios contra la violencia familiar y doméstica y de los programas para combatir el aislamiento social de la población de las zonas rurales.

Aunque todavía es pronto, la mayoría de los indicadores señalan que la pobreza infantil ya ha descendido en el país, afirma Martin Berka, director del Colegio de Economía y Finanzas de la Universidad de Massey de Nueva Zelanda. Dado que Ardern logró recientemente una victoria electoral aplastante y su partido podrá gobernar con más autoridad durante los próximos tres años, es razonable pensar que el ritmo de implementación aumente, añade.

Muchas de las políticas que ha implementado Nueva Zelanda no son particularmente innovadoras, argumenta Berka. El país ha establecido soluciones efectivas que ya están en vigor en algunos países de Europa occidental, como la redistribución de los ingresos e impuestos más altos para las personas con mayores ingresos.

Lo que es innovador es el compromiso de Nueva Zelanda para gastar en bienestar social, sanidad y en una economía más ecológica, en lugar de centrarse en las medidas tradicionales de crecimiento.

En Ámsterdam, el camino hacia la recuperación económica postpandémica parece una “rosquilla”. Desde abril, los funcionarios municipales de la ciudad holandesa trabajan con la economista británica Kate Raworth: su teoría de la economía de la rosquilla (que se explica en su libro de superventas de 2017 con el mismo título) es una guía que muestra cómo la economía puede satisfacer las necesidades de la ciudadanía sin causar daños irreparables ni al clima ni a la naturaleza.

Según la teoría de Raworth, el anillo interior de la rosquilla representa el mínimo que la gente necesita para llevar una buena vida, incluyendo comida, agua limpia, vivienda, educación, sanidad, igualdad de género, ingresos y libertad política.

Quienes no disfrutan de estos básicos ocupan el agujero del centro. El anillo exterior representa los límites ecológicos que los humanos no pueden traspasar sin dañar el planeta. El objetivo: una sociedad de personas que coexista felizmente en la masa intermedia.

La teoría de Raworth ayuda a los funcionarios del Ayuntamiento de Ámsterdam a entender qué  necesidades básicas de la ciudadanía no se están satisfaciendo y cómo cubrirlas sin empeorar el estrés climático. “No es sólo una forma [jipi] de ver el mundo”, declaró Marieke van Doorninck, vicealcaldesa de Ámsterdam, al periódico The Guardian; se está utilizando para solucionar los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad.

Por ejemplo, para incrementar el número de viviendas asequibles sin aumentar la huella climática de la ciudad, Ámsterdam planea regular la construcción de nuevas viviendas y maximizar el uso de materiales reciclados. Según van Doorninck, el modelo de la rosquilla también obliga al Gobierno a estudiar otros problemas, como estar al corriente de si para producir el chocolate que llega a sus puertos -los Países Bajos son el mayor importador de granos de cacao del mundo- se emplea mano de obra infantil o se arrasan vastas áreas forestales.

Estos son solo dos ejemplos de cómo Ámsterdam utiliza el modelo de la rosquilla para mirar al futuro y se espera que este modelo sirva para ayudar a la ciudad a superar los efectos de la crisis del coronavirus, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía mientras se trabaja para lograr la neutralidad climática para 2050.

“Puede parecer extraño que estemos hablando del período posterior a la [COVID-19], pero como Gobierno debemos hacerlo... Nos sirve para no recurrir a mecanismos fáciles”, añade van Doorninck.

Raworth señala que ahora las economías están estructuradas para crecer, independientemente de si con ello se satisfacen o no las necesidades de las personas o de si mejoran sus vidas: “Lo que necesitamos son economías que nos hagan prosperar, crezcan las economías o no”.

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Kate Raworth, economista y autora del bestseller Economía Rosquilla, fotografiada en 2017.

Es muy contraproducente seguir creciendo de la forma en la que estamos acostumbrados”, aclara Coyle, y añade que “tenemos que prestar más atención al coste natural [medioambiental]”. El hecho de incluir la salud medioambiental en los cálculos económicos beneficia no solo a las personas en su día a día actual, también las protege contra futuras amenazas.

