Milei impulsa una reforma para gobernar una Argentina en "emergencia" sin el Parlamento

Milei impulsa una reforma para gobernar una Argentina en "emergencia" sin el Parlamento 

El Gobierno presenta una 'ley omnibus' con cambios que implican delegar funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de "emergencia pública"

Un grupo de chamanes de Perú predice con una foto de Javier Milei los cuestiones políticas y sociales que marcarán el 2024.Guadalupe Pardo

El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley ómnibus remitido al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de "emergencia pública" hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el Ejecutivo podría extenderlo dos años más, es decir, hasta el final de su mandato en 2027, 

En la práctica, si esta norma se aprobara, el nuevo presidente de Argentina tendría la potestad de legislar y tomar decisiones en cuestiones sobre las que hoy solo puede legislar el Parlamento, en virtud de la declaración de "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social".

La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.

El Ejecutivo alega que promueve esta ley "con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853", "en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".

Como "principios y propósitos" de la ley se colocan "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual" sin "injerencias indebidas" por parte del Estado, la "protección de los habitantes y de su propiedad privada" y la "profundización de la libertad de mercados".

En el mensaje de envío de la iniciativa al Parlamento, firmado por Milei y su Gabinete de ministros, el Gobierno afirma que su objetivo es "emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación".

Las otras normas de la 'ley ómnibus' de Milei

El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas -entre ellas, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación y la petrolera YPF-, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios miliares de fuerzas extranjeras en el territorio argentino.

También en el marco de la "emergencia", el proyecto garantiza la legítima defensa a las víctimas de un delito y la libertad para revender sin límites entradas para espectáculos deportivos, permite la circulación de vehículos autodirigidos (sin intervención humana) y que un viajero ingrese un producto al país sin declararlo en la aduana.

La iniciativa también incorpora un artículo por el que se ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, una medida que ha desatado protestas y es objeto de presentaciones ante la Justicia.

Milei, un economista libertario que se ha definido como "anarcocapitalista", ya puso en marcha un plan de "shock" de duro ajuste fiscal, que incluyen un drástico recorte de gastos y aumento de impuestos, en un contexto de estancamiento de la actividad económica, inflación en fuerte aceleración y una tasa de pobreza cercana al 45 % de la población.