Reducir las emisiones de los automóviles, de los aviones y de las fábricas significa disfrutar de un aire más limpio al tiempo que detenemos la tendencia del calentamiento global. Frenar la agricultura industrial evita la degradación del suelo, aumentando la resiliencia ante las inundaciones. Unos arrecifes de coral robustos protegen a las comunidades costeras de las tempestades. Preservar los bosques moderando la expansión de las ciudades y controlando la tala y la minería sirve para proteger los depósitos vitales de carbono, para evitar que las cuencas hidrográficas se contaminen y para limitar el riesgo de contacto entre la humanidad y la vida silvestre que conduce a enfermedades zoonóticas como la COVID-19.

Según Hickel, estos objetivos no están reñidos con el éxito económico, sino que forman parte de la ecuación. Mejorarán la vida de las personas, fortalecerán las comunidades, apoyarán los medios de vida y conducirán a niveles más altos de salud y bienestar. Pero puede que no aumenten el PIB.

Aunque es posible que el PIB carezca de utilidad en las economías altamente desarrolladas, en los países en vías de desarrollo con ingresos más bajos y con un índice de pobreza alto sigue siendo un gran impulsor del crecimiento económico, necesario para mejorar la calidad de vida.

“Para cualquier país rico, la elección en este momento es... consumir menos”, declara Coyle: “Para los países con ingresos medios y bajos, esa no es la elección, y uno tiene que reconocer el imperativo moral”.

La India es un ejemplo emblemático de este dilema. Desde principios de la década de los 90 ha experimentado un gran crecimiento económico que ha sido decisivo para sacar a millones de personas de la pobreza.

Pero todo esto llegó a su fin este año. A finales de marzo, el Gobierno indio impuso durante varias semanas uno de los confinamientos más estrictos del mundo para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En el trimestre de abril-junio la economía se contrajo un 24% comparado con el mismo período del año anterior.

“La disminución de la actividad económica y de los ingresos afectará de forma más negativa a los países más pobres y, en general, a las personas más pobres”, añade Berka.

Cientos de miles de pequeñas empresas quebraron y millones de trabajadores migrantes se vieron sin trabajo y sin ingresos de la noche a la mañana, lo que les obligó a regresar a sus aldeas a pie, por carretera o por ferrocarril, y muchos murieron por el camino. Millones se quedaron sin alimentos y tuvieron dificultades para acceder a ellos a través los sistemas de distribución del Gobierno. Mientras tanto, el dispar y sobrecargado sistema sanitario de la India se colapsó.

El confinamiento puso de manifiesto la falta de una seguridad social robusta. Décadas de crecimiento del PIB no fueron acompañadas de inversiones gubernamentales en protección social. La gente había salido de la pobreza, pero su nivel de ingresos no era lo suficientemente alto como para construir un colchón económico que amortiguase una crisis económica prolongada. Cuando el PIB de la India se desplomó, también lo hicieron muchos de sus residentes. Y sin red.

El país necesita volver a ponerse en pie, la población debe regresar al trabajo y las fábricas ponerse en marcha de nuevo, pero esto debe ir acompañado de inversiones en seguridad social como la protección frente al desempleo, la atención sanitaria y el acceso a los alimentos, señala Patrick Heller, profesor de sociología y asuntos internacionales y públicos de la Universidad de Brown.

“Esto no es magia”, añade: “El tipo de inversión requerida en educación de alta calidad, en sanidad y en redes de seguridad es relativamente sencillo. El reto está en que se haga”.

Países como Costa Rica demuestran que financiar los servicios públicos y proteger los recursos naturales no es privilegio exclusivo de un puñado de países ricos, y que no hace falta ser uno de ellos para mejorar la calidad de vida. “El bienestar es el fin último”, afirma Rojas, “y si entendemos el progreso como la promoción de un mayor bienestar, nuestro interés se centrará en las personas”.

Debemos “crear una economía que gire alrededor del bienestar de las personas y de la estabilidad medioambiental”, señala Hickel, para ello debemos invertir en las personas incluso a expensas de métricas económicas tradicionales. 

“El PIB no mide el bienestar de las personas”, añade, “ese nunca fue su propósito”.

Este artículo forma parte de la colaboración entre Huffpost UK y Unearthed, el equipo de investigación periodística de Greenpeace UK, y ha sido traducido del inglés